Las prioridades no deben ser sólo del diente al labio.
Los funcionarios más importantes del Organismo Ejecutivo se reunieron hace unos días en una "encerrona" para definir cuáles deberían ser sus prioridades para este año. La conclusión no nos debería sorprender para nada, al grado que se podrían haber ahorrado la encerrona ya que se las podría haber dado cualquier ciudadano sin necesidad de tanto análisis: la prioridad es la seguridad.
Ahora bien, lo importante no es lo que se dice sino lo que se hace, y allí creo yo que las prioridades de los gobernantes no están apuntando claro. ¿A qué me refiero? La mejor manera de ilustrarlo es utilizando un dicho muy común en inglés que dice algo así como que: uno debe poner su dinero donde pone su boca. En pocas palabras, si los gobernantes están convencidos que la prioridad es la seguridad, ¿por qué no es ésta también su prioridad presupuestaria?
Veamos. Según un cálculo realizado por Ramón Parellada, Director del Centro de Estudios Económico-Sociales, CEES, del presupuesto de gastos aprobado para el 2,006 el gobierno apenas dedica el 13.7% para lo que es su función básica, entendiéndola como justicia y seguridad. Y eso que en el cálculo Parellada incluyó las siguientes dependencias: Presidencia, Relaciones Exteriores, Organismo Judicial, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Finanzas, Contraloría de Cuentas y Procuraduría General de la Nación. Yo todavía hubiera dejado la lista más corta, pero aún utilizando este cálculo, resulta que para realizar las funciones básicas del gobierno se utiliza apenas un porcentaje bien bajo del presupuesto, y entonces uno se pregunta: ¿será esa realmente su prioridad? ¿En qué se gasta el 86.3% restante?
Por supuesto que pueden haber muchas respuestas y saldrán con las mismas excusas de siempre: que los acuerdos de paz, que el resarcimiento, que las promesas, que la "inversión social", que esto, que aquello; alguien incluso se esconderá tras la excusa que con más dinero no se resolverá el problema; pero lo cierto es que el presupuesto no refleja la supuesta prioridad de la seguridad.
Yo sé, porque he hablado con varios de ellos, que los funcionarios directamente ocupados en el tema de la seguridad están muy conscientes de la prioridad que ésta representa. Lo que dudo muchísimo es que los demás funcionarios e incluyo aquí a los legisladores, quienes tienen la última palabra con relación al presupuesto, estén claros de esta prioridad. Del diente al labio, quizá vean la seguridad como una prioridad, pero a la hora de repartir el pastel, cada quien vela por ampliar su pedacito y que los demás miren cómo se las arreglan.
Quizá el problema es que la encerrona la debieron hacer cuando se cocinaba el presupuesto y no un mes después de aprobado. ¿Será muy tarde para reorientar realmente las prioridades del gobierno?
Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 12 de Enero de 2,006
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