Inseguros

Con la excusa de "protegernos" los diputados nos dejarán más desamparados.

En el Congreso se discute una nueva “ley de la actividad aseguradora”, con el supuesto fin de “modernizar” el sistema y velar porque los consumidores guatemaltecos estén “protegidos”. La realidad es muy distinta de las “buenas intenciones” de los diputados.

Utilizando la excusa de que cuando las cosas truenan los guatemaltecos vamos llorando a que papá Gobierno mire cómo hace para devolvernos a nosotros lo que supuestamente nos corresponde y vea a quiénes (los tributarios, por supuesto) les cobra los elotes que alguien más se comió y nos defraudó (como ha sido en el caso de los bancos fallidos), los diputados pretenden ahora aprobar esta nueva ley que, en su punto controversial, prohíbe la venta en Guatemala de seguros de empresas que están domiciliadas en otro país y que no pasen por el proceso de abrir una sucursal aquí.

Ellos pueden utilizar cuanto rebuscado argumento se les ocurra, pero lo cierto es que la propuesta tiene los elementos para considerarse una ley proteccionista para “apoyar” a las empresas nacionales. Y como dice el dicho de mi papá, “no sólo hay que serlo, sino también aparentarlo”. Y esa sospecha se acrecienta cuando uno ve que la ley eleva el “crimen” de vender seguros extranjeros al nivel de secuestros y asesinatos. No digamos la ridiculez de que si en los oferentes locales no encuentro lo que necesito, tengo que ir a pedirles permiso a la autoridades para irlo a buscar fuera. ¡Por Dios!

Si realmente quieren proteger a los ciudadanos, se deben abrir más las puertas a la competencia, en lugar de cerrarlas. Permitir que uno pueda comprar el seguro que quiera, domiciliado en donde mejor le plazca y bajo las condiciones que el ciudadano y la empresa con quien lo contrata convengan voluntariamente.

Y si las autoridades lo que quieren es lavarse las manos y evadir cualquier responsabilidad de los fraudes a los que puede estar sujeto un ciudadano (que de todos modos siempre zafan bulto), lo que podrían hacer es simplemente pedir que en las oficinas de las empresas donde se venden estos seguros “extranjeros” pongan un rótulo en el que se aclare que el Gobierno guatemalteco no es responsable de lo que le pueda pasar al ciudadano que se “arriesgue” a contratar un seguro con una empresa extranjera.

Al final, creo que el problema siempre es de raíz, basado en esa arrogante creencia de que el ciudadano es tan tonto y desinformado que de seguro se lo van a babosear y que, ante tal tamaña injusticia, qué mejor que el “Estado” esté pronto a protegerlo de esos infames abusadores. ¿Tan difícil es creer que las personas son lo suficientemente inteligentes y con sentido común como para saber qué es lo que mejor les conviene?

Que puede haber abusos, los puede haber, pero eso no justifica que entonces, para evitar la posibilidad de que “abusen” de ellos, mejor de una vez los amarramos y los fregamos nosotros. Eso es lo que quieren hacer los diputados.

Aun si fuéramos a creer las supuestas buenas intenciones de los diputados, de todos modos quedamos amolados los ciudadanos, ya que, como precisamente lo demuestran las crisis bancarias recientes, la supuesta “supervisión” de la Superintendencia de Bancos más parece la carabina de Ambrosio, ya que éstas se han dado con todo y el acompañamiento de la “Súper”. De ser aprobada esta ley, así como va, los guatemaltecos quedaremos más inseguros de lo que ya estamos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 28 de febrero de 2008.

Nerón y los Derechos Humanos

El obispo Rodolfo Quezada Toru- ño publicó el ensayo “Volvemos a los tiempos de Nerón”, en el que da a conocer su oposición a la pena de muerte y la reinstauración del proceso de conmutación de la misma. Encuentro algunas incongruencias en la postura del obispo, que comento a continuación.

Indica: “Algún comentarista ha afirmado que el 90 por ciento de los guatemaltecos está de acuerdo con dicha pena. Pero, ¿hasta qué punto son fiables estas ‘estadísticas’?”. Yo mencioné la semana anterior esa cifra, citando encuestas pasadas; sin embargo, Prensa Libre hizo un sondeo por televoto, y de las siete mil 770 personas que votaron, el 97.4 por ciento está de acuerdo con la pena de muerte. El obispo se cuestiona si las personas “reaccionan con justa indignación ante tanta impunidad para asesinar”; la respuesta sencilla: sí.

De allí pasa a condenar el legado del famoso pulgar de Nerón. Al parecer, él condena el que se le imponga al presidente esa carga, “a pesar de todo un largo proceso judicial”. En otra parte también se pregunta “¿para qué, entonces, tener un organismo judicial?”. Yo estoy de acuerdo con él en ese punto; sin embargo, no debe reclamarles a los diputados, sino a los “defensores de los derechos humanos”, ya que ese procedimiento, como lo expliqué en mi columna anterior, no está ni en nuestra Constitución ni en nuestra legislación penal, sino que es un requisito exigido por la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Luego, hace una digresión sobre los “diabólicos inventos” que el hombre ha creado para eliminar a otro ser humano, entre los que incluye hasta el hacha y la hoguera. Yo le diría que el problema no son los instrumentos, sino quien los utiliza, porque si a esas vamos, la quijada de burro, uno de los inventos mencionados, deshonraría a Dios, que lo inventó.

Después asevera: “Está comprobado plenamente que la pena de muerte no es disuasiva, como algunos opinan, sin mayor fundamento”. Yo le recomendaría que lea la columna de Luis Enrique Pérez del sábado pasado, en la que cita varios estudios realizados durante bastantes años que demuestran una correlación sobre esa disuasión. Eso solo para que en el futuro no sea tan categórico para afirmar algo que ignora. Yo creo que esto nunca se va a poder probar “plenamente”, ni en un sentido ni en otro, y existen estudios que “prueban” ambos extremos. De lo que estoy convencido es que a algunas personas la posibilidad de la pena de muerte les disuadirá de cometer un crimen mayor, mientras que a algunas otras, la posibilidad de la pena de muerte les vendrá del norte (lo que, al final, da un resultado positivo).

Ya no me queda espacio para más argumentos, por lo que me limitaré a comentar la frase de Juan Pablo II con que el obispo cierra su mensaje: “Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho a matar de modo directo a un ser humano inocente”. Me pregunto: ¿por qué añadió Juan Pablo II la palabra “inocente”?

Sin pena de la muerte

El martes aprobaron en el Congreso la Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte, con la que se restablece el procedimiento de conmutación de la pena de muerte y se elimina el vacío legal que dejaron Alfonso Portillo y el FRG cuando lo eliminaron. Lo importante de esta aprobación es que se deja libre el camino para que se aplique la condena a los criminales que están en la lista de espera.

La nueva legislación, como lo decía la anteriormente derogada, establece que corresponde al presidente decidir si confirma que se aplique la pena de muerte dictada por los jueces o si, en lugar de que se le aplique esa pena, le concede al reo que se le aplique la pena anterior a ésta, que en otros países sería la cárcel de por vida, pero en Guatemala es la de prisión por 50 años. El presidente no tiene que decidir si el reo es culpable o inocente, eso ya lo determinaron los jueces; lo único que le compete es la severidad de la pena.

Yo creo que esto de la conmutación de la pena es un procedimiento retrógrado, que nos queda como recuerdo de las épocas monárquicas; sin embargo, resulta que nos es impuesta no por algún rey trasnochado sino por los tratados de derechos humanos. En efecto, esto de la conmutación de la pena no está establecido en nuestra Constitución ni como un requisito de nuestra legislación penal, sino que es impuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (mejor conocida como Pacto de San José), la que en su artículo 6 dice: “Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente”.

Como aquí no dice exactamente quién es el responsable de tomar dicha decisión, probablemente podría haber sido alguien más, no el presidente, pero la cosa es que alguien tiene que tomar esa decisión.

Como bien lo dice el artículo referido, mientras no se tome una decisión al respecto, no se puede aplicar la pena de muerte, y por eso creo que es un paso importantísimo el que dieron el martes los diputados.

Como no podían hacer algo bueno sin meter la mano peluda, los diputados incluyeron una cláusula de silencio administrativo (según lo reportado ayer en los medios), que de seguro se considerará inconstitucional y que ojalá, de una vez, la corrijan para no entrampar nuevamente las ejecuciones.

Por aquello de las dudas, finalmente, por una vez le atinaron los diputados al sentir de la población, ya que según algunas encuestas, más del 90 por ciento de los guatemaltecos está a favor de que se aplique la pena de muerte. ¿Será eso un indicativo del grado de fracaso que ha tenido el gobierno (me refiero, por el momento, a todos los anteriores) en cumplir esa su función tan primordial de proporcionar seguridad y justicia a los habitantes del país?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 14 de febrero de 2008.

¿Quién es el enemigo?

Potencialmente, un gobierno es la más grande amenaza a los derechos del hombre; ya que mantiene el monopolio legal sobre el uso de la fuerza en contra de victimas legalmente desarmadas. Cuando no está limitado y restringido por los derechos individuales, un gobierno es el enemigo más mortífero del hombre. La Declaración de Derechos (Bill of Rights) no se escribió como una protección contra acciones privadas sino contra acciones gubernamentales.

Ayn Rand

Dificil predecir

Predecir es muy dificil, especialmente sobre el futuro.

Niels Bohr (Octubre 7, 1885 – Noviembre 18, 1962). Bohr fue un físico danés que hizo contribuciones fundamentales para entender la estructura atómica y la mecánica cuántica. Bohr es considerado uno de los físicos más importantes del siglo XX. En la foto, con Albert Einstein.

Soluciones al calentamiento

Hace un par de semanas estuvo en Guatemala uno de los miembros del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y, si lo citaron correctamente en un matutino local, dijo que para estabilizar la atmósfera hay que reducir las emisiones de CO2 en 80 por ciento. A pesar de que soy un escéptico de la teoría antropocéntrica (que es culpa del hombre) sobre el calentamiento global, es interesante ver que, aun si fuera cierta, la solución al problema la daría el mismo mercado y no necesariamente la “voluntad de los tecnócratas”.

¿Se imagina usted lo que implicaría para el progreso (o más bien retroceso) de la humanidad esa reducción? Sin ser tan conocedor del tema, con la tecnología actual me imagino que tendríamos que renunciar a mucho de lo que actualmente conocemos como “progreso”.

Ahora bien, en una gráfica que se presentó en el reportaje mencionado, se hace una proyección de la concentración de CO2 a unos 300 años en el futuro, que me hace preguntarme: ¿y no que ya solo quedan reservas de petróleo para unos 50 ó 75 años? ¿De dónde saldrán las emisiones de CO2 cuando ya no haya petróleo?

Yo creo que las reservas son mucho mayores; sin embargo, también soy consciente que conforme más se exploten los yacimientos, más caro va a ser encontrar y extraer lo que vaya quedando. Esa futura escasez hará que el precio de los derivados del petróleo aumenten (tendencia que ya empezó), lo que a su vez hará más rentable y codiciado encontrar nuevas y más baratas fuentes de energía (tendencia que también ya se inició).

La mayor fuente de energía a la que tenemos acceso y, para efectos de la humanidad es casi infinita, es precisamente el motor principal de toda la vida en nuestro planeta (y según algunas teorías recientes, hasta del calentamiento global): el Sol. A paso lento, pero seguro, las nuevas tecnologías solares que se están desarrollando irán reemplazando a los hidrocarburos y, por consiguiente, asumiendo que la teoría antropocéntrica es correcta, el mercado la resolverá, en el mediano plazo. La ventaja de dejárselo al mercado es que podrían encontrar además otras fuentes.

Otro aspecto que se mencionó en el reportaje es el efecto que la deforestación. Nuevamente, el problema principal no es creado por “el hombre” como especie, sino más bien por los gobiernos. Las áreas más deforestadas son las que son de los gobiernos; las que son privadas están mucho mejor cuidadas, tal vez no con selvas tropicales, pero para efectos de la neutralización del CO2 es mucho mejor cualquier plantación comercial que un cerro “nacional” pelón.

Entonces, mi conclusión es que, aun si fuera cierta la teoría antropocéntrica del calentamiento global (que no lo creo), la mejor solución son el mercado y la propiedad privada, no la intervención gubernamental para obstaculizar el progreso. ¿Usted qué piensa? Si le interesa el tema, escuche hoy Todo a pulmón, a las 12 horas, en el 100.9 FM.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 7 de febrero de 2008.

El éxito no es definitivo...

"El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el coraje para continuar ".

Winston Churchill

¿Ganar más o fastidiar más?

A veces me pregunto si la intención de los expertos tecnócratas que se mantienen diseñando nuevos esquemas tributarios es recaudar ingresos mayores para el erario o simplemente justificar su puesto ante los “superiores”, para lo cual creen que, mientras más fastidien a los tributarios, mejor imagen tendrán ante sus jefes.

Esta pregunta me llega con recurrencia, especialmente cada vez que se publica una nueva propuesta que se cocina en el perol de los tecnócratas, como la que se presentó ayer en este mismo matutino.

A pesar de que no hay político ni tecnócrata en el mundo (bueno, esa podría ser una exageración y tal vez sí exista algún despistado) que no sepa que la mejor manera de lograr que crezca una economía es quitándole impuestos, difícilmente encontrará usted uno solo que lo acepte en público, mucho menos que esté dispuesto a actuar en consecuencia. Se dan algunas excepciones, lamentablemente solo cuando ya la cosa está tocando fondo, como por ejemplo lo que está sucediendo en la actualidad en Estados Unidos.

Pues bien, ahora nos salen con que quieren hacer una nueva baraja de cambios en la legislación con el supuesto propósito de obtener más ingresos. El problema es que simplemente proponen parches al sistema para exprimir más a los que ya pagan (que es lo más fácil), y no le entran de raíz al problema.

Lo que necesitamos, en especial, frente a un futuro tan incierto, es quitar los obstáculos para que haya más inversión en el país y que se generen más y mejores empleos (la generación de riqueza es la mejor cura contra la pobreza). Para ello, creo que debemos encaminarnos hacia una reducción y simplificación de los impuestos y no a complicarlos más y volver más caro su cumplimiento.

Yo sigo sosteniendo que lo que hay que hacer es eliminar el Impuesto sobre la Renta y concentrar los esfuerzos de la Superintendencia de Administración Tributaria en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y de las personas y empresas en producir más, y no en estar viendo cómo hace para cumplir y evadir. Ya hace un par de años hice una propuesta muy específica de cómo hacer ese cambio de sistema.

Si eso es pedir demasiado para sus sensibles e ideológicamente dogmáticos oídos, por lo menos que hagan un cambio en esa dirección. Por ejemplo, ¿por qué no cambiar la tasa del régimen del 5 al 2 por ciento, incluidas las personas en “dependencia”? Les aseguro que la mayoría, si es que no todas las empresas que están en el régimen optativo, se cambiarían corriendo y se olvidarían ya de mantener todo un departamento de contabilidad con el único propósito nada productivo de cumplir con los requisitos fiscales. Este solo cambio tendría adicionalmente la ventaja que reduciría considerablemente (aunque no lo elimina) el costo de pasarse a la formalidad.

¿Tan difícil será entender esto?

Artículo publicado en Prensa Libre el 31 de enero de 2,008.