La basura de unos es el tesoro de otros

El reciclaje ya se da en Guatemala de manera voluntaria porque es económicamente viable.

En los artículos anteriores he hablado sobre la importancia del plástico y cómo su uso en empaques y bolsas es la alternativa actual que menor efecto tiene sobre el ambiente. Pero todavía queda el tema de los desechos. ¿Cómo evitar que los beneficios del plástico se vean enturbiados por su ubicuidad en los desechos? Afortunadamente, las soluciones ya están entre nosotros.

Las dos soluciones básicas para erradicar el “problema” del plástico en los desechos sólidos son el reciclaje y la incineración. Yo soy partidario de que se debe reciclar todo lo que se pueda. La tecnología ha avanzado y ahora hay procedimientos que pueden convertir el plástico reciclado hasta en materiales de construcción que reemplacen al acero -más resistentes y duraderos-.

La mejor forma de lograr la mayor cantidad de reciclaje es a través del mercado y no a través de limitaciones o regulaciones. De hecho, así es como ya funciona en Guatemala. Aquí todavía no existe la “cultura” de separar los desechos para reciclaje, sin embargo, en los bienes cuyo reciclaje tiene un valor económico, ya se hace. El proceso inicia en los camiones de recolección de basura, donde separan los productos que pueden vender a las recicladoras -vidrio, aluminio y envases plásticos-. Si algo se les pasa, los “guajeros” lo recogen y lo venden a las recicladoras. Probablemente no sea el mejor proceso de reciclado, pero ya se da y no como una imposición de algún político o burócrata sino como un proceso totalmente voluntario dado que esa “basura” de unos, se ha convertido en un “tesoro” para otros, es decir, es económicamente viable.

La clave es que las personas utilicen los canales adecuados para deshacerse de sus desechos –en este caso, que paguen el servicio de recolección de basura-. La mayoría del plástico que llega a los ríos, por lo menos en la capital, es porque no es canalizado a través de este sistema, es decir, proviene de personas que no pagan el servicio y la desechan de manera informal –la tiran en la calle y/o en los tragantes. ¡Esa irresponsabilidad es la que hay que castigar!

Para el año 2050 más del 90% del plástico que se produzca se reciclará o se incinerará.

En cuanto a la incineración del plástico -y de la basura en general- es una tendencia en varios países desarrollados y que poco a poco se hará en los demás países. Inicialmente se ha quemado la basura para generar electricidad. Con los avances en la tecnología, ya se empiezan a promover plantas en las que se aproveche el 100% de la basura. Con procesos automatizados se separan primero todos los productos reciclables, luego los desechos orgánicos que puedan utilizarse para hacer fertilizante y lo que sobra se quema para producir energía eléctrica. Hasta las cenizas  resultantes se pueden aprovechar para materiales de construcción. Aquí mismo en Guatemala, en la planta de Cementos Progreso de Sanarate se incineran anualmente once mil toneladas de llantas y basura, con lo que se aprovechan adecuadamente sin contaminar el ambiente y sin necesidad de “rellenos sanitarios”.

En el panorama global, la tendencia es que cada vez se recicla y se incinera más plástico. Si siguen las actuales tendencias, para el año 2050 más del 90% del plástico que se produzca se reciclará o se incinerará. Y yo creo que, con los avances tecnológicos, va a ser todavía más rápido.


Lo que me regresa a las prohibiciones al uso del plástico. Es insensato que en lugar de ocuparse en resolver el problema del tratamiento de los desechos, los políticos se decanten por prohibiciones absurdas al uso de bolsas y otros productos plásticos que a quien más afectan es a los más pobres y al mismo ambiente. ¡Esto no se debe permitir!

Si quiere conocer más sobre este tema, lo invito a buscar en mi blog (jorgejacobs.com) más información.

Artículo publicado originalmente en Prensa Libre:  http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/la-basura-de-unos-es-el-tesoro-de-otros 

Notas:
1. Gráfica tomada de los materiales suplementales del artículo: "Production, use, and fate of all plastics ever made", publicado en la revista Science Advances del 19 de Julio de 2017.  http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full

Las maravillosas bolsas plásticas

Las bolsas de plástico tienen una “huella de carbono” mucho menor que la de sus alternativas.

Las bolsas plásticas llevan la principal carga de “culpa” en las discusiones actuales sobre la contaminación por desechos sólidos, al grado que en muchos lugares se ha prohibido su uso. Sostengo que es un error típico de ver el árbol y perder de vista el bosque, y su supresión ocasiona más daños y costos no sólo a las personas sino también al ambiente. Y aunque parece ser un tema que desata más pasiones que la política y el futbol, espero contribuir con un grado de arena para regresar a la cordura.

El empaque plástico revolucionó el estilo de vida de la humanidad. Sus beneficios son incalculables pero a la vez pasan tan desapercibidos que son poco apreciados. ¿Sabía usted, por ejemplo, que gracias al empaque plástico se logró aumentar el “tiempo de vida” de muchos alimentos, con lo que se logró una reducción considerable en los que se echan a perder y, como consecuencia, precios más bajos de lo que podrían ser? Los beneficios para el ambiente de este solo factor son inmensos, pero imperceptibles para la mayoría.

La cosa no termina allí. Una de las principales ventajas de los empaques de plástico es su increíble capacidad de contener pesos mucho mayores al propio. Ello hace que sea el producto de empaque más liviano que existe. Una consecuencia directa es el ahorro de combustible y de emisiones de CO2 que se obtiene en el transporte de productos. El beneficio al ambiente frente a cualquier otra alternativa de empaque es incalculable.

Las bolsas de plástico son una maravilla de la ingeniería ya que pueden cargar más de mil veces su peso.

Y entonces llegamos a las bolsas de plástico. Estas son una maravilla de la ingeniería ya que pueden cargar más de mil veces su peso. Esa misma característica hace que se les transfieran también los beneficios que mencioné en el párrafo anterior.

El argumento en cuanto a su impacto sobre el ambiente se centra principalmente en dos factores; que son de “un solo uso”, y que no son degradables y por tanto estarán contaminando por cientos o miles de años. Se argumenta que es más amigable al ambiente que las personas utilicen alternativas, entre las que se citan bolsas de papel, de tela o de plástico “reutilizables”. Sin embargo, esta argumentación no toma en cuenta todos los factores necesarios para hacer un correcto análisis.

Para tener más claro el panorama, especialmente en cuanto a los efectos ambientales, lo adecuado es tomar en cuenta todo el “ciclo de vida” de los productos, es decir desde que son producidos hasta su “muerte”. En varios estudios el resultado ha sido que las bolsas de plástico tienen una “huella de carbono” mucho menor que la de sus alternativas, llegando al grado que algunas deberían de utilizarse más de 300 veces para compensar la “huella de carbono” de las bolsas de plástico que reemplazarían. Y esto considerando en el estudio que las bolsas de plástico que dan en las ventas al detalle sean en efecto de “un solo uso”, lo cual casi nunca es cierto ya que la mayor parte de personas las reutiliza para algún otra tarea como por ejemplo en los botes de basura de los baños o para recoger los excrementos de sus mascotas en la calle.

Cuando se prohíbe las bolsas en las ventas al detalle el efecto es todavía peor ya que los otros “usos” que la gente le da a las bolsas de todos modos se necesitan hacer, con lo que la gente para comprando bolsas “de basura” que en algunos casos son de un plástico más denso –es decir, con más “huella de carbono”- y al final, el efecto sobre el ambiente es todavía mayor al que se tenía antes.

Regresamos nuevamente a que el problema no está en el uso del plástico sino en cómo se desecha, que es donde está la clave para reducir su impacto final sobre el ambiente. Pero de eso, por razones de espacio, hablaré en otro artículo.

Notas:
1. Tabla que indica la cantidad de veces que debe reutilizarse una bolsa de distintos materiales para tener compensar la mayor carga que tiene sobre el ambiente que las bolsas de plástico de los supermercados. Tomada del reporte Life Cycle Assessment of grocery carrier bags, de la Oficina de Protección Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Alimentos de Dinamarca, publicado en Febrero de 2018, P. 17.
https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf 

El problema no es el plástico

El plástico es uno de los productos más malentendidos y, por tanto, vilipendiados.

Se está popularizando en Guatemala la errada creencia de que el plástico es el peor enemigo del medioambiente y que, por tanto, si se quiere ser “responsable” se debe combatirlo. Esa falsa creencia ha llevado a algunos alcaldes incluso a establecer absurdas prohibiciones inconstitucionales que no hacen más que desviar la atención del verdadero problema.

Como lamentablemente suele suceder en nuestro país –aunque no tenemos la exclusividad- a muy pocos les preocupa profundizar en el análisis de los problemas, se quedan en la superficie y como consecuencia lógica, a lo único que le atinan es a “combatir” las consecuencias más superficiales –y generalmente más intrascendentes-  de los problemas, sin profundizar en las causas que los originan y mucho menos buscar soluciones que resuelvan esas causas.

El plástico es uno de los productos más malentendidos y, por tanto, vilipendiados. Muchos de los “enemigos” del plástico de seguro no saben que de no ser por éste, muchas especies ya no existirían ya que los polímeros reemplazaron a muchas “materias primas de origen animal” cuyo uso amenazó su sobrevivencia en el siglo XIX y principios del siglo XX. Tampoco han de saber que una buena parte del “estilo de vida” moderno que ha ayudado a sacar a millones de personas de la pobreza, mejorar considerablemente la salud y la expectativa de vida de la humanidad, así como muchos otros beneficios, se deben precisamente a ese material sintético tan versátil y barato.

Es precisamente por esa ubicuidad del plástico en casi todas las actividades humanas que también es uno de los productos que se encuentran más a menudo en la basura, la cual –cuando no es tratada adecuadamente- llega después a ríos, lagos y el mar. Es de aquí donde ha surgido la idea de algunos, preocupados genuinamente por el medioambiente, de limitar el uso del plástico para evitar esos desechos. Aquí es donde entra el absurdo de tratar de corregir las consecuencias y no las causas de los problemas. En este caso particular, el problema no es el plástico, sino el mal o nulo tratamiento de la basura. Peor aún, el desecho plástico no es la peor consecuencia medioambiental de los desechos que generamos los humanos en nuestra vida diaria, sino la gran cantidad de desechos orgánicos que van a parar a los ríos y lagos y que son los principales responsables de la muerte lenta de los ríos y lagos guatemaltecos.

Si realmente nos preocupa el efecto que los desechos de la “vida moderna” tienen sobre el medioambiente, hay que entender bien cuáles son las causas y cómo se puede minimizar sus efectos. El énfasis principal debe recaer sobre el tratamiento de las aguas negras antes de que lleguen a los ríos. Mientras esto no se resuelva, los desechos plásticos serán apenas la guinda del pastel.

En cuanto a la basura, el problema no es de qué está compuesta sino que no se trata adecuadamente.

En cuanto a la basura –desechos sólidos- el problema no es de qué está compuesta, sino que no se trata adecuadamente. Aquí el problema empieza desde el que tira la basura en la calle hasta las municipalidades que no se han preocupado de tratar adecuadamente la basura.  Es un hecho de la vida moderna que generamos bastantes desperdicios, de hecho, mientras más se desarrolla una sociedad, más basura genera. Lo importante aquí es que, si se deja actuar al mercado y no se imponen restricciones absurdas, hasta la misma basura se puede convertir en un tesoro y no en una gran carga.

Como sé que hay que profundizar en estos temas para entenderlos, en un próximo artículo reflexionaré sobre el más útil pero a la vez más incomprendido de los productos plásticos: el empaque en general y las bolsas en particular.

Se necesitan contrapesos

A nosotros nunca se nos quiso escuchar a este respecto pero el tiempo nos ha dado la razón.

Ante el interés de varios senadores y congresistas estadounidenses por las acciones de la CICIG, yo les propongo que si realmente desean fiscalizar el uso de los recursos de los tributarios de su país y evitar los abusos de poder, establezcan un sistema de supervisión al que los funcionarios de la institución deban rendir cuentas y a donde los guatemaltecos que consideren que se han violado sus derechos puedan abocarse.

Si bien es cierto la acción de la CICIG ha sido un parteaguas en la persecución de algunos corruptos que muy probablemente seguirían en su actuar de no ser por esa participación, tampoco podemos obviar el hecho de que en ese actuar se han cometido abusos. Lo cual era de esperar -y algunos pocos lo venimos advirtiendo desde hace más de 15 años- ya que con la excusa de que los “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” eran muy poderosos, se puso a los funcionarios de la Comisión por encima de la ley. Desde que fue planteada en su versión inicial, yo he argumentado que esa inmunidad se iba a prestar para abusos de poder.

La inmunidad a la que me refiero está en el artículo 10, inciso (b) del Acuerdo para el establecimiento de la CICIG, el que indica que todo el personal internacional de la comisión disfrutará de “inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño  de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la CICIG”. Esto sumado a otros privilegios e inmunidades propias de “funcionarios de la ONU” y, en el caso del comisionado, diplomáticas. En otras palabras, pueden hacer lo que sea sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin temor a ser acusados y mucho menos llevados a juicio y para ajuste de penas, mantienen esa impunidad de por vida. Por si eso no fuera suficiente, el acuerdo establece que la Comisión es “absolutamente independiente” y que ni siquiera es un “órgano de las Naciones Unidas”.

Cualquiera que detente poder sin límites, tarde o temprano caerá en la tentación de abusar de ese poder.

Si algo hemos aprendido de la historia -¿o tal vez no?- es que cualquier persona que detente poder sin una estructura de control que verifique su actuar, tarde o temprano caerá en la tentación de abusar de ese poder. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían esto tan claro que se cuidaron de establecer un régimen republicano con un efectivo sistema de pesos y contrapesos para evitar que alguien llegase a concentrar tal cantidad de poder que abusara de él en contra de los ciudadanos. Es gracias a esos pesos y contrapesos que, indistintamente de si ha habido buenos o malos funcionarios a lo largo de ya casi 250 años, el sistema se ha sostenido y los ha llevado a ser la república que hoy son.

Ya que a nosotros nunca se nos quiso escuchar a este respecto pero el tiempo nos ha dado la razón, considero de vital importancia que ahora que este tema ha cobrado relevancia en el Congreso estadounidense, aunque tarde, se establezca una estructura de control y supervisión para evitar los posibles abusos de poder.

Así que les solicito a los senadores y congresistas estadounidenses, en especial a quienes se han expresado sobre este tema, como los Senadores Marco Rubio, Mike Lee y Roger F. Wicker y el Congresista Christopher H. Smith, que propongan el establecimiento de una comisión parlamentaria que supervise las actuaciones de los funcionarios de la CICIG, a la que los ciudadanos guatemaltecos que consideren que se haya violado sus derechos puedan presentar sus denuncias. Como bien lo han dicho, ustedes tienen que velar porque los fondos de los tributarios estadounidenses se utilicen de manera adecuada y esta sería la mejor manera de hacerlo.

Los Bitkov, la CICIG y el abuso del poder

Si algunos creen que se justifican los abusos con tal de lograr un “buen fin”, yo no.

El caso de los rusos Bitkov abre nuevamente la puerta para el que debería ser el punto principal de la discusión alrededor de la CICIG y su operación en Guatemala: ¿Cómo se puede evitar que el amplio poder que detenta se preste para abusos? La solución se debió buscar hace 15 años y no hasta ahora, pero a los pocos que lo hemos venido recalcando desde esa época se nos ha menospreciado tachándonos de “reaccionarios”, “antisistema” y una serie de epítetos, propios de quienes quieren desviar la discusión para no enfrentar la realidad. Bueno, ahora que no somos solo unos pocos parias que desconfiamos del poder los que argumentamos esto, sino que ya se han subido al argumento hasta congresistas gringos, ¿seguirán muchos tratando de tapar el sol con un dedo?

El caso de los rusos Bitkov se internacionalizó recientemente gracias a varios artículos sobre el caso publicados por Mary O’Grady en el diario estadounidense Wall Street Journal. Los artículos de Mary causaron revuelo y fueron seguidos por otros artículos en importantes medios como The Economist y National Review. Una consecuencia de este renovado interés por el caso fue que se convocara a una audiencia en la Comisión sobre Seguridad y Cooperación en Europa, más conocida como la Comisión Helsinki, conformada por miembros del Congreso y del Ejecutivo de Estados Unidos.

Lo que más me llamó la atención de la audiencia fue lo incomprensible que es para personas que han vivido bajo un régimen republicano que le da tanta importancia al sistema de pesos y contrapesos –checks and balances- que una institución gubernamental pueda tener tanto poder sin ninguna estructura de control que evite, en alguna medida, el que se pueda abusar de ese poder.

“Todas las organizaciones, aún aquellas creadas con la mejor de las intenciones, deben de tener una supervisión apropiada”

Quien mejor estableció ese punto fue Bill Browder –autor del libro Red Notice e impulsor de la “Ley Magnitsky”- cuando en una de sus intervenciones finales expresó: “El concepto de la CICIG es bueno. El tema no es la organización sino si se ha abusado de esa organización. Deberíamos establecer pesos, contrapesos y revisiones para asegurarnos que esos abusos no sucedan”. Lo dijo también el Congresista Chris Smith, quien presidió la audiencia: “Ha habido poca vigilancia del Congreso sobre la CICIG –es claro que es tiempo de que eso cambie-.” El que se voló la barda a este respecto fue el Senador Michael Lee, quien indicó por escrito: “La CICIG es una bestia difícil de manejar. Todas las organizaciones, aún aquellas creadas con la mejor de las intenciones, deben de tener una supervisión apropiada y contar con mecanismos de rendición de cuentas”.  Y por aquello de que alguien salga con que es un tema “ideológico”, es el mismo tema que también preocupó a la Congresista Jackson Lee en la audiencia.

Es un buen paso que el Congreso de Estados Unidos quiera establecer un mecanismo de control para evitar los abusos que se puedan cometer por parte de la CICIG. Lamentablemente, es  “muy poco, muy tarde”, ya que el meollo del asunto, que les da un poder casi absoluto, está imbuido en la misma concepción de la institución: la impunidad de por vida que gozan sus funcionarios en su actuar como parte de la organización.

Es el tipo de impunidad que permite que un funcionario pueda ser acusado por un testigo en su lecho de muerte de haberle pagado para mentir acusando falsamente a inocentes y que el funcionario, aparte de ruborizarse ante las cámaras, no pagara ninguna consecuencia y adicionalmente siguiera trabajando como uno de los principales funcionarios de la organización por mucho tiempo –no sé si todavía-. Y así como ese, muchos más. Y si algunos creen que se justifican los abusos con tal de lograr un “buen fin”, yo no.

¿Cómo romper el mecanismo?

Todavía falta mucho por recorrer para entender las causas de la corrupción y por consiguiente para combatirla.

Mi artículo de la semana pasada generó bastantes comentarios que me llevan a considerar que si bien es cierto ya hay mejor entendimiento del “mecanismo”, todavía falta mucho por recorrer para entender las causas de la corrupción y por consiguiente para combatirla. Entender esas causas es de trascendental importancia -especialmente en el actual contexto guatemalteco- si queremos romper el mecanismo y encaminarnos en la senda correcta.

Lo que estamos presenciando actualmente en Guatemala es una persecución en contra de algunos corruptos, lo cual es necesario hacer y, si se hace correctamente y no simplemente como pantalla para una lucha de poder, contribuirá a elevar el nivel de “riesgo” para todos aquellos que quieran aprovecharse del poder para enriquecerse ilegítimamente. Pero esto, por definición, solo es una medida paliativa que combate los efectos, pero que no va orientada a la eliminación de las causas que la originan.

Hay que entender que la corrupción y muchas otras injusticias se originan en el abuso del poder. Esto se ha entendido desde hace milenios y la historia humana gira alrededor del intento de algunos –pocos, lamentablemente- por limitar los abusos de quienes detentan el poder. Debo aclarar que aunque la mayoría resienten el abuso de poder, en muchos casos, lo que realmente resienten es que sean “otros” los que detentan el poder y gustosamente abusarían del mismo en caso de ser ellos quienes lo detentaran. Como bien lo planteara Frederic Bastiat hace casi dos siglos, “el estado es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de los demás”.

Pero la lucha de esos pocos a lo largo de los siglos ha permitido que se vayan encontrando formas para limitar el poder. Ninguna es perfecta y siempre habrá gente interesada en aprovecharse, por ello es importante, para verdaderamente luchar contra la corrupción reducir el poder arbitrario de los funcionarios, cambiar el sistema, cambiar los procedimientos, en general, reducir la injerencia del gobierno en la vida de los ciudadanos. No hay otra salida.

Se deben reducir las atribuciones del gobierno a sólo aquellas esenciales para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

Se deben reducir las atribuciones del gobierno a sólo aquellas esenciales para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Todo lo demás que se le pida al gobierno que haga, no solo no lo hará bien sino que además se convertirá en nuevas oportunidades para que los pícaros se aprovechen de los ciudadanos. Es irónico que muchos dicen estar en contra de la corrupción, pero al mismo tiempo buscan que “el gobierno” les resuelva todos sus problemas. Si no se entiende la contradicción inherente que hay en esta forma de pensar, nunca se podrá combatir “el mecanismo”.

Este creo que es uno de los principales obstáculos para combatir la corrupción: que mucha gente no entiende que mientras más funciones le den al gobierno, más posibilidades habrá de que se incremente la corrupción. Por tanto, considero que esta es la batalla más importante a pelear si queremos realmente combatir la corrupción. Lograr que la gente entienda la relación de causalidad que existe entre la cantidad de cosas que el gobierno hace y la cantidad de corrupción que hay.

Y digo que es uno de los principales obstáculos porque mientras la gente no entienda esto, será imposible hacer los cambios necesarios para empezar a resolver el problema. Como lo puse en el artículo de la semana pasada, esos cambios deben ir encaminados a limitar el poder discrecional de los funcionarios, pero no se va a poder hacer mientras la gente lo que pide es que se les dé más poder. ¿Por qué será tan difícil entender esto?

La falla en el mecanismo

A Ruffo le faltó llegar a las causas que originan ese círculo vicioso.

Netflix acaba de lanzar una nueva serie denominada “El mecanismo” sobre la “Operación Lava Jato” por medio de la cual se descubrió la corrupción en Petrobras en Brasil y que fue el inicio de la caída de Odebrecht y de Lula. En la serie se hace un buen acercamiento al “mecanismo” de la corrupción, pero lamentablemente, se queda corto porque no logran entender el origen.   

El investigador, Claudio Ruffo, elabora un esquema circular al que denomina “el mecanismo de la corrupción”. Ruffo describe el ciclo, en donde los directores de Petrobras realizan contratos sobrevalorados con las constructoras, las que canalizan parte de los fondos robados a través de los “operadores” -lavadores de dinero- hacia los políticos. El círculo se cierra nuevamente cuando los políticos nombran a los directores de Petrobras y así, el ciclo se repite al infinito. El momento de iluminación de Ruffo llegó cuando descubrió la corrupción en la reparación del desagüe de su casa. Allí se percató que el ciclo era exactamente el mismo.

Su primera reacción fue de desasosiego al creer que era imposible luchar contra ese mecanismo, aunque después se recupera y continúa la investigación. Lamentablemente, Ruffo no logra profundizar en cuáles son las causas que originan ese círculo vicioso y se queda en lo que conoce: perseguir a los corruptos. Más triste aún es que Ruffo no está sólo: la mayoría de gente, aún si llega a visualizar el “mecanismo” no logra entender la verdadera causa.

Los prejuicios ideológicos de Ruffo –o más bien de los guionistas- lo llevan a concluir con una falacia “non sequitur” –no se sigue- de que “los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres”. En todo caso, la conclusión que se colige aquí es que el dinero se lo roban los corruptos –políticos, burócratas, contratistas, lavadores- a los ciudadanos honestos –sean pobres o ricos -.

Si no estamos dispuestos a cambiar el sistema el “mecanismo” de la corrupción seguirá vivito y coleando.

A Ruffo le faltó llegar a las causas que originan ese círculo vicioso. El origen de la corrupción es que los funcionarios tienen el poder de tomar decisiones arbitrarias sobre los fondos de los tributarios y que también tienen el poder arbitrario para obstaculizar las actividades de las personas. Es porque un funcionario tiene en sus manos la decisión de cómo se van a gastar los fondos de los tributarios que existe la posibilidad de entrar en contubernio con los “contratistas” para robar fondos sobrevalorando las compras. Y es por eso mismo que a los pícaros les interesa financiar a los políticos corruptos porque esperan que cuando estén en el poder, las compras sobrevaloradas se las hagan a ellos.

El que los funcionarios puedan obstaculizar arbitrariamente las actividades también es fuente de corrupción porque pueden presionar a las personas retrasando procesos, autorizaciones, pagos, etc., para extorsionarlas a cambio de “aligerar” el proceso.

Perseguir a los corruptos eleva el “riesgo” de la corrupción, pero para reducirla considerablemente, se debe cambiar el sistema para evitar al máximo esa discrecionalidad de los funcionarios públicos. Como regla general, mientras más enfocado esté el gobierno en sus funciones básicas y en menos actividades esté involucrado, habrá menos posibilidades de corrupción. En el caso de las autorizaciones y trámites, se deben eliminar todos aquellos superficiales e innecesarios. Con los que quede, se debe implementar al máximo posible las autorizaciones automáticas con plazos vencidos –y que estos plazos sean lo más corto posibles-. 

Si no estamos dispuestos a cambiar el sistema, solamente cambiaremos cada cierto tiempo de corruptos pero el “mecanismo” de la corrupción seguirá vivito y coleando.

Un nuevo amanecer

Cuando se quiere, se puede…

Esta semana tuve la oportunidad de visitar Tzununá, en el lago de Atitlán. Durante los últimos cuatro años allí se ha llevado a cabo un experimento social interesante. En la Cervecería Centroamericana, a través de la Fundación Castillo Córdova, llevaron a cabo un proyecto de desarrollo comunitario integral que, de ser exitoso, pudiese ser replicable en cualquier población. El resultado es, como mínimo, impactante.

Tzununá era una población como muchas otras del área rural de Guatemala, con poco acceso a servicios, con graves problemas sanitarios y de desnutrición crónica, pero en particular, con pocas esperanzas de un futuro mejor. Entiendo que fue el alto nivel de desnutrición crónica infantil -76.5%- lo que hizo que se acercara la Fundación a esta población. Sin embargo, con base en experiencias anteriores decidieron que era importante no sólo involucrarse en el tema de la nutrición, sino también en otras áreas –en particular en salud, educación, infraestructura, gestión ambiental y de riesgos y en la empresarialidad- para lograr que los cambios fuesen permanentes y autosostenibles.

A primera vista, lo que resalta es la infraestructura, especialmente porque el primer contacto que uno tiene con el pueblo es el nuevo Centro de Salud y Nutrición construido gracias a los aportes que dieron los trabajadores de la Cervecería. Luego están las calles empedradas –no puedo siquiera imaginar cómo sería transitar esas empinadas calles de tierra en tiempos de lluvia -, y las escuelas y centros de capacitación, el centro de clasificación de desechos y varias otras obras de que están transformando la cara visible de la población.

Pero cuando uno habla con las personas, se percata de que los cambios son más profundos. El proceso ha pasado por capacitaciones de todo tipo, desde aquellas que les han permitido a las mujeres mejorar su autoestima y que tengan como un gran logro el haberse organizado y animado lo suficiente para ir a hacer peticiones formales ante las autoridades municipales –todos hombres- hasta aquellas que les han permitido entender y aceptar nuevas tecnologías, como las de las estufas ahorradoras de leña, letrinas aboneras, filtros de agua e instalaciones de aguas servidas a pozos de filtración.

Lo que más me impresionó fueron los resultados del fomento de la empresarialidad. Varios de los lugareños han abierto nuevos negocios como panadería, tiendas, librerías, ferreterías y hasta un comedor. Varios habitantes han cambiado sus cultivos tradicionales por nuevos cultivos, mucho más rentables y productivos. Me impresionó especialmente el productor de tomates que obtuvo un préstamo semilla para poner su primer invernadero y ahora, con lo que ha ido produciendo y ahorrando ya estaba construyendo dos más y con planes para multiplicar los invernaderos y llegar a tener por lo menos veinte en el próximo par de años. Yo mismo fue testigo de cómo en el corto tiempo que estuvimos logró negociar con el representante de la pizzería Vesubio -que les compra la producción de tomates- un préstamo para construir de una vez el cuarto invernadero, y pagarlo en especie, es decir, con los próximos tomates que produzca.

Y así como él, otras señoras construyeron en su patio trasero un invernadero especial para producción de hongos ostra –que también serán comprados por la pizzería, al igual que otra producción de albahaca-. Conocí también a un señor que en su terreno construyó unas pilas para la crianza de peces que luego son vendidos localmente. Tuve también la oportunidad de ver cómo un productor de café de Huehuetenango ha estado capacitando a varios pequeños caficultores del área para mejorar su producción y llevarla a nivel de exportación, aprovechando que están en la altura ideal para los cafés de mejor calidad.

El propósito original, reducir la desnutrición crónica infantil, se está logrando a tasas incluso mayores que las de los mejores ejemplos en Latinoamérica; pero lo más importante es que la transformación de las personas permitirá que Tzununá se convierta en un ejemplo de superación para muchas comunidades. Las personas con las que tuve la oportunidad de conversar, tenían en su mirada esa convicción de que saben que están mejorando y que pueden mejorar mucho más, si se esfuerzan y trabajan. Ya saben que es posible. Ya saben que depende de ellos. 

Felicito a Cervecería Centroamericana, Fundación Castillo Córdova y a todas las demás personas, empresas, organizaciones que tuvieron el coraje de involucrarse en este proyecto. 

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en una versión resumida en Prensa Libre el viernes 27 de Mayo de 2,016.

Realidad mordelona

La realidad finalmente mordió de regreso a Otto Pérez Molina, su ministro de Finanzas y todos sus achichincles, incluidos la mayoría de diputados. La puñalada fiscal adolece de tantos y tan variados errores que tarde o temprano y muy a su pesar se iban a ver en la necesidad de corregir la plana. La solicitud del presidente al Congreso, de aprobar una reducción del 50% al Impuesto de Circulación, es solo la punta del iceberg.

Debo suponer que el hecho de que a estas alturas del partido solamente el 35% de los obligados a pagar el impuesto de circulación lo hubiesen hecho, más las muchas y variadas manifestaciones de descontento hacia ese leonino incremento en particular hayan hecho que el radar político del mandatario lo llevara a recapacitar sobre el inmenso error que sería continuar empecinadamente montados en su macho.

Ahora bien, como parece ser que el radar político no da todavía para más, me permito informarle al presidente que problemas similares y con mucho peores consecuencias tienen las otras reformas impositivas que planteó el año pasado. El impuesto de circulación probablemente es el que en el corto plazo más resentía un buen grupo de la población porque les era más palpable y cercano, pero en el largo plazo sus consecuencias se vuelven un granito de arena comparadas con las de varias de las otras reformas.

De ellas quizá no va a escuchar tantos y tan airados comentarios, porque ni la misma gente se ha percatado de las consecuencias que tendrán para su propia economía. Pero que ni la gente ni los políticos se den por enterados de esas consecuencias no implica que no se vayan a dar. Como bien dijo Ayn Rand, se puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorarla.
En este caso la realidad es tan abrumadora que hasta sus mismos aliados que aprobaron sin chistar —ni siquiera leer, debo concluir— la puñalada fiscal, ahora se hacen un queso para poner tierra de por medio entre ellos y el partido oficial.

La declaración más patética en ese sentido hasta la fecha es la del diputado Roberto Alejos, quien, para zafar bulto de su responsabilidad en semejante entuerto, prefiere reconocerse tonto que mal intencionado. Así lo afirma cuando dice: “la cual el Ejecutivo hizo creer a todos los sectores que generaría una mayor recaudación y estabilizaría el déficit presupuestario”. ¡Cómo no! Que hable por sí mismo y reconozca sus culpas. El Ejecutivo pudo haber dicho misa pero quien levantó la mano para aprobar ese esperpento fue el diputado Roberto Alejos, junto con la mayoría de otros diputados.

Yo por lo menos no me incluyo entre esos “sectores” a los que Alejos argumenta que Otto Pérez engañó. Puedo afirmar que desde que se conoció la propuesta me opuse a la misma. Y tengo año y meses de estar argumentando esa oposición sobre los errores, no solo de forma sino también de fondo que considero que la puñalada fiscal tiene. También en su momento advertí de los efectos que iba a tener, efectos que conforme pasa el tiempo hemos visto cómo se han ido dando.

No, señores diputados, no nos engañan con sus dizque “mea culpas”. Nos convencerán cuando den marcha atrás y deroguen la puñalada fiscal.


Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de junio de 2,013.

¿Pepsi bye?

La poca información disponible se presta para los rumores…

Durante el proceso de investigación de un reporte sobre el mercado de alimentos y bebidas en la región que estoy elaborando me encontré con que en el medio está circulando el rumor de que la empresa Cabcorp podría ser adquirida por otro grupo regional. No me pude resistir a la oportunidad de investigar un poco ese tema.

Una de las desgracias de nuestro país es que no se ha desarrollado un mercado de capitales, por lo que la mayor parte de la información de las empresas se maneja en el más estricto secreto. De ahí que es poca la información públicamente disponible y ello se presta para rumores y especulaciones. En el caso de Cabcorp, me pareció una oportunidad única para investigar, ya que debido a la emisión de bonos en los mercados internacionales que hizo este año, algo de información se puede obtener de fuentes públicas, así como de los análisis que realizan las empresas calificadoras. Aun así, no es tan fácil investigar como en los mercados desarrollados, pero algo encontré.

La pregunta del millón es: ¿por qué alguien querría comprar una empresa como Cabcorp? Hice un estudio más elaborado para tratar de responderla, que lo encuentra aquí, pero por razones de espacio, hago aquí un breve resumen.

Desde hace más de una década la empresa se ha dedicado a expandir sus operaciones, tanto en mercados como en portafolio de marcas. Una de las decisiones cruciales, desde mi punto de vista, fue la alianza con PepsicoAmericas en el 2009, por medio de la cual obtuvo la distribución para Puerto Rico y el Caribe, a cambio del 18% de las acciones del grupo. Unos meses después Pepsico compró PepsicoAmericas, y Cabcorp se encontró con que su nuevo socio era la casa matriz.

La expansión ha continuado y este año compraron el control del Grupo Tesalia, el embotellador de Pepsi para Ecuador, iniciando su incursión en Sudamérica.

Sin embargo, no todo es un lecho de rosas y la expansión ha conllevado, por un lado, bastante apalancamiento financiero, y por el otro, incrementos en los costos, lo que ha puesto a la empresa en una posición vulnerable financieramente hablando. Si a ello se le añaden algunas otras variables como los cambios de conducta de los consumidores, la crisis financiera, la volatilidad en los precios de las materias primas y, por si no fuera suficiente, el riesgo inherente de los países de la región, especialmente con sus siempre cambiantes normas fiscales, hacen que la transacción pueda ser un tanto riesgosa.

Una vista rápida a algunos de los resúmenes financieros de Cabcorp siembra suficientes dudas sobre el futuro de un negocio interesante pero que tiene riesgos que deben ser tomados en cuenta. La paradoja es que las acciones que han tomado para expandir sus operaciones, por un lado la vuelven poco atractiva para la compra, si se toman en cuenta solo los factores financieros, pero por el otro lado la vuelve vulnerable ante algún comprador con los suficientes recursos y visión como para seguir el proceso de expansión por Sudamérica.

¿Se venderá Cabcorp? La respuesta es una moneda al aire, de la que quién sabe cuándo nos enteraremos del resultado, por la misma secretividad.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de octubre de 2,012.

¿Procorrupción?

Aunque aprueben la ley, ¿será que realmente veremos un descenso de la corrupción?
La así llamada ley anticorrupción no hay modo que pase en el Congreso. A como pinta la situación, lo más probable es que si llega a pasar, llevará tantas enmiendas procorrupción que su efecto en contra de la corrupción será mínimo. Lo que es peor, no me extrañaría que los diputados le logren dar la vuelta a la tortilla y resulte que los perseguidos y aterrorizados serán los ciudadanos y no los funcionarios públicos.

Debido al sistema positivista en el que vivimos, resulta que no es suficiente con que el robo sea un delito, sino que se deben especificar las cincuenta mil y una variaciones posibles de los robos para que se pueda acusar y condenar a los ladrones. Si un caso particular de robo no está tipificado en la legislación, no se puede perseguir efectivamente a los ladrones. De ahí que tengamos un sistema tan enmarañado y, en muchos casos, disfuncional.

Debido a este absurdo sistema y a la famosa “corrección política”, se les ha ido poniendo nombres menos “ofensivos” a los delitos. La corrupción no es otra cosa que un robo. Todos los que son corruptos —en el contexto de la función pública— lo son porque de una u otra manera se roban recursos de los tributarios o de los ciudadanos para su propio beneficio. En pocas palabras, los corruptos, aunque anden en carros blindados, en jets privados y codeándose con todo el jet-set local, no son más que viles ladrones que se han apropiado indebidamente de los recursos de otras personas. Son gente fracasada que no ha logrado ganarse la vida en buena ley y recurre a robar lo que otros han generado para dar la apariencia de exitosos.

Es mucho más fácil robarles a los tributarios a través del Gobierno que directamente, ya que una vez el dinero pasa de manos de los tributarios a las de los gobernantes, deja de tener un verdadero propietario que vele por él y cae en las manos de administradores que, en la mayoría de los casos, están más ocupados en cómo echar mano de esos recursos para beneficio personal que en cuidar de su buen uso.

Si se intenta robar a una persona directamente, esta no tan fácilmente cederá la propiedad que le ha costado trabajo obtener y buscará los medios para protegerla, como por ejemplo, alarmas, sistemas de seguridad, etc. Y aún si le llegan a robar, dependiendo de las circunstancias, probablemente hará una acusación formal en contra del delincuente y existe la posibilidad de que este tenga que pagar por su crimen.

En el caso del dinero de los tributarios, no hay quien —con excepción de la no muy efectiva labor de la Contraloría General de Cuentas— proteja “su propiedad” y esta es fácilmente robada por funcionarios públicos y sus cómplices fuera del ejercicio público. Si quiere conocer un ejemplo muy reciente, solo oiga o lea cómo un funcionario del Hospital General extorsiona a un proveedor para que le dé“comisión” por entregarle los cheques de pago, situación aireada por las redes sociales y varios medios.

Así que ahora estamos a la espera de la dichosa ley anticorrupción para supuestamente poder perseguir a los ladrones que roban recursos de los tributarios. ¿Será que obtendremos en cambio una ley procorrupción?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 27 de septiembre de 2,012.

Aislado será, Vivar

¿Es un caso aislado o simplemente el que cayó en desgracia?

La semana pasada el revuelo en el mundillo político giró alrededor de la captura del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, y varios de sus compinches. La pregunta del millón es si esta captura es un “caso aislado” debido a algún tipo de presiones o si podemos esperar que, a partir de ahora, veamos a más funcionarios investigados y, si fuere el caso, acusados y atrapados.

Para cualquiera que conozca a alguien que tiene algún tipo de negocios como “contratista” del Estado, no es un secreto que desde hace mucho tiempo, por no decir “toda la vida”,
la corrupción ha campeado en muchas de las contrataciones que se hacen con fondos públicos. Y esto solo con las obras contratadas por el Ejecutivo. Lo mismo se puede decir de los “pagos” a diputados a través de la contratación de obras en sus jurisdicciones.

Si nos vamos a las municipalidades, hemos escuchado tantísimas historias de alcaldes que llegaron al cargo debiendo la campaña y que salieron con casas, carros, cuentas y cuentas. Las historias abundan a lo largo y ancho del país y he sabido de muchos exalcaldes que mejor se han ido, en algunos casos del pueblo, en otros hasta del país, para evitar las “habladas”, que no la persecución, ya que esta ha sido, hasta la fecha, virtualmente inexistente.

No puedo decir que todas las contrataciones ni que todos los funcionarios participen de la corrupción, pero de que mucho dinero de los tributarios se lo roban, se lo roban.

La estrategia no es muy distinta, en la mayoría de los casos, de la que acusan a Vivar y su “pandilla”. Utilizar empresas registradas por sus familiares y amigos que son contratadas para realizar proyectos sobrevalorados que muchas veces ni siquiera se ejecutan, pero sí se pagan. La otra forma de corrupción de la que se le acusa es a través de plazas fantasma, las cuales no son las únicas de las que se tiene conocimiento, pues nada más tomar posesión los diputados (incluso antes) ya se ve a los familiares, amigos y “colaboradores” haciendo cola en los pasillos del Congreso para cobrar las “colaboraciones” y degustar de los huesos prometidos durante la campaña.

El problema aquí no es si los funcionarios “caen” después de una larga “investigación” que se realiza porque cayó en desgracia con las autoridades de turno. Si se siguen dando los negocios entre empresas fantasmas o familiares de los funcionarios. O si llegará el ciudadano honrado, honesto y recto que terminará con estas prácticas de robo descarado. El problema es y seguirá siendo el sistema, hasta que decidamos cambiarlo por uno en el que los gobernantes se vean realmente supeditados a la voluntad de los mandantes y circunscritos estrictamente a su labor de representatividad y a algunas pocas funciones básicas.

Y si el gobierno central y el municipal continúan haciendo “obras”, está garantizado que este no será el último caso en que veremos la captura y posible proceso penal contra un funcionario. Lo que quizás sí suceda es que los practicantes del robo de nuestros impuestos pongan sus barbas en remojo y busquen nuevos mecanismos para jugarle la vuelta al sistema. Y se repite la máxima: gobierno grande, pueblo pobre. ¿Cuándo entenderemos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de septiembre de 2,012.

Incongruentes

La incongruencia de los estatistas es proverbial.

Las acciones de muchos estatistas son incongruentes con lo que dicen defender. Hablan maravillas sobre la acción del Gobierno y lo defienden a capa y espada, pero a la hora de la hora, resulta que ni ellos mismos confían en esa acción. Con sus hechos contradicen lo que sus palabras aconsejan. Así que es mejor fijarse en lo que hacen en lugar de escuchar lo que dicen.

Al final, la mayoría simplemente confirma lo que Frederic Bastiat dijo hace más de 150 años: “El Estado es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de los demás”. Esta es la descripción que mejor se adapta, no tanto a lo que dicen los estatistas como a lo que hacen.

Encontramos esas incongruencias por todas partes. Hace un par de días, por ejemplo, un matutino nos informaba que entre varias instituciones gubernamentales se gastan más de 50 millones de quetzales anuales en seguros privados de vida y gastos médicos para sus empleados. Esta noticia confirma las incongruencias a las que me refiero.

Resulta que la institución con el seguro más “oneroso” (según la nota) es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). ¿En dónde queda entonces el discurso de que el Gobierno necesita más fondos —los que esta institución recauda— para mejorar los servicios que presta? Si fueran congruentes con lo que dicen, ¿no creen ustedes que estos millones de quetzales que tanto les cuesta recaudar se debieran invertir en mejorar los servicios de salud que presta el Gobierno para de esa manera atender mejor, no solo a los empleados de la SAT, sino a todos los guatemaltecos?

Según la misma nota, los dos seguros más grandes son para los trabajadores de las empresas portuarias. En la misma nota se dice que la cobertura que tienen estos empleados se debe “al poder y la presión que ejercen sus sindicatos”. De seguro son de los mismos sindicalistas que ni bien se menciona algo sobre una “reforma previsional” pegan el grito en el cielo, se rasgan las vestiduras y hacen paros de labores para oponerse a la “privatización” del Seguro Social y de los servicios de salud gubernamentales. Pero, eso sí, cuando de su pellejo se trata, no les importa que se gasten los fondos de los tributarios para que ellos puedan gozar de un seguro privado de vida y gastos médicos.

¿No le parece no solo incongruente sino además hipócrita esa actitud?

Y así podemos encontrar muchos ejemplos de incongruencia, en temas similares, en empleados públicos y funcionarios de todos los niveles. Y eso que no estamos hablando de la corrupción abierta, sino de esta otra forma —que también considero que es corrupción— de utilizar “legalmente” los fondos de los tributarios.

La incongruencia de los estatistas se repite aquí y en todas partes del mundo. Hace poco también vi una nota que informaba que el 25% de los maestros en escuelas públicas en dos estados de los Estados Unidos envía a sus hijos a estudiar a colegios privados —estadística que no me extrañaría fuese similar en Guatemala—.

Al final, los hechos comprueban que muchos que hablan maravillas del Gobierno, a la hora de la hora lo único que les interesa es ver cómo hacen para aprovecharse de los tributarios y vivir muy bien a sus expensas. ¿Por qué no me extraña?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de septiembre de 2,012.

Testigos fraudulentos

Lo que vino a enseñar la CICIG es cómo falsear los testimonios.

Los ingenuos creían que la llegada de una organización internacional que estuviera por encima de la ley lograría erradicar la corrupción en el gobierno guatemalteco. Los que no nos tragamos los cantos de sirena sabíamos que esa era su debilidad más grande y la que acabaría corrompiéndola. Ni siquiera los más escépticos pudimos imaginar a los extremos que llegarían para defender lo indefendible.

Parte de la finalidad de la Cicig era apoyar a las instituciones guatemaltecas para que aprendieran cómo realizar mejor su labor para combatir a los criminales enquistados en el poder.
Lamentablemente, lo que nos hemos ido enterando es que, a lo sumo, la Cicig les ha enseñado a los locales cómo abusar del poder, cómo moverles la silla a los funcionarios que no resuelven como ellos quieren que resuelvan, pero más importante e inquietante, cómo intimidar a las personas para obligarlas a testificar fraudulentamente versiones que se ajusten a lo que la Cicig dice que es la “verdad”.

Hasta la fecha, la Cicig ha dejado una estela de casos fallidos, algunos de los cuales está haciendo hasta lo imposible porque no lleguen a juicio para que no se hagan públicos los abusos e ilegalidades que han cometido sus funcionarios.

La escuela de la Cicig se basa en conseguir “colaboradores eficaces” que atestigüen en contra de aquellos a quienes quieren condenar. Para ello se han valido desde de ofrecerles el oro y el morro hasta amenazarlos con acusarlos de crímenes que no han cometido, e incluso de que los van a “chillar” en la cárcel para que allí los “ajusticien”.

Con estos métodos han conseguido que criminales que no tenían nada que perder acepten testificar fraudulentamente a cambio de que los dejen libres y les den un exilio dorado. Las pocas personas que no han aceptado testificar las mentiras impuestas por la Cicig han pagado las consecuencias de tan temeraria actitud.

Esta semana, por ejemplo, escuchamos a Alejandro Giammattei denunciar públicamente en un programa radial cómo a él le ofrecieron sacar a su familia del país y darle tres millones de euros a cambio de que se convirtiera en “colaborador eficaz” en contra de los demás acusados en el caso Pavón. Giammattei no aceptó y eso le valió pasar varios meses en la cárcel y tener que enfrentar muchos recursos en su contra de parte de la Cicig, todos los cuales ganó.

En nuestro programa radial a través de Libertopolis también escuchamos el testimonio de la esposa de Fredy Herald De León Barrios, a quien la Cicig “escogió” como potencial “colaborador eficaz” contra un criminal de altos vuelos, a quien De León ni siquiera conocía. Como él se negó a testificar fraudulentamente, la Cicig lo acusó de un secuestro que él ayudó a evitar. Para armar el caso en su contra, los investigadores de la Cicig intimidaron a todos los testigos de descargo para que cambiaran su declaración, incriminándolo. De todo eso hay varias denuncias ante los juzgados y ante la PDH, que por lo menos sirven de evidencia, ya que en la PDH nunca hicieron nada por ayudar a De León.

¿Para más de eso quieren los actuales gobernantes que se renueve el mandato de la Cicig?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de septiembre de 2,012.

¿Quién mata?

¿Se reducirá la violencia prohibiendo las armas de fuego?

Cada cierto tiempo resurge en la palestra pública el tema de la prohibición de armas de fuego como método para reducir la criminalidad. Suele suceder luego de que algún asesinato conmueve a las personas. Sin embargo, no creo que sea esa la forma de solucionar el problema de la criminalidad. Es entendible que la primera reacción emocional de las personas ante un crimen impactante -todos lo debieran ser, pero la recurrencia de los mismos tiende a volvernos indiferentes- sea el condenar las armas con las que se cometen y, como corolario, creer que si se eliminan estas, se resolverá el problema.

Por ello no me extraña que en una consulta electrónica hecha por Prensa Libre, el 84% de las personas responda que sí a la pregunta: “¿Cree que debería prohibirse la tenencia y portación legal de armas de fuego en Guatemala?”.

Lamentablemente, esa no es la solución. Las armas simplemente son una herramienta, tan así que de hecho puede ser utilizada tanto para el bien —las personas defendiéndose de los criminales y las autoridades combatiendo el crimen— como para el mal —como las usan los criminales—. Aún si no existieran las armas de fuego, algunos seres humanos siempre encontrarían alguna otra herramienta con la cual dañar e incluso asesinar a otros humanos. No hay que escarbar mucho para probar ese punto: tres mil años de historia previa a las armas de fuego lo comprueban ampliamente.

Adicionalmente, como bien lo dice la pregunta de la encuesta de Prensa Libre, lo que se puede prohibir es la “tenencia y portación legal” de las armas de fuego, no su existencia. Lo que implica que, al igual que como sucede ahora, los criminales seguirán armados, mientras que los ciudadanos honrados que utilizarían las armas legales para defenderse de los criminales se quedarían indefensos.

Por definición, los criminales, delincuentes, ladrones, asesinos, actúan fuera de la ley, de otra manera sus acciones no serían ilegales. Por lo tanto, es tremendamente ingenuo creer que los que ya de por sí actúan fuera de la ley van a dejar de utilizar armas de fuego solo porque la ley se los prohíba. De hecho, la “tenencia y portación” de las armas de fuego de los criminales actualmente ya está prohibida por la ley, porque en su mayoría son armas “ilegales” las que ellos utilizan para cometer fechorías.

Y yo me pregunto: si las armas de fuego que actualmente utilizan los criminales son ilegales, ¿en qué los afectaría una ley que prohíba la tenencia y portación “legal” de las mismas? La respuesta es sencilla: En nada. De hecho, los beneficia, porque van a incrementarse las posibilidades de encontrar víctimas sin capacidad de defenderse.

El problema de la criminalidad no son las armas, especialmente las legales. El problema de la criminalidad se debe a una completa falta de certeza de castigo. Mientras los criminales sepan que pueden actuar impunemente, a plena luz del día, y que las posibilidades de que los persigan, capturen, enjuicien y condenen son ínfimas, seguirán cometiendo fechorías.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 30 de agosto de 2,012.

Nuevamente el radar

El cambio: mismo negocio, diferentes negociadores… ¿o serán los mismos?

Como si “el cambio” no fuera suficientemente parecido a lo que teníamos antes, ahora resulta que quieren embarcarse en la compra de radares y aviones sobrevalorados que intentaron hacer dos veces en el gobierno anterior. ¿No ha entendido Otto Pérez que le conviene separarse de lo que hacía el gobierno anterior, especialmente de las negociaciones cuestionadas?

Para ponerlo en contexto, en el 2009 el gobierno intentó que le aprobaran un préstamo por US$100 millones para la compra de radares, aviones y equipo brasileños, supuestamente para “controlar el espacio aéreo” y de esa manera combatir el narcotráfico. Desde esa ocasión argumentamos lo absurdo que era esa compra, no digamos lo sobrevalorada que estaba. Al final, no lograron que les aprobaran el préstamo y la cosa no pasó a más.

Dos años después, como indemnización al salir del gobierno, intentaron otra vez que les autorizaran el préstamo, solo que en esa ocasión le incrementaron el “precio” al equipo y ya iba por los US$170 millones. Tampoco en esta ocasión lograron su objetivo.

La sorpresa hace dos días es que Otto Pérez Molina sacó a relucir nuevamente la “necesidad” de obtener este préstamo para “fortalecer el control aéreo”. En esta nueva iteración del préstamo, lo bajaron a US$140 millones y por lo menos ya le hicieron algunos cambios, pero sigue siendo una compra cuestionable.

Ahora ya mencionan que los radares se los comprarían a la empresa española que produce los que ya están instalados en la región, que era uno de los cuestionamientos principales en la anterior propuesta ya que los radares brasileños no son compatibles con estos.

Pero los argumentos de fondo en contra de esta negociación siguen siendo los mismos de hace dos años: “Si lo que se quiere hacer es tener ‘controlado’ todo el espacio aéreo guatemalteco, esto se puede lograr añadiendo cinco radares primarios en lugares estratégicos, conectados al sistema ya existente. A ojo de buen cubero, cada radar podría costar unos US$5 millones, con lo que la compra no debería ser mayor a los US$25 millones. Aviones de alcance, que son los que se necesitaría aquí si lo que quieren es ‘combatir el narcotráfico’, se pueden conseguir en poco más de US$1 millón cada uno. Si van a comprar seis aviones, ya vamos por unos US$33 millones. La pregunta es: ¿En qué se van a gastar los otros US$67 millones?” —2012: ahora US$107 millones—.

“Todavía más, la pregunta debería ser: ¿Para qué gastarse ese dinero en un sistema ‘contra el narcotráfico’, cuando para principiar, ni es nuestra guerra y, además, ya los gringos tienen controlado el espacio aéreo de la región con sus Hawkeyes? Si no hacen más contra los aviones de los narcos, no es exactamente porque carezcan de información…”.

“Si lo que quisieran es resolver los problemas de violencia y criminalidad, sería una mucho mejor inversión la compra de helicópteros policiales, que con una inversión menor de los US$5 millones podrían tener el suficiente equipo para tener las 24 horas, los 365 días del año, un helicóptero siempre sobrevolando la ciudad y listo para llegar a cualquier escena del crimen en pocos segundos. Pero pareciera ser que esa no es la motivación...”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 23 de agosto de 2,012.

Artículos anteriores:

¿El último robo?  Septiembre 2,011.

¿Bossa-Roba? Junio 2,009.

Colados

Las reformas propuestas por el ejecutivo deben esperar su turno en la cola… 

Hace unos días, un grupo de ciudadanos planteó en la Corte de Constitucionalidad un amparo contra el Congreso, para que -como le ordena la Constitución- se ocupe sin demora de conocer y discutir las propuestas de reformas constitucionales que le han sido presentadas desde hace años, antes de conocer las nuevas que se le pretenden presentar. En otras palabras, ni siquiera el presidente se puede colar.

Lo que está pidiendo este grupo de ciudadanos es nada más que el Congreso cumpla con la Constitución.En ella se establece que cuando se le presentan propuestas de reformas constitucionales de acuerdo con los parámetros establecidos, este debe conocer sin demora las mismas. Esto no ha sucedido con ninguna de las siete propuestas que le han sido presentadas desde el año 2007. Es decir, para los diputados, “sin demora” significa por lo menos cinco años. ¡Hasta para una tortuga ese sentido de urgencia sería desesperante!

Pero el problema no solo es de tiempo sino las implicaciones de falta de respeto y desprecio que los diputados han manifestado hacia aquellos que dicen representar. No les importa que en un caso sean más de seis mil ciudadanos los que solicitan una reforma. En otro caso son más de 73 mil ciudadanos.
Como excusa, los diputados dicen que ya se les ha dado trámite y se han enviado las propuestas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Pero los interponentes del amparo también argumentan que esa no es la vía que establece la Constitución, sino que las propuestas de reformas constitucionales, a diferencia de las iniciativas de ley ordinaria, deben ser conocidas por el pleno del Congreso y no por una comisión.

Lo que nos lleva al punto medular del amparo. Los interponentes solicitan que la CC haga valer el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Que el pleno del Congreso conozca, analice y decida sobre las propuestas que les han sido planteadas en el orden en que fueron presentadas.
La importancia de esto radica en que se ha mencionado que las reformas que pretende presentar el presidente van a ser tratadas “con premura” por los diputados. ¿Por qué deberían darle a esta propuesta un tratamiento distinto al que le han dado a todas las demás? ¿Solo porque es presentada por el presidente?

El punto no es que esta propuesta también sea puesta a hibernar en el Congreso, sino que a todas las propuestas presentadas se les debe dar prioridad. No porque una propuesta sea presentada por el presidente entonces se le debe dar trato preferencial y ponerla por delante de las demás.

Es exactamente lo mismo que si usted estuviera haciendo cola por largas horas para hacer algún trámite burocrático y de repente llega alguien dándose aires de importante y lo pasan al frente de la cola solo porque “es hijo de un funcionario”. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? ¿Cree que es correcto?

En otras palabras, lo único que estos ciudadanos están pidiendo es que se respete el orden y que tanto o más valor tienen la firma de más de 70 mil ciudadanos como las del presidente y sus ministros. ¿Será eso mucho pedir?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 16 de agosto de 2,012.

Esfuerzo y Recompensa

El éxito es de los deportistas, no de los guatemaltecos ni mucho menos de los politiqueros.

El sábado, Érick Barrondo coronó el esfuerzo de varios años con una medalla de plata olímpica. La mayoría de guatemaltecos nos alegramos -muchos hasta las lágrimas- al observar el triunfo muy bien ganado de este compatriota, hazaña que ningún otro guatemalteco en 50 años de participación olímpica había logrado. Ahora bien, ¿es este un triunfo de los guatemaltecos? Como bien lo dijo John F. Kennedy, “el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano”. Ahora resulta que este éxito de Érick Barrondo, su entrenador Rigoberto Medina y el equipo de marcha es un triunfo de “los guatemaltecos”, de la dirigencia deportiva, de los medios y hasta de los politiqueros guatemaltecos.

Pues no, no es un triunfo de los guatemaltecos ni de la dirigencia deportiva ni mucho menos de los politiqueros guatemaltecos. Es un triunfo de Érick Barrondo.

Los demás podemos alegrarnos de su triunfo y desearle muchos más éxitos. Sentirnos orgullosos de que un compatriota haya logrado tal propósito. Emocionarnos de ver la bandera de Guatemala ondear por primera vez en la historia en una premiación olímpica. Sentirnos motivados a alcanzar metas más grandes, siguiendo el ejemplo de Barrondo. Pero hasta allí.

No fuimos “los guatemaltecos” quienes sufrimos las largas, monótonas y agotadoras horas de entrenos. No fuimos nosotros quienes padecimos las limitaciones que generalmente pasan la mayoría de deportistas en nuestro país. No fuimos nosotros los que limitamos nuestra vida familiar, sentimental, social y hasta educativa por enfocarnos en el propósito de llegar a alcanzar una medalla olímpica.

No sé usted, pero yo lo más que podría argumentar es que una infinitesimal parte del 3% de los impuestos que me ha quitado la SAT se utilizó en el entrenamiento de Barrondo y de los otros 18 deportistas guatemaltecos que tan buenos resultados han obtenido en esta Olimpiada. O que este año intenté entrevistar al entrenador Medina y a sus muchachos antes de que partieran para Londres pero no se pudo, por la disciplina de los entrenos. Nada de eso me da ninguna justificación moral para apropiarme de un éxito que no me corresponde.

Por eso es que me parece tan chocante —sin quitarle lo ridículo— que ahora el éxito de Barrondo tenga tantos “padres”, especialmente entre la dirigencia deportiva y entre los politiqueros de turno, para variar, saludando con sombrero ajeno. Si a esas vamos, cualquier premio o recompensa que se les dé a los deportistas con dinero de los tributarios es eso, dinero de los tributarios, no del presidente, no de los diputados, no de los dirigentes deportivos, y como tal se debe ver.

Me entristece, por otro lado, ver que hay personas que ni siquiera pueden alegrarse por el éxito ajeno y siempre van a encontrar algo de que agarrar su mezquindad para criticar las victorias de los otros. En esas ocasiones siempre recuerdo ese rótulo pintado en la pared de una empresa de Amatitlán: “Sin envidias, alegrémonos del bien ajeno”.

Yo, al menos, me he alegrado y me alegraré mucho con los éxitos de los deportistas guatemaltecos. Así que felicito a todos los que ya participaron y espero con ansias ver las competencias de los que todavía faltan.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 9 de agosto de 2,012.

¿IVEstigados?

¿Será que algún día nos enteraremos de lo que realmente pasó?


La renuncia del superintendente de Bancos y de la intendente de Verificación Especial la semana pasada es uno más de los incidentes que levantan sospechas sobre la estrategia nada lenta -y por lo visto muy segura- de toma del control del poder en las diferentes instituciones de la administración pública. Muchos rumores y denuncias han corrido desde que Víctor Mancilla presentó su renuncia a la SIB por “razones personales” y Susan Rojas renunció a la IVE, argumentando solidaridad con el superintendente.

¿Existieron o no presiones para que renunciaran? Difícilmente alguna vez lo sabremos a ciencia cierta. Es usual que funcionarios públicos renuncien a sus cargos y argumenten razones “personales” para hacerlo como una manera fácil de evadir la verdadera razón de las renuncias.

Sus razones tendrán, desde temer por su futuro laboral hasta, en algunos casos, temer las consecuencias que sobre ellos o sus familias podría tener decir lo que realmente sucedió. Por supuesto, tampoco se les puede obligar a que lo digan.

Lo importante es que nos percatemos de lo frágil y hasta inservible que en algunos momentos puede ser el sistema en el que vivimos. En este caso particular, más que incluso la SIB es la IVE la que se presenta como un botín político nada despreciable. Es la IVE la que primero tiene acceso a información de los movimientos “inusuales” en las cuentas bancarias, información que puede ser utilizada para fines ajenos a aquellos para los cuales supuestamente existe. Alternativamente, el control de la IVE puede aprovecharse para ocultar información que podría meter en problemas a más de algún funcionario y exfuncionario. Como suele suceder en mucha de la regulación absurda en nuestras latitudes, quienes actúan correctamente son quienes más se ven afectados por la misma, incurriendo en costos y retrasos innecesarios y a veces por sumas ridículas. Mientras que por el otro lado, es muy raro que nos lleguemos a enterar de algún hallazgo que relacione a funcionarios o “contratistas del Gobierno” en donde las transacciones son millonarias y no pasa nada.

También sucede que los gobernantes buscan la manera de poner en esos puestos clave a funcionarios “amigos” que sirvan, por un lado, para perseguir a los enemigos y, por otro, para tapar a los propios.
¿Qué va a pasar en las actuales circunstancias? Lo desconozco pero la experiencia me indica que hay que desconfiar de los políticos, especialmente cuando están gobernando. Lamentablemente, solo con el tiempo podremos saber si a quienes escojan servirán para lo anteriormente mencionado, o harán correctamente su trabajo.

Simplemente es muy improbable, por no decir imposible, que los movimientos realizados por los cercanos al poder no levanten sospechas. Aún si creyéramos que solo el 1% de todo el presupuesto se pierde en corrupción, ello representa unos Q600 millones. Recordemos que la misma vicepresidenta en sus tiempos de llanura se refirió a porcentajes mucho más altos que ese. Y entonces, ¿se pueden desaparecer Q600, Q6 mil o Q12 mil millones sin que nadie se percate de ello, pero cuando alguien alejado del poder quiere depositar US$5 mil casi lo hacen pasar por el detector de mentiras? No es computable…

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de agosto de 2,012.

Olímpicos

La controversia no podía faltar en la delegación guatemalteca

Para quienes amamos el deporte, la delegación guatemalteca en los Juegos Olímpicos es un contraste de claroscuros que reflejan mucho de lo que día a día vivimos en otras facetas de nuestra cruda realidad. Por un lado está el brillo de los deportistas que se han ganado a puro esfuerzo, sudor, entrega y dedicación el derecho a participar en esas competencias, y por el otro están las dudas que se han suscitado recientemente alrededor del manejo de fondos, no solo en el COG, sino en todo el deporte “federado”.

Primero, los deportistas. Los 19 atletas guatemaltecos que clasificaron para las Olimpiadas ya son triunfadores. Solo los mejores del mundo logran las marcas requeridas para participar. Luego del trabajo de muchos años, creo que esta delegación tiene más oportunidades que ninguna anterior para conquistar una medalla. Todo aquel que haya practicado algún deporte más de alguna vez ha soñado con una medalla olímpica. Pero conquistar ese sueño es algo que pocos han logrado. Nadie lo ha hecho sin dedicar una buena parte de su vida a eso, desatendiendo muchas veces la vida profesional, social, sentimental e incluso familiar, con tal de enfocar todos los esfuerzos de manera disciplinada en alcanzar ese objetivo.

Hace un par de años entrevisté a Frank Shorter —ganador de la maratón olímpica en 1972, en Múnich, y subcampeón en la de Montreal, en 1976— y me contó de la dedicación y disciplina que le requirió su carrera deportiva, al grado de que durante sus 10 mejores años corría un promedio diario de 30 kilómetros.

Así que todos los atletas guatemaltecos merecen nuestro amplio reconocimiento por haber logrado la primera meta, clasificar para los Olímpicos, y esperamos que más de uno vea coronado su esfuerzo con una medalla olímpica.

Aunque las cosas han cambiado desde que yo participaba en competencias deportivas de adolescente, me temo que la mayoría de los atletas guatemaltecos que han llegado a destacar internacionalmente lo han hecho de la misma manera que sus antecesores: a puro esfuerzo propio y en algunos casos no me extrañaría que incluso ante la oposición de los “dirigentes” deportivos.

No es porque yo crea que debería ser de otra manera, ya que estoy convencido de que así es como debiera ser. Sin embargo, en Guatemala la Constitución nos obliga a los tributarios a subsidiar el deporte con un 3% de los ingresos del Gobierno. Para su referencia, eso representa unos Q1 mil 200 millones anuales. La pregunta del millón es: ¿qué se hace todo ese dinero?

Lamentablemente la fiscalización en Guatemala nunca ha funcionado muy bien, menos en el deporte. Sólo en actividades como estas nos enteramos de cosas como que viajan más de 60 personas, pero los deportistas solo son 19. Cuando los intentan fiscalizar, no responden. Por ejemplo, el diputado Leonel Lira, durante varias semanas, solicitó la información del viaje, pero apenas hasta hace poco le respondieron indicando que viajaban 19 deportistas, 15 entrenadores y seis miembros del comité. ¿Y las otras 20? ¿Nos enteraremos algún día de cómo se maneja el dinero “del deporte”?

Les deseo mucho éxito a todos los atletas guatemaltecos deseándoles que puedan alcanzar su sueño.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 26 de julio de 2,012.
Fotografía: Prensa Libre.