¿Pepsi bye?

La poca información disponible se presta para los rumores…

Durante el proceso de investigación de un reporte sobre el mercado de alimentos y bebidas en la región que estoy elaborando me encontré con que en el medio está circulando el rumor de que la empresa Cabcorp podría ser adquirida por otro grupo regional. No me pude resistir a la oportunidad de investigar un poco ese tema.

Una de las desgracias de nuestro país es que no se ha desarrollado un mercado de capitales, por lo que la mayor parte de la información de las empresas se maneja en el más estricto secreto. De ahí que es poca la información públicamente disponible y ello se presta para rumores y especulaciones. En el caso de Cabcorp, me pareció una oportunidad única para investigar, ya que debido a la emisión de bonos en los mercados internacionales que hizo este año, algo de información se puede obtener de fuentes públicas, así como de los análisis que realizan las empresas calificadoras. Aun así, no es tan fácil investigar como en los mercados desarrollados, pero algo encontré.

La pregunta del millón es: ¿por qué alguien querría comprar una empresa como Cabcorp? Hice un estudio más elaborado para tratar de responderla, que lo encuentra aquí, pero por razones de espacio, hago aquí un breve resumen.

Desde hace más de una década la empresa se ha dedicado a expandir sus operaciones, tanto en mercados como en portafolio de marcas. Una de las decisiones cruciales, desde mi punto de vista, fue la alianza con PepsicoAmericas en el 2009, por medio de la cual obtuvo la distribución para Puerto Rico y el Caribe, a cambio del 18% de las acciones del grupo. Unos meses después Pepsico compró PepsicoAmericas, y Cabcorp se encontró con que su nuevo socio era la casa matriz.

La expansión ha continuado y este año compraron el control del Grupo Tesalia, el embotellador de Pepsi para Ecuador, iniciando su incursión en Sudamérica.

Sin embargo, no todo es un lecho de rosas y la expansión ha conllevado, por un lado, bastante apalancamiento financiero, y por el otro, incrementos en los costos, lo que ha puesto a la empresa en una posición vulnerable financieramente hablando. Si a ello se le añaden algunas otras variables como los cambios de conducta de los consumidores, la crisis financiera, la volatilidad en los precios de las materias primas y, por si no fuera suficiente, el riesgo inherente de los países de la región, especialmente con sus siempre cambiantes normas fiscales, hacen que la transacción pueda ser un tanto riesgosa.

Una vista rápida a algunos de los resúmenes financieros de Cabcorp siembra suficientes dudas sobre el futuro de un negocio interesante pero que tiene riesgos que deben ser tomados en cuenta. La paradoja es que las acciones que han tomado para expandir sus operaciones, por un lado la vuelven poco atractiva para la compra, si se toman en cuenta solo los factores financieros, pero por el otro lado la vuelve vulnerable ante algún comprador con los suficientes recursos y visión como para seguir el proceso de expansión por Sudamérica.

¿Se venderá Cabcorp? La respuesta es una moneda al aire, de la que quién sabe cuándo nos enteraremos del resultado, por la misma secretividad.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 4 de octubre de 2,012.

¿Procorrupción?

Aunque aprueben la ley, ¿será que realmente veremos un descenso de la corrupción?
La así llamada ley anticorrupción no hay modo que pase en el Congreso. A como pinta la situación, lo más probable es que si llega a pasar, llevará tantas enmiendas procorrupción que su efecto en contra de la corrupción será mínimo. Lo que es peor, no me extrañaría que los diputados le logren dar la vuelta a la tortilla y resulte que los perseguidos y aterrorizados serán los ciudadanos y no los funcionarios públicos.

Debido al sistema positivista en el que vivimos, resulta que no es suficiente con que el robo sea un delito, sino que se deben especificar las cincuenta mil y una variaciones posibles de los robos para que se pueda acusar y condenar a los ladrones. Si un caso particular de robo no está tipificado en la legislación, no se puede perseguir efectivamente a los ladrones. De ahí que tengamos un sistema tan enmarañado y, en muchos casos, disfuncional.

Debido a este absurdo sistema y a la famosa “corrección política”, se les ha ido poniendo nombres menos “ofensivos” a los delitos. La corrupción no es otra cosa que un robo. Todos los que son corruptos —en el contexto de la función pública— lo son porque de una u otra manera se roban recursos de los tributarios o de los ciudadanos para su propio beneficio. En pocas palabras, los corruptos, aunque anden en carros blindados, en jets privados y codeándose con todo el jet-set local, no son más que viles ladrones que se han apropiado indebidamente de los recursos de otras personas. Son gente fracasada que no ha logrado ganarse la vida en buena ley y recurre a robar lo que otros han generado para dar la apariencia de exitosos.

Es mucho más fácil robarles a los tributarios a través del Gobierno que directamente, ya que una vez el dinero pasa de manos de los tributarios a las de los gobernantes, deja de tener un verdadero propietario que vele por él y cae en las manos de administradores que, en la mayoría de los casos, están más ocupados en cómo echar mano de esos recursos para beneficio personal que en cuidar de su buen uso.

Si se intenta robar a una persona directamente, esta no tan fácilmente cederá la propiedad que le ha costado trabajo obtener y buscará los medios para protegerla, como por ejemplo, alarmas, sistemas de seguridad, etc. Y aún si le llegan a robar, dependiendo de las circunstancias, probablemente hará una acusación formal en contra del delincuente y existe la posibilidad de que este tenga que pagar por su crimen.

En el caso del dinero de los tributarios, no hay quien —con excepción de la no muy efectiva labor de la Contraloría General de Cuentas— proteja “su propiedad” y esta es fácilmente robada por funcionarios públicos y sus cómplices fuera del ejercicio público. Si quiere conocer un ejemplo muy reciente, solo oiga o lea cómo un funcionario del Hospital General extorsiona a un proveedor para que le dé“comisión” por entregarle los cheques de pago, situación aireada por las redes sociales y varios medios.

Así que ahora estamos a la espera de la dichosa ley anticorrupción para supuestamente poder perseguir a los ladrones que roban recursos de los tributarios. ¿Será que obtendremos en cambio una ley procorrupción?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 27 de septiembre de 2,012.

Aislado será, Vivar

¿Es un caso aislado o simplemente el que cayó en desgracia?

La semana pasada el revuelo en el mundillo político giró alrededor de la captura del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, y varios de sus compinches. La pregunta del millón es si esta captura es un “caso aislado” debido a algún tipo de presiones o si podemos esperar que, a partir de ahora, veamos a más funcionarios investigados y, si fuere el caso, acusados y atrapados.

Para cualquiera que conozca a alguien que tiene algún tipo de negocios como “contratista” del Estado, no es un secreto que desde hace mucho tiempo, por no decir “toda la vida”,
la corrupción ha campeado en muchas de las contrataciones que se hacen con fondos públicos. Y esto solo con las obras contratadas por el Ejecutivo. Lo mismo se puede decir de los “pagos” a diputados a través de la contratación de obras en sus jurisdicciones.

Si nos vamos a las municipalidades, hemos escuchado tantísimas historias de alcaldes que llegaron al cargo debiendo la campaña y que salieron con casas, carros, cuentas y cuentas. Las historias abundan a lo largo y ancho del país y he sabido de muchos exalcaldes que mejor se han ido, en algunos casos del pueblo, en otros hasta del país, para evitar las “habladas”, que no la persecución, ya que esta ha sido, hasta la fecha, virtualmente inexistente.

No puedo decir que todas las contrataciones ni que todos los funcionarios participen de la corrupción, pero de que mucho dinero de los tributarios se lo roban, se lo roban.

La estrategia no es muy distinta, en la mayoría de los casos, de la que acusan a Vivar y su “pandilla”. Utilizar empresas registradas por sus familiares y amigos que son contratadas para realizar proyectos sobrevalorados que muchas veces ni siquiera se ejecutan, pero sí se pagan. La otra forma de corrupción de la que se le acusa es a través de plazas fantasma, las cuales no son las únicas de las que se tiene conocimiento, pues nada más tomar posesión los diputados (incluso antes) ya se ve a los familiares, amigos y “colaboradores” haciendo cola en los pasillos del Congreso para cobrar las “colaboraciones” y degustar de los huesos prometidos durante la campaña.

El problema aquí no es si los funcionarios “caen” después de una larga “investigación” que se realiza porque cayó en desgracia con las autoridades de turno. Si se siguen dando los negocios entre empresas fantasmas o familiares de los funcionarios. O si llegará el ciudadano honrado, honesto y recto que terminará con estas prácticas de robo descarado. El problema es y seguirá siendo el sistema, hasta que decidamos cambiarlo por uno en el que los gobernantes se vean realmente supeditados a la voluntad de los mandantes y circunscritos estrictamente a su labor de representatividad y a algunas pocas funciones básicas.

Y si el gobierno central y el municipal continúan haciendo “obras”, está garantizado que este no será el último caso en que veremos la captura y posible proceso penal contra un funcionario. Lo que quizás sí suceda es que los practicantes del robo de nuestros impuestos pongan sus barbas en remojo y busquen nuevos mecanismos para jugarle la vuelta al sistema. Y se repite la máxima: gobierno grande, pueblo pobre. ¿Cuándo entenderemos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de septiembre de 2,012.

Incongruentes

La incongruencia de los estatistas es proverbial.

Las acciones de muchos estatistas son incongruentes con lo que dicen defender. Hablan maravillas sobre la acción del Gobierno y lo defienden a capa y espada, pero a la hora de la hora, resulta que ni ellos mismos confían en esa acción. Con sus hechos contradicen lo que sus palabras aconsejan. Así que es mejor fijarse en lo que hacen en lugar de escuchar lo que dicen.

Al final, la mayoría simplemente confirma lo que Frederic Bastiat dijo hace más de 150 años: “El Estado es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de los demás”. Esta es la descripción que mejor se adapta, no tanto a lo que dicen los estatistas como a lo que hacen.

Encontramos esas incongruencias por todas partes. Hace un par de días, por ejemplo, un matutino nos informaba que entre varias instituciones gubernamentales se gastan más de 50 millones de quetzales anuales en seguros privados de vida y gastos médicos para sus empleados. Esta noticia confirma las incongruencias a las que me refiero.

Resulta que la institución con el seguro más “oneroso” (según la nota) es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). ¿En dónde queda entonces el discurso de que el Gobierno necesita más fondos —los que esta institución recauda— para mejorar los servicios que presta? Si fueran congruentes con lo que dicen, ¿no creen ustedes que estos millones de quetzales que tanto les cuesta recaudar se debieran invertir en mejorar los servicios de salud que presta el Gobierno para de esa manera atender mejor, no solo a los empleados de la SAT, sino a todos los guatemaltecos?

Según la misma nota, los dos seguros más grandes son para los trabajadores de las empresas portuarias. En la misma nota se dice que la cobertura que tienen estos empleados se debe “al poder y la presión que ejercen sus sindicatos”. De seguro son de los mismos sindicalistas que ni bien se menciona algo sobre una “reforma previsional” pegan el grito en el cielo, se rasgan las vestiduras y hacen paros de labores para oponerse a la “privatización” del Seguro Social y de los servicios de salud gubernamentales. Pero, eso sí, cuando de su pellejo se trata, no les importa que se gasten los fondos de los tributarios para que ellos puedan gozar de un seguro privado de vida y gastos médicos.

¿No le parece no solo incongruente sino además hipócrita esa actitud?

Y así podemos encontrar muchos ejemplos de incongruencia, en temas similares, en empleados públicos y funcionarios de todos los niveles. Y eso que no estamos hablando de la corrupción abierta, sino de esta otra forma —que también considero que es corrupción— de utilizar “legalmente” los fondos de los tributarios.

La incongruencia de los estatistas se repite aquí y en todas partes del mundo. Hace poco también vi una nota que informaba que el 25% de los maestros en escuelas públicas en dos estados de los Estados Unidos envía a sus hijos a estudiar a colegios privados —estadística que no me extrañaría fuese similar en Guatemala—.

Al final, los hechos comprueban que muchos que hablan maravillas del Gobierno, a la hora de la hora lo único que les interesa es ver cómo hacen para aprovecharse de los tributarios y vivir muy bien a sus expensas. ¿Por qué no me extraña?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de septiembre de 2,012.

Testigos fraudulentos

Lo que vino a enseñar la CICIG es cómo falsear los testimonios.

Los ingenuos creían que la llegada de una organización internacional que estuviera por encima de la ley lograría erradicar la corrupción en el gobierno guatemalteco. Los que no nos tragamos los cantos de sirena sabíamos que esa era su debilidad más grande y la que acabaría corrompiéndola. Ni siquiera los más escépticos pudimos imaginar a los extremos que llegarían para defender lo indefendible.

Parte de la finalidad de la Cicig era apoyar a las instituciones guatemaltecas para que aprendieran cómo realizar mejor su labor para combatir a los criminales enquistados en el poder.
Lamentablemente, lo que nos hemos ido enterando es que, a lo sumo, la Cicig les ha enseñado a los locales cómo abusar del poder, cómo moverles la silla a los funcionarios que no resuelven como ellos quieren que resuelvan, pero más importante e inquietante, cómo intimidar a las personas para obligarlas a testificar fraudulentamente versiones que se ajusten a lo que la Cicig dice que es la “verdad”.

Hasta la fecha, la Cicig ha dejado una estela de casos fallidos, algunos de los cuales está haciendo hasta lo imposible porque no lleguen a juicio para que no se hagan públicos los abusos e ilegalidades que han cometido sus funcionarios.

La escuela de la Cicig se basa en conseguir “colaboradores eficaces” que atestigüen en contra de aquellos a quienes quieren condenar. Para ello se han valido desde de ofrecerles el oro y el morro hasta amenazarlos con acusarlos de crímenes que no han cometido, e incluso de que los van a “chillar” en la cárcel para que allí los “ajusticien”.

Con estos métodos han conseguido que criminales que no tenían nada que perder acepten testificar fraudulentamente a cambio de que los dejen libres y les den un exilio dorado. Las pocas personas que no han aceptado testificar las mentiras impuestas por la Cicig han pagado las consecuencias de tan temeraria actitud.

Esta semana, por ejemplo, escuchamos a Alejandro Giammattei denunciar públicamente en un programa radial cómo a él le ofrecieron sacar a su familia del país y darle tres millones de euros a cambio de que se convirtiera en “colaborador eficaz” en contra de los demás acusados en el caso Pavón. Giammattei no aceptó y eso le valió pasar varios meses en la cárcel y tener que enfrentar muchos recursos en su contra de parte de la Cicig, todos los cuales ganó.

En nuestro programa radial a través de Libertopolis también escuchamos el testimonio de la esposa de Fredy Herald De León Barrios, a quien la Cicig “escogió” como potencial “colaborador eficaz” contra un criminal de altos vuelos, a quien De León ni siquiera conocía. Como él se negó a testificar fraudulentamente, la Cicig lo acusó de un secuestro que él ayudó a evitar. Para armar el caso en su contra, los investigadores de la Cicig intimidaron a todos los testigos de descargo para que cambiaran su declaración, incriminándolo. De todo eso hay varias denuncias ante los juzgados y ante la PDH, que por lo menos sirven de evidencia, ya que en la PDH nunca hicieron nada por ayudar a De León.

¿Para más de eso quieren los actuales gobernantes que se renueve el mandato de la Cicig?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de septiembre de 2,012.

¿Quién mata?

¿Se reducirá la violencia prohibiendo las armas de fuego?

Cada cierto tiempo resurge en la palestra pública el tema de la prohibición de armas de fuego como método para reducir la criminalidad. Suele suceder luego de que algún asesinato conmueve a las personas. Sin embargo, no creo que sea esa la forma de solucionar el problema de la criminalidad. Es entendible que la primera reacción emocional de las personas ante un crimen impactante -todos lo debieran ser, pero la recurrencia de los mismos tiende a volvernos indiferentes- sea el condenar las armas con las que se cometen y, como corolario, creer que si se eliminan estas, se resolverá el problema.

Por ello no me extraña que en una consulta electrónica hecha por Prensa Libre, el 84% de las personas responda que sí a la pregunta: “¿Cree que debería prohibirse la tenencia y portación legal de armas de fuego en Guatemala?”.

Lamentablemente, esa no es la solución. Las armas simplemente son una herramienta, tan así que de hecho puede ser utilizada tanto para el bien —las personas defendiéndose de los criminales y las autoridades combatiendo el crimen— como para el mal —como las usan los criminales—. Aún si no existieran las armas de fuego, algunos seres humanos siempre encontrarían alguna otra herramienta con la cual dañar e incluso asesinar a otros humanos. No hay que escarbar mucho para probar ese punto: tres mil años de historia previa a las armas de fuego lo comprueban ampliamente.

Adicionalmente, como bien lo dice la pregunta de la encuesta de Prensa Libre, lo que se puede prohibir es la “tenencia y portación legal” de las armas de fuego, no su existencia. Lo que implica que, al igual que como sucede ahora, los criminales seguirán armados, mientras que los ciudadanos honrados que utilizarían las armas legales para defenderse de los criminales se quedarían indefensos.

Por definición, los criminales, delincuentes, ladrones, asesinos, actúan fuera de la ley, de otra manera sus acciones no serían ilegales. Por lo tanto, es tremendamente ingenuo creer que los que ya de por sí actúan fuera de la ley van a dejar de utilizar armas de fuego solo porque la ley se los prohíba. De hecho, la “tenencia y portación” de las armas de fuego de los criminales actualmente ya está prohibida por la ley, porque en su mayoría son armas “ilegales” las que ellos utilizan para cometer fechorías.

Y yo me pregunto: si las armas de fuego que actualmente utilizan los criminales son ilegales, ¿en qué los afectaría una ley que prohíba la tenencia y portación “legal” de las mismas? La respuesta es sencilla: En nada. De hecho, los beneficia, porque van a incrementarse las posibilidades de encontrar víctimas sin capacidad de defenderse.

El problema de la criminalidad no son las armas, especialmente las legales. El problema de la criminalidad se debe a una completa falta de certeza de castigo. Mientras los criminales sepan que pueden actuar impunemente, a plena luz del día, y que las posibilidades de que los persigan, capturen, enjuicien y condenen son ínfimas, seguirán cometiendo fechorías.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 30 de agosto de 2,012.

Nuevamente el radar

El cambio: mismo negocio, diferentes negociadores… ¿o serán los mismos?

Como si “el cambio” no fuera suficientemente parecido a lo que teníamos antes, ahora resulta que quieren embarcarse en la compra de radares y aviones sobrevalorados que intentaron hacer dos veces en el gobierno anterior. ¿No ha entendido Otto Pérez que le conviene separarse de lo que hacía el gobierno anterior, especialmente de las negociaciones cuestionadas?

Para ponerlo en contexto, en el 2009 el gobierno intentó que le aprobaran un préstamo por US$100 millones para la compra de radares, aviones y equipo brasileños, supuestamente para “controlar el espacio aéreo” y de esa manera combatir el narcotráfico. Desde esa ocasión argumentamos lo absurdo que era esa compra, no digamos lo sobrevalorada que estaba. Al final, no lograron que les aprobaran el préstamo y la cosa no pasó a más.

Dos años después, como indemnización al salir del gobierno, intentaron otra vez que les autorizaran el préstamo, solo que en esa ocasión le incrementaron el “precio” al equipo y ya iba por los US$170 millones. Tampoco en esta ocasión lograron su objetivo.

La sorpresa hace dos días es que Otto Pérez Molina sacó a relucir nuevamente la “necesidad” de obtener este préstamo para “fortalecer el control aéreo”. En esta nueva iteración del préstamo, lo bajaron a US$140 millones y por lo menos ya le hicieron algunos cambios, pero sigue siendo una compra cuestionable.

Ahora ya mencionan que los radares se los comprarían a la empresa española que produce los que ya están instalados en la región, que era uno de los cuestionamientos principales en la anterior propuesta ya que los radares brasileños no son compatibles con estos.

Pero los argumentos de fondo en contra de esta negociación siguen siendo los mismos de hace dos años: “Si lo que se quiere hacer es tener ‘controlado’ todo el espacio aéreo guatemalteco, esto se puede lograr añadiendo cinco radares primarios en lugares estratégicos, conectados al sistema ya existente. A ojo de buen cubero, cada radar podría costar unos US$5 millones, con lo que la compra no debería ser mayor a los US$25 millones. Aviones de alcance, que son los que se necesitaría aquí si lo que quieren es ‘combatir el narcotráfico’, se pueden conseguir en poco más de US$1 millón cada uno. Si van a comprar seis aviones, ya vamos por unos US$33 millones. La pregunta es: ¿En qué se van a gastar los otros US$67 millones?” —2012: ahora US$107 millones—.

“Todavía más, la pregunta debería ser: ¿Para qué gastarse ese dinero en un sistema ‘contra el narcotráfico’, cuando para principiar, ni es nuestra guerra y, además, ya los gringos tienen controlado el espacio aéreo de la región con sus Hawkeyes? Si no hacen más contra los aviones de los narcos, no es exactamente porque carezcan de información…”.

“Si lo que quisieran es resolver los problemas de violencia y criminalidad, sería una mucho mejor inversión la compra de helicópteros policiales, que con una inversión menor de los US$5 millones podrían tener el suficiente equipo para tener las 24 horas, los 365 días del año, un helicóptero siempre sobrevolando la ciudad y listo para llegar a cualquier escena del crimen en pocos segundos. Pero pareciera ser que esa no es la motivación...”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 23 de agosto de 2,012.

Artículos anteriores:

¿El último robo?  Septiembre 2,011.

¿Bossa-Roba? Junio 2,009.

Colados

Las reformas propuestas por el ejecutivo deben esperar su turno en la cola… 

Hace unos días, un grupo de ciudadanos planteó en la Corte de Constitucionalidad un amparo contra el Congreso, para que -como le ordena la Constitución- se ocupe sin demora de conocer y discutir las propuestas de reformas constitucionales que le han sido presentadas desde hace años, antes de conocer las nuevas que se le pretenden presentar. En otras palabras, ni siquiera el presidente se puede colar.

Lo que está pidiendo este grupo de ciudadanos es nada más que el Congreso cumpla con la Constitución.En ella se establece que cuando se le presentan propuestas de reformas constitucionales de acuerdo con los parámetros establecidos, este debe conocer sin demora las mismas. Esto no ha sucedido con ninguna de las siete propuestas que le han sido presentadas desde el año 2007. Es decir, para los diputados, “sin demora” significa por lo menos cinco años. ¡Hasta para una tortuga ese sentido de urgencia sería desesperante!

Pero el problema no solo es de tiempo sino las implicaciones de falta de respeto y desprecio que los diputados han manifestado hacia aquellos que dicen representar. No les importa que en un caso sean más de seis mil ciudadanos los que solicitan una reforma. En otro caso son más de 73 mil ciudadanos.
Como excusa, los diputados dicen que ya se les ha dado trámite y se han enviado las propuestas a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Pero los interponentes del amparo también argumentan que esa no es la vía que establece la Constitución, sino que las propuestas de reformas constitucionales, a diferencia de las iniciativas de ley ordinaria, deben ser conocidas por el pleno del Congreso y no por una comisión.

Lo que nos lleva al punto medular del amparo. Los interponentes solicitan que la CC haga valer el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Que el pleno del Congreso conozca, analice y decida sobre las propuestas que les han sido planteadas en el orden en que fueron presentadas.
La importancia de esto radica en que se ha mencionado que las reformas que pretende presentar el presidente van a ser tratadas “con premura” por los diputados. ¿Por qué deberían darle a esta propuesta un tratamiento distinto al que le han dado a todas las demás? ¿Solo porque es presentada por el presidente?

El punto no es que esta propuesta también sea puesta a hibernar en el Congreso, sino que a todas las propuestas presentadas se les debe dar prioridad. No porque una propuesta sea presentada por el presidente entonces se le debe dar trato preferencial y ponerla por delante de las demás.

Es exactamente lo mismo que si usted estuviera haciendo cola por largas horas para hacer algún trámite burocrático y de repente llega alguien dándose aires de importante y lo pasan al frente de la cola solo porque “es hijo de un funcionario”. ¿Le ha pasado esto a usted alguna vez? ¿Cree que es correcto?

En otras palabras, lo único que estos ciudadanos están pidiendo es que se respete el orden y que tanto o más valor tienen la firma de más de 70 mil ciudadanos como las del presidente y sus ministros. ¿Será eso mucho pedir?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 16 de agosto de 2,012.

Esfuerzo y Recompensa

El éxito es de los deportistas, no de los guatemaltecos ni mucho menos de los politiqueros.

El sábado, Érick Barrondo coronó el esfuerzo de varios años con una medalla de plata olímpica. La mayoría de guatemaltecos nos alegramos -muchos hasta las lágrimas- al observar el triunfo muy bien ganado de este compatriota, hazaña que ningún otro guatemalteco en 50 años de participación olímpica había logrado. Ahora bien, ¿es este un triunfo de los guatemaltecos? Como bien lo dijo John F. Kennedy, “el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano”. Ahora resulta que este éxito de Érick Barrondo, su entrenador Rigoberto Medina y el equipo de marcha es un triunfo de “los guatemaltecos”, de la dirigencia deportiva, de los medios y hasta de los politiqueros guatemaltecos.

Pues no, no es un triunfo de los guatemaltecos ni de la dirigencia deportiva ni mucho menos de los politiqueros guatemaltecos. Es un triunfo de Érick Barrondo.

Los demás podemos alegrarnos de su triunfo y desearle muchos más éxitos. Sentirnos orgullosos de que un compatriota haya logrado tal propósito. Emocionarnos de ver la bandera de Guatemala ondear por primera vez en la historia en una premiación olímpica. Sentirnos motivados a alcanzar metas más grandes, siguiendo el ejemplo de Barrondo. Pero hasta allí.

No fuimos “los guatemaltecos” quienes sufrimos las largas, monótonas y agotadoras horas de entrenos. No fuimos nosotros quienes padecimos las limitaciones que generalmente pasan la mayoría de deportistas en nuestro país. No fuimos nosotros los que limitamos nuestra vida familiar, sentimental, social y hasta educativa por enfocarnos en el propósito de llegar a alcanzar una medalla olímpica.

No sé usted, pero yo lo más que podría argumentar es que una infinitesimal parte del 3% de los impuestos que me ha quitado la SAT se utilizó en el entrenamiento de Barrondo y de los otros 18 deportistas guatemaltecos que tan buenos resultados han obtenido en esta Olimpiada. O que este año intenté entrevistar al entrenador Medina y a sus muchachos antes de que partieran para Londres pero no se pudo, por la disciplina de los entrenos. Nada de eso me da ninguna justificación moral para apropiarme de un éxito que no me corresponde.

Por eso es que me parece tan chocante —sin quitarle lo ridículo— que ahora el éxito de Barrondo tenga tantos “padres”, especialmente entre la dirigencia deportiva y entre los politiqueros de turno, para variar, saludando con sombrero ajeno. Si a esas vamos, cualquier premio o recompensa que se les dé a los deportistas con dinero de los tributarios es eso, dinero de los tributarios, no del presidente, no de los diputados, no de los dirigentes deportivos, y como tal se debe ver.

Me entristece, por otro lado, ver que hay personas que ni siquiera pueden alegrarse por el éxito ajeno y siempre van a encontrar algo de que agarrar su mezquindad para criticar las victorias de los otros. En esas ocasiones siempre recuerdo ese rótulo pintado en la pared de una empresa de Amatitlán: “Sin envidias, alegrémonos del bien ajeno”.

Yo, al menos, me he alegrado y me alegraré mucho con los éxitos de los deportistas guatemaltecos. Así que felicito a todos los que ya participaron y espero con ansias ver las competencias de los que todavía faltan.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 9 de agosto de 2,012.

¿IVEstigados?

¿Será que algún día nos enteraremos de lo que realmente pasó?


La renuncia del superintendente de Bancos y de la intendente de Verificación Especial la semana pasada es uno más de los incidentes que levantan sospechas sobre la estrategia nada lenta -y por lo visto muy segura- de toma del control del poder en las diferentes instituciones de la administración pública. Muchos rumores y denuncias han corrido desde que Víctor Mancilla presentó su renuncia a la SIB por “razones personales” y Susan Rojas renunció a la IVE, argumentando solidaridad con el superintendente.

¿Existieron o no presiones para que renunciaran? Difícilmente alguna vez lo sabremos a ciencia cierta. Es usual que funcionarios públicos renuncien a sus cargos y argumenten razones “personales” para hacerlo como una manera fácil de evadir la verdadera razón de las renuncias.

Sus razones tendrán, desde temer por su futuro laboral hasta, en algunos casos, temer las consecuencias que sobre ellos o sus familias podría tener decir lo que realmente sucedió. Por supuesto, tampoco se les puede obligar a que lo digan.

Lo importante es que nos percatemos de lo frágil y hasta inservible que en algunos momentos puede ser el sistema en el que vivimos. En este caso particular, más que incluso la SIB es la IVE la que se presenta como un botín político nada despreciable. Es la IVE la que primero tiene acceso a información de los movimientos “inusuales” en las cuentas bancarias, información que puede ser utilizada para fines ajenos a aquellos para los cuales supuestamente existe. Alternativamente, el control de la IVE puede aprovecharse para ocultar información que podría meter en problemas a más de algún funcionario y exfuncionario. Como suele suceder en mucha de la regulación absurda en nuestras latitudes, quienes actúan correctamente son quienes más se ven afectados por la misma, incurriendo en costos y retrasos innecesarios y a veces por sumas ridículas. Mientras que por el otro lado, es muy raro que nos lleguemos a enterar de algún hallazgo que relacione a funcionarios o “contratistas del Gobierno” en donde las transacciones son millonarias y no pasa nada.

También sucede que los gobernantes buscan la manera de poner en esos puestos clave a funcionarios “amigos” que sirvan, por un lado, para perseguir a los enemigos y, por otro, para tapar a los propios.
¿Qué va a pasar en las actuales circunstancias? Lo desconozco pero la experiencia me indica que hay que desconfiar de los políticos, especialmente cuando están gobernando. Lamentablemente, solo con el tiempo podremos saber si a quienes escojan servirán para lo anteriormente mencionado, o harán correctamente su trabajo.

Simplemente es muy improbable, por no decir imposible, que los movimientos realizados por los cercanos al poder no levanten sospechas. Aún si creyéramos que solo el 1% de todo el presupuesto se pierde en corrupción, ello representa unos Q600 millones. Recordemos que la misma vicepresidenta en sus tiempos de llanura se refirió a porcentajes mucho más altos que ese. Y entonces, ¿se pueden desaparecer Q600, Q6 mil o Q12 mil millones sin que nadie se percate de ello, pero cuando alguien alejado del poder quiere depositar US$5 mil casi lo hacen pasar por el detector de mentiras? No es computable…

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 2 de agosto de 2,012.

Olímpicos

La controversia no podía faltar en la delegación guatemalteca

Para quienes amamos el deporte, la delegación guatemalteca en los Juegos Olímpicos es un contraste de claroscuros que reflejan mucho de lo que día a día vivimos en otras facetas de nuestra cruda realidad. Por un lado está el brillo de los deportistas que se han ganado a puro esfuerzo, sudor, entrega y dedicación el derecho a participar en esas competencias, y por el otro están las dudas que se han suscitado recientemente alrededor del manejo de fondos, no solo en el COG, sino en todo el deporte “federado”.

Primero, los deportistas. Los 19 atletas guatemaltecos que clasificaron para las Olimpiadas ya son triunfadores. Solo los mejores del mundo logran las marcas requeridas para participar. Luego del trabajo de muchos años, creo que esta delegación tiene más oportunidades que ninguna anterior para conquistar una medalla. Todo aquel que haya practicado algún deporte más de alguna vez ha soñado con una medalla olímpica. Pero conquistar ese sueño es algo que pocos han logrado. Nadie lo ha hecho sin dedicar una buena parte de su vida a eso, desatendiendo muchas veces la vida profesional, social, sentimental e incluso familiar, con tal de enfocar todos los esfuerzos de manera disciplinada en alcanzar ese objetivo.

Hace un par de años entrevisté a Frank Shorter —ganador de la maratón olímpica en 1972, en Múnich, y subcampeón en la de Montreal, en 1976— y me contó de la dedicación y disciplina que le requirió su carrera deportiva, al grado de que durante sus 10 mejores años corría un promedio diario de 30 kilómetros.

Así que todos los atletas guatemaltecos merecen nuestro amplio reconocimiento por haber logrado la primera meta, clasificar para los Olímpicos, y esperamos que más de uno vea coronado su esfuerzo con una medalla olímpica.

Aunque las cosas han cambiado desde que yo participaba en competencias deportivas de adolescente, me temo que la mayoría de los atletas guatemaltecos que han llegado a destacar internacionalmente lo han hecho de la misma manera que sus antecesores: a puro esfuerzo propio y en algunos casos no me extrañaría que incluso ante la oposición de los “dirigentes” deportivos.

No es porque yo crea que debería ser de otra manera, ya que estoy convencido de que así es como debiera ser. Sin embargo, en Guatemala la Constitución nos obliga a los tributarios a subsidiar el deporte con un 3% de los ingresos del Gobierno. Para su referencia, eso representa unos Q1 mil 200 millones anuales. La pregunta del millón es: ¿qué se hace todo ese dinero?

Lamentablemente la fiscalización en Guatemala nunca ha funcionado muy bien, menos en el deporte. Sólo en actividades como estas nos enteramos de cosas como que viajan más de 60 personas, pero los deportistas solo son 19. Cuando los intentan fiscalizar, no responden. Por ejemplo, el diputado Leonel Lira, durante varias semanas, solicitó la información del viaje, pero apenas hasta hace poco le respondieron indicando que viajaban 19 deportistas, 15 entrenadores y seis miembros del comité. ¿Y las otras 20? ¿Nos enteraremos algún día de cómo se maneja el dinero “del deporte”?

Les deseo mucho éxito a todos los atletas guatemaltecos deseándoles que puedan alcanzar su sueño.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 26 de julio de 2,012.
Fotografía: Prensa Libre.

¿Quién paga la deuda?

La nueva ocurrencia para salir de la crisis de la deuda europea...

En medio del debate sobre la crisis de la deuda de los gobiernos europeos, un estudio reciente planteó la idea de “pagarla” con la fortuna de los millonarios y que así se resolvía el problema. ¡Qué fácil para alguien plantear una solución así, sin medir las consecuencias y, peor aún, sin entender cuál es el problema! Tomando en cuenta que si las cosas no cambian vamos en esa misma ruta, es bueno considerar desde ya el problema.

El estudio fue presentado por el Instituto Alemán de Estudios Económicos y, según las notas de prensa,  lo que proponen es que a los “más adinerados” se les obligue a comprar la deuda de sus países. Según ellos, “el 40% de las fortunas de los ricos de la eurozona permitiría pagar la totalidad de la deuda que acumulan los estados que comparten la moneda única”. Añaden que “dependiendo de los progresos del Estado, esa deuda se podrá devolver más adelante con sus respectivos intereses”.

Quien haya hecho este estudio, por lo visto, desconoce o no quiere reconocer cuál es la causa de la deuda. No hay que perderse. El origen de la deuda es el gasto excesivo de los gobiernos, y este a su vez es una consecuencia de esa errónea pero popular idea de que el sistema del Estado benefactor mercantilista es la herramienta adecuada para hacer una “redistribución” de la riqueza.

No han entendido quienes así piensan que ese sistema es insostenible en el largo plazo. Lamentablemente, el largo plazo es demasiado largo para los políticos y también para la mayoría de las personas que prefieren hipotecarlo a cambio de una engañosa “mejora” en el corto plazo.
Es especialmente engañosa porque la famosa “redistribución” que hace no es ni pareja ni justa como muchos de ellos creen, sino que beneficia mucho más a quienes están cerca del poder o pueden hacer más bulla que los demás.

El problema no se resuelve quitándoles la deuda a los gobiernos. Sin la carga de la deuda, los políticos mañana mismo lo empiezan a endeudar nuevamente y con más bríos. El problema solo se va a resolver cuando los políticos y la gente aprendan a no esperar que “el Gobierno” les resuelva todos sus problemas, porque antes de hacerlo debe quitarle recursos a alguien más —muy probablemente a ellos mismos— para intentarlo. Al final no lo logrará, o si lo hace saldrá mucho más caro que si los individuos lo hicieran ellos mismos.

Creer que quitándoles su fortuna a los ricos el “sistema” será más justo es una tontería. Aparte de lo inmoral, lo que se logrará reduciendo aún más el derecho a la propiedad es desincentivar la inversión, lo que al final le termina pegando a los más pobres, a través de falta de empleo y oportunidades.

Si lo que les molesta es que muchos hayan hecho sus fortunas a la sombra del “Estado”, pues esa es precisamente una de las características de ese sistema, y lo que deberían buscar es cambiar el sistema, no agrandarlo.

Me impresionan sobremanera las reacciones y comentarios publicados en la misma nota de prensa. Definitivamente no mucha gente se preocupa por entender lo que pasa, menos aún por qué pasa. Espero que usted no sea uno de ellos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 19 de julio de 2,012.

Fracaso Anunciado

Como era de esperarse, el paquetazo y la ley anti inversión II han reducido la recaudación fiscal...

Cuando dijimos que el paquetazo fiscal y las leyes antiinversión tendrían como resultado que la recaudación bajara, se nos tildó de locos, antisistema, antipatriotas, defensores de los evasores y muchas otras cosas que por respeto a los lectores prefiero no repetir. Pero el tiempo pasa y las primeras evidencias empiezan a confirmar lo que en su momento aseveramos.

En unas declaraciones dadas el día lunes ante diputados de la bancada de la UNE, Dorval Carías, viceministro de Finanzas, indicó que se tenía previsto que la carga tributaria llegara este año al 11.1%; sin embargo, no se cumplirá con ese presupuesto, y lo más probable es que la carga tributaria cierre el año en 10.9%. De una vez se adelantó el viceministro a acusar como responsable de esta recaudación menor a “la falta de aprobación de la ley que flexibilizaría el secreto bancario y que le permitiría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acceder a la información de las cuentas bancarias de los contribuyentes” (elPeriódico, 10/7/12, p.10).

¡Qué fácil es para los burócratas y tecnócratas zafar bulto de sus metidas de pata!

Es importante recordar que durante mucho tiempo los burócratas, los tecnócratas, los del G40, los de la ONU, etc. nos estuvieron remachando que con las leyes antiinversión —antievasión, por si no lo entendió— y con el paquetazo fiscal —pacto fiscal, para ellos— se iba a incrementar la recaudación. Ese era el gran argumento para justificar la aprobación de estas leyes. También era el argumento para descalificar cualquier oposición: los que se oponen es porque no quieren pagar más impuestos.

Pues bien, a pesar de la oposición que algunos hicimos, el mundillo político y tecnócrata logró la aprobación de ambas leyes antiinversión, logró la aprobación del paquetazo fiscal y solo le quedó pendiente la eliminación del debido proceso para pasar sobre los derechos de los ciudadanos —lo que eufemísticamente denominan “eliminar el secreto bancario”—. Se aprobaron y ya están en vigencia, con excepción de algunas normas que empiezan a funcionar el año entrante.

¿El resultado?, como ya lo veíamos venir quienes en su momento lo advertimos: la recaudación tributaria empezó a “desacelerarse”. Ahora ya pasamos al siguiente grado y la recaudación está cayendo. Para su referencia, el año pasado la carga tributaria fue de 11.0%. Si lo que todos los impulsores de esta legislación dijeron fuera cierto, la misma debiera crecer este año, que de hecho es lo que tenían “presupuestado”; sin embargo, la realidad es que, lejos de crecer, la carga tributaria disminuirá. Por aquello de las dudas, hago la comparación de la recaudación en términos relativos y utilizando sus propias cifras, para que no salgan con otras excusas.

Lamentablemente el tiempo nos da la razón. Lo peor es que la caída de la recaudación tributaria es el menor de los problemas. Las consecuencias serias apenas las empezamos a percibir: caída de la inversión, caída del empleo, empresas que han trasladado sus operaciones a otros países. El año entrante las consecuencias serán mucho peores.

¡Lástima que los políticos no entienden de estas cosas y se dejan apantallar por los “expertos” que en su vida han creado riqueza ni pagado una planilla!

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 12 de julio de 2,012.

22 gramos

Colombia y Uruguay se nos adelantaron...

En lo que Otto Pérez Molina anda ensimismado tratando de quitarse de encima el mote constitucional de mandatario, Colombia y Uruguay se nos adelantaron en el proceso de la despenalización de las drogas. El liderazgo que había tomado Guatemala en este tema empieza a ser relegado por otros mandatarios que se han portado más ágiles y sagaces.

La semana pasada, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que los colombianos pueden portar dosis mínimas de estupefacientes para consumo personal, sin que se les pueda detener ni acusar penalmente. La Corte incluso estableció cuál es esa dosis mínima: 1 gramo de cocaína o 22 gramos de marihuana. Cualquier persona a la que se le encuentre una dosis mínima de estas drogas podrá ser tipificada, a lo más, dependiendo del estado en que esté, como enferma, y ser tratada física y sicológicamente como tal, pero no detenida ni encausada judicialmente.

Este dictamen de la Corte aleja definitivamente a Colombia del cauce que el gobierno de Álvaro Uribe le había impreso hacia la penalización de los usuarios de drogas y la encauza hacia la visión más abierta de Santos, en la línea de tratar las adicciones a las drogas como un problema de salud y no como uno penal. ¿Es esto suficiente? De seguro no lo es, pero es un primer paso en la línea correcta.

El presidente de Uruguay, José Mujica, también dio un gran paso hace unos días, al presentar al Parlamento una propuesta para despenalizar el consumo de marihuana. No estoy completamente de acuerdo con la propuesta de Mujica, ya que esta convierte al Gobierno en el productor y vendedor monopolista de la marihuana, pero aun así creo que es un muy buen experimento. Al parecer, el partido de Mujica cuenta con los suficientes votos y aliados para que la propuesta sea aprobada en ambas cámaras, lo que no quita que la propuesta sea controversial y haya mucha discusión y opiniones encontradas sobre la misma, tanto en Uruguay como fuera.

En ambos casos, creo que lo importante es que la marea empieza a cambiar y la despenalización de las drogas cada día se convierte en algo más cercano y posible. Los muchos años que quienes hemos promovido la legalización de las drogas parecíamos arar en el mar, finalmente parecen empezar a dar frutos. ¿Es algo que va a cambiar de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Estos son apenas unos débiles pasos en la dirección correcta, pero ya empezamos a caminar.

Debo añadir un elemento adicional. Estoy convencido que el regreso del PRI al poder en México tiene su raíz en la absurda y trágica guerra contra las drogas en la que Calderón embarcó a todo el país. Esperemos que hayan aprendido la lección y estén dispuestos a considerar las alternativas. La presión de Estados Unidos puede ser mucha, pero los muchos miles de muertes sin sentido de los años recientes deben pesar más. Ese no es el camino a seguir. Las pruebas abundan en muchos cementerios a lo largo y ancho de ese gran país. Ha llegado el momento de considerar otra ruta.

Mientras tanto, en Guatemala, pudiendo liderar esta ruta, perdemos el tiempo con un paquetazo constitucional dictatorial. Triste nuestro caso.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 5 de julio de 2,012.

Paquetazo Constitucional

Para mi no hay duda, me voy por ProReforma.

Ahora que ya se conocen las reformas constitucionales propuestas por Otto Pérez Molina y sus asesores, con mayor seguridad puedo decir que no estoy de acuerdo con ese paquetazo constitucional y sostengo que si se van a hacer reformas a la Constitución, las que deben hacerse son las de ProReforma. Luego de ser invitado esta semana a una presentación de las reformas y participar en la sesión de dudas y sugerencias, estoy convencido de que no puedo apoyar estas reformas. Estoy también más convencido que nunca de que la propuesta que se debe apoyar es la de ProReforma.

Creo importante recalcar que debemos ser conscientes de la importancia y trascendencia que una reforma a la Constitución tiene. Si hasta con la legislación ordinaria se debe ser muy cuidadoso de considerar todos los efectos que la misma puede tener, no solo sobre un grupo de personas sino sobre todas las personas y no solo en el corto plazo sino también en el largo plazo, para los cambios a la Constitución se debe ser todavía mucho más minucioso en ese análisis, lo que considero no se ha podido hacer con la referida propuesta, ni siquiera por los mismos que la están proponiendo. ¿Y cómo me atrevo a declarar semejante cosa desconociendo el proceso que han llevado? Simple: el mismo presidente indicó que le han dedicado mes y medio a este proceso. Es imposible, en tan poco tiempo, considerar todas las consecuencias que pueden tener. Para su referencia, la elaboración de la propuesta de ProReforma le llevó a un grupo de personas más de 10 años.

La mejor prueba de esa falta de consideración de todas las probables consecuencias me la dieron ellos mismos durante la presentación a raíz de un tema relacionado con la libertad de expresión que yo saqué a relucir con una de las reformas, el cual, a juzgar por su reacción, ni siquiera les había pasado por la mente. Quiero creer que, por lo menos en el caso del presidente esto es cierto, aunque tendría serias dudas en considerar que más de alguno de sus asesores sí lo había pensado y no había dicho nada para que se aprobara así y después aprovecharse de ese “error”.

Pero esta es solo una probable consecuencia —entre muchas otras que la misma oración podría tener en toda la actividad productiva del país— de un solo párrafo de las reformas. ¿Cuántas miles de otras más se les habrán pasado por alto? Y lo que es todavía más inquietante, ¿cuántas probables consecuencias sí consideraron ellos con estas reformas las cuales todavía no hemos podido descifrar? ¿La reelección? Está a la vuelta de la esquina como se le salió a uno de los asesores: “Solo tomará una reforma y no dos”.

Entre las reformas propuestas por los acuerdos de paz —que el presidente y sus asesores confirmaron que en su mayoría se incluyen en estas reformas— y las demás añadidas por ellos, considero que, en general, estas reformas tienden a debilitar el poder de los ciudadanos y fortalecer el poder de los políticos.

Lamento sinceramente que los políticos tengan una visión tan de corto plazo. Siguen sin entender que el poder es efímero y que 4, 8 ó 12 años más tarde, ellos y sus descendientes serán quienes deban sufrir —junto con todos los demás— los abusos de poder del dictador de turno.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 26 de junio de 2,012.

¿Cuál competencia?

No se necesita más regulación sino menos trabas...

A raíz de la visita, la semana pasada, de uno de los comisionados para la Competencia de México, se le ha dado énfasis en los medios a la “importancia” de la aprobación de una Ley de Competencia. Lo que necesitamos no es una Ley de Competencia, sino que se eliminen las trabas que existen para competir.

Muchos justifican las leyes de competencia bajo el argumento de que los mercados son imperfectos y que, por tanto, es necesaria la participación de los reguladores para “reducir las imperfecciones”. De entrada, considero que quien argumente que los mercados son perfectos, no tiene la más remota idea de qué son. Por supuesto que los mercados son imperfectos. Son imperfectos porque no son más que el resultado de las cientos, miles o millones de transacciones que se realizan diariamente por cientos, miles o millones de personas involucradas en el comercio de algún tipo de producto o servicio.

Las personas que participan en la toma de decisiones que sumadas constituyen un mercado son —como todo ser humano— imperfectas. Pero adicionalmente, ninguno tiene ni puede tener toda la información que existe sobre ese producto o servicio y las transacciones que del mismo se llevan a cabo cada instante. De ahí que la información no es perfecta, las decisiones tampoco lo son, y por lo tanto, los mercados resultantes no pueden ser “perfectos”. Lo que hace que los mercados funcionen es la información que transmiten a través del sistema de precios. A través de los precios, una persona en cualquier parte del mundo puede tomar decisiones aunque desconozca cuáles son todos los factores que en ese momento inciden sobre ellos.

El punto no es que los mercados sean imperfectos, la pregunta del millón es ¿cuál es la alternativa? Lo que es válido para todos los participantes es todavía más válido para un regulador alejado de la toma de decisiones y que su dinero no está en juego en las mismas: no puede tener toda la información de lo que pasa. Con el agravante que las decisiones que él tome serán mucho peores que las que toman diariamente todos los involucrados, debido al poder que este tiene para alterar el sistema de precios.

El argumento de que es para evitar monopolios o acuerdos de precios tampoco es válido. Para evitarlos, lo que se necesita es eliminar todas las barreras de entrada a una actividad. La única forma en que son sostenibles los monopolios o los acuerdos de precios es cuando se obstaculiza exprofesamente el ingreso de nuevos competidores.

Si lo que realmente se quiere es que exista competencia, lo que se necesita es eliminar todas las trabas de ingreso a cualquier actividad económica. Si no existen barreras de ingreso, aunque haya un solo oferente, este no podrá incrementar los precios por mucho tiempo antes de que la competencia llegue.

El último argumento es el más ridículo. “Somos el único país de la región que no tiene una ley de competencia y los europeos nos la exigen”. Si realmente quieren que exista competencia y los “fuerzan” a tener una ley de competencia, lo pueden resolver de manera fácil. Emitan una ley de competencia que tenga un solo artículo: “Se anulan todas las barreras de entrada para cualquier actividad económica”. Y ya estuvo. Cumplen con el requisito y realmente liberan la competencia. Todo lo demás es una quimera burocrática.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 21 de junio de 2,012.

Caricatura: Pacote

Depende de qué reforma

Los cambios a la Constitución podrían ser para mejor, pero también podrían dejarla peor...

La semana pasada argumenté que no estoy de acuerdo con que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente porque esta implica una amenaza directa a los derechos individuales que la actual Constitución protege. Sí estoy de acuerdo en que se tienen que hacer reformas a la Constitución, pero no cualquier reforma. La que yo apoyo es la de ProReforma, que los diputados han tenido durmiendo en el Congreso.

Porque estoy convencido de que es necesario reformar el sistema para encaminarnos hacia un verdadero estado de Derecho, lo que desde hace años he apoyado, y lo sigo haciendo, que es la propuesta de ProReforma. Esta es una ponencia muy bien pensada, a la cual un grupo de intelectuales le dedicó 10 años de preparación. Adicionalmente, en ProReforma seguimos el camino establecido por la misma Constitución, consiguiendo el apoyo no solo de los cinco mil ciudadanos que la Constitución requiere, sino de más de 73 mil ciudadanos que la apoyan y por lo mismo firmaron la solicitud presentada al Congreso.

Lamentablemente los diputados, sabiendo que afecta sus intereses de corto plazo, han preferido tenerla durmiendo el sueño de los justos y no presentarla, como es su obligación, para que la población decida si le parece o no.

Y digo específicamente que afecta sus intereses de corto plazo, porque aunque ellos no lo entiendan o no lo quieran reconocer, en el largo plazo, todos, incluyendo los mismos políticos, estaríamos mejor si se logra cambiar el sistema a manera de que se respeten los derechos individuales de todos y que el sistema de justicia funcione de una mejor manera a como lo hace en el presente, con los incentivos actuales.

Y aunque sé los beneficios potenciales que la propuesta de ProReforma podría tener, tampoco soy partidario de imponerla sobre otras, como pareciera ser que a los políticos les interesaría hacer con sus propuestas. Considero que los ciudadanos guatemaltecos son los verdaderos mandantes y en quienes realmente radica el poder y, por lo mismo, deben ser ellos quienes decidan libremente si quieren que se hagan reformas y qué reformas quieren que se hagan.

Por eso, considero que los diputados están obligados a presentar ante la ciudadanía las propuestas planteadas cumpliendo el procedimiento establecido por la Constitución y que sea la ciudadanía que decida lo que desea que se cambie.

No faltará quien argumente que la ciudadanía se va a “confundir” con varias propuestas y que por ello es mejor que los diputados hagan un “chirmol” de las mismas, de acuerdo con lo que ellos consideren mejor, y que la ciudadanía entonces solo tenga que decir sí o no a una sola propuesta.
A lo que yo argumento que no podemos menospreciar a la ciudadanía, creyendo que son borreguitos que no entienden las propuestas. Muchos de los ciudadanos podrán no tener educación formal, pero eso no quiere decir que no entiendan nada o que no tengan sentido común. Así que, si los políticos quieren cambiar la Constitución, que propongan sus propias reformas, pero consulten todas las propuestas a la ciudadanía y que sea esta la que decida. O qué, ¿le tienen miedo a que los ciudadanos decidan?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 14 de Junio de 2,012.

ANC: Aquí no cuentan

Los politiqueros quieren debilitar la camisa de fuerza que les impide enseñorearse de los demás...

Que no lo engañen. No es por la “modernización” del Estado, ni por el beneficio de las “mayorías”, ni por ayudar a los más pobres, ni por las amenazas del crimen organizado, ni porque los guatemaltecos estemos mejor. No es por ninguna de esas razones por las cuales los politiqueros quieren que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, (ANC). La verdadera razón es porque no les gusta que la Constitución le ponga límites a su actuar y quieren quitarle todos los candados posibles para enseñorearse de los guatemaltecos, pero especialmente de su dinero. Esa es la triste realidad.

Hay que entender que el concepto detrás de las constituciones es limitar el poder de los gobernantes para que no pasen por encima de los derechos de los habitantes de un país. En pocas palabras, es una camisa de fuerza que limita lo que los políticos pueden hacer para que no se enseñoreen de un país. Es la principal garantía que tenemos los habitantes de un país de que los políticos no se aprovecharán del uso de nuestros recursos para convertirnos en súbditos y esclavos.

Y estas garantías están establecidas principalmente en la primera parte de la Constitución, la parte “dogmática”, la cual no puede ser modificada sino por una Asamblea Nacional Constituyente. De ahí que no nos debe extrañar que los politiqueros quieran aprovechar esta oportunidad para hacer cambios aquí, que es donde pueden librarse de algunos de esos candados que tanto les pesan.

Hay que hacer notar que la ANC solo es necesaria para cambiar el capítulo de los “Derechos Individuales”, por lo que la pregunta del millón es: ¿por qué les interesa a los políticos que se puedan cambiar los derechos individuales consignados en la Constitución?

Yo creo que ninguna consideración actual es lo suficientemente grande como para arriesgar que nuestros derechos individuales sean manoseados por los políticos de turno. Si al tema de seguridad se refiere, ya tenemos el ejemplo que ni a los políticos ni siquiera a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad les ha importado violar los derechos individuales consignados en la Constitución, al aprobar y sostener violaciones a los mismos, como por ejemplo la intercepción de llamadas telefónicas. Si no les ha importado pasarse la Constitución por el arco del triunfo en aras de la “seguridad”, ¿qué podemos esperar que no hagan cuando tengan a su disposición poder eliminar cualquier derecho de los ciudadanos que a los políticos les estorbe?

¿Se necesitan cambios a la Constitución? Definitivamente. Pero no cualquier cambio y especialmente no aquellos que puedan reducir nuestros derechos individuales. El convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es completamente inaceptable desde todo punto de vista. No se necesita para reformar lo que los políticos dicen que quieren reformar. No deje que los politiqueros lo engañen con ese cuento y al final le digan lo que para ellos representa una ANC: los ciudadanos y sus derechos Aquí No Cuentan.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 7 de junio de 2,012.

Es cuestión de huevos

La meta es hacer que tu gallina ponga huevos y vivir de ellos.

Anoche, junto con María Dolores Arias, en nuestro programa radial +Negocios, tuvimos el honor de presentar el nuevo libro del Dr. Eduardo "Guayito" Palacios: Cómo hacerla en la vida. Es un manual de finanzas personales para lograr una vida exitosa, saturado de sentido común. En estas doradas épocas en las que vemos cada vez más obstáculos para nuestro desarrollo, tanto locales como internacionales, lo considero una lectura obligatoria para todos aquellos que quieran una vida mejor. Es también aplicable para los países, pero cada vez dudo más de que a los políticos realmente les interese el bienestar de los demás.

Para ilustrar los principios que aprendió a raíz de una dura experiencia personal con las deudas, Guayito utiliza una simple alegoría de granos, gallinas y huevos. “Los granos son los billetes generados por el trabajo. Cuando logramos que algunos de esos billetes queden en nuestras manos, luego de cubrir nuestras necesidades, obligaciones, comodidades y gustos, es que empezamos a construir nuestro capital, es decir, a engordar o alimentar nuestra gallina. Si el capital lo invertimos en propiedades, nos producirá alquileres; si lo invertimos en bancos, intereses; y, si invertimos en negocios o en bolsa, dividendos, utilidades, ganancias o regalías; a estos llamaremos huevos”.

Así de sencillo: los granos son los ingresos que producimos con nuestro trabajo; la gallina, el capital que logramos ahorrar, y los huevos, los ingresos que ese capital nos reditúa. La meta es hacer que la gallina ponga huevos y vivir de ellos.

Le dedica una buena parte del libro a convencernos sobre lo pernicioso que es endeudarnos por cosas que pierden su valor y no producen beneficios, y a mostrarnos el camino para salir de las deudas de este tipo, lo que considera ser condición sine qua non para la prosperidad.

Otra buena parte del libro se centra en que forjemos la disciplina necesaria para no gastarnos todo el dinero que entra, de tal suerte que podamos alimentar nuestro capital para que en el futuro podamos vivir de lo que este produzca. Y aquí creo que deja de ser simplemente un manual de finanzas y nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestro carácter: ¿Nos dejamos llevar por la emoción de la gratificación instantánea o somos capaces de aplazar la recompensa? Esta sencilla disyuntiva es la diferencia entre el éxito y el fracaso de las personas, de las familias y de los países; y no solo en los temas financieros.

El hecho de que Guayito explique de manera tan sencilla y fácil de comprender estos principios universales no les resta para nada su importancia, y es uno de los mejores métodos que he visto para ayudar a cualquiera —tenga un doctorado o no haya pasado siquiera por la primaria— a entender algo que pocas veces le enseñan a uno cómo manejar sus finanzas personales.

Por muy bien o mal que sus finanzas estén en este momento, le recomiendo que le dé una mirada a este libro, que de seguro le ayudará a prosperar en la vida. Al final, hacerla en la vida es pura cuestión de huevos.

Este artículo fue publicado en Prensa Libre el jueves 31 de mayo de 2,012.

Es mentira

Los ingresos tributarios no están cayendo por la crisis en Europa, sino por los problemas del paquetazo fiscal.

Como era de esperarse, el paquetazo fiscal iba a tener consecuencias adversas en el crecimiento económico y, como consecuencia, en la recaudación fiscal. Cualquiera -menos quienes impulsaron las reformas- podía prever los problemas que tendría, aunque ni siquiera los más escépticos nos imaginábamos lo nefasta que iba a ser. Lo que más cólera da es ver a los responsables directos de los problemas, empezando con el presidente, tratar de tapar el sol con un dedo.

La semana pasada, cuando ya no se podía ocultar la realidad, los funcionarios de Finanzas dijeron que la recaudación tributaria empezaba a “desacelerarse”, especialmente en el IVA de las importaciones, pero se lavaron las manos olímpicamente —vaya ironía—, diciendo que la culpa era de la crisis en Europa, por causa de Grecia. ¿En qué cabeza cabe que cuando hay crisis en los mercados a los que les vendemos lo que caiga sean las importaciones y no las exportaciones?

Claro. Su arrogancia no les permite aceptar que la “desaceleración” es una consecuencia directa de las trabas absurdas que la nueva legislación —y eso que solo se ha empezado a implementar una parte— les ha cargado a los tributarios. Ellos no parecen entender que el costo de no tener un producto hoy es altísimo. Que una venta que pierdo porque el cliente necesita el producto hoy y yo no se lo puedo proveer es una venta que nunca haré.

En los meses que le ha llevado a la SAT “entender” la nueva legislación, he conocido historias, cada una más trágica que la anterior. Una amiga tuvo su negocio más de un mes sin su producto estrella porque se tardó cuatro semanas en sacarlo de aduanas, cuando antes se tardaba tres días. En la empresa de otra amiga, que importa productos para toda Centroamérica, tuvieron que cambiar completamente sus canales de distribución. Antes traían las cosas a Guatemala y de aquí las distribuían. Desde el mes pasado movieron sus operaciones a Honduras y ahora desde allá las envían.

Uno de los peores fue el caso de un radioescucha que tuvo que despedir a cien empleados porque no podía sacar la materia prima de las aduanas. ¿Creen los señores de Finanzas que el dinero se produce en árboles o por generación espontánea? ¿Cómo quieren que crezca la economía, y por ende la recaudación fiscal, si lo único que saben hacer es ponerle trabas?

El premio se lo llevó el presidente, que fue a dar una vueltecita por Santo Tomás, el sábado, y declaró: “Hice un recorrido, y no hay colas, no hay problemas, todo estaba ordenado. Se habla de retrasos, pero no existen”. Su vuelta por la aduana me recordó los viajes que les daban a los turistas y políticos extranjeros en la Unión Soviética, y los llevaban a una comunidad “modelo”, de la que regresaban hablando maravillas porque nunca llegaban a conocer la realidad, solo el escenario que montaban para ellos. Sálgase de la rosca, y trate de entender a quienes quieren producir y su administración no los deja.

Según me cuentan, poco a poco han ido mejorando los tiempos en la aduana, pero el daño ya está hecho. Los que se fueron, se fueron. Los que cerraron, cerraron. Y eso que solo se ha implementado una parte de la legislación. ¿Cómo estaremos cuando se implemente el resto?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 24 de mayo de 2,012.

Intereses en conflicto

El problema, señor presidente, es precisamente el tráfico de influencias…

Ahora que empezamos a conocer dudosas transacciones en la administración del PP, es importante que los funcionarios —si realmente están interesados en la transparencia— entiendan cuál es el fondo del asunto y que el problema es, precisamente, el tráfico de influencias.

En algunos casos, como el de un diputado oficialista, el del secretario privado de la Vicepresidencia y el del subsecretario de la SAAS, los funcionarios habían estado vinculados a las empresas, siendo incluso sus representantes. Previendo la cercanía de llegar al poder, “cumplieron con el formalismo” —según las mismas palabras del presidente— de desvincularse legalmente de ellas, aunque siguen “vinculadas” a sus familiares o amigos. Y apenas llegaron al poder, lo aprovecharon para que las empresas —ahora supuestamente de sus familiares o amigos— se vieran favorecidas con contratos millonarios.

En una entrevista al presidente, publicada el martes en un matutino, cuando se le dice que amigos o familiares de los funcionarios continúan al frente de esas empresas, responde:

“Correcto, pero de ellos hay una desvinculación legal, eso fue lo que reportaron. Lo que hicieron fue cumplir un formalismo. ¿Qué es lo que tendríamos que cuidar ahora? ¿Qué es lo que tendría que cuidar la Secretaría de Transparencia? ¿Qué tendría que cuidar la misma Contraloría General? ¿Qué tendría que cuidar la Fiscalía contra la Corrupción? Lo que se tiene que cuidar es que no vaya a haber tráfico de influencias”.

El mismo presidente reconoce que esta “desvinculación” legal no es más que un formalismo para acceder al poder. Lo que parece no colegir es que la falsedad de ese “formalismo” es la que prepara el escenario para el tráfico de influencias.

Hablando con unas personas hace unos días, me hacían énfasis que en la legislación no existe una prohibición expresa para contratar empresas de familiares y amigos, y que, por tanto, se puede hacer. —No estoy de acuerdo en ese positivismo jurídico, pero eso es tema de otra discusión—. Pues aunque no se cometa un “delito” —y pareciera ser que esa es la postura del presidente—, sí considero que existen muchos conflictos de interés que abonan a la corrupción.

Y es precisamente por estos conflictos de interés que se ha buscado mecanismos que intenten minimizarlos, como, por ejemplo, las restricciones de la Ley de Compras y Contrataciones para que se hagan procesos abiertos en los cuales cualquiera pueda participar y sea más difícil que los funcionarios discrecionalmente decidan cómo gastarse los fondos de los tributarios.

Lamentablemente en el actual gobierno, al igual que en los anteriores, le han jugado la vuelta a estas restricciones a través de las compras directas y las compras por excepción, al grado que, según una investigación de la bancada de Encuentro por Guatemala, más del 90% de las compras en esta administración se han hecho a la sombra de esos procedimientos.

¿Quieren que les creamos que su “discurso de la transparencia no es del diente al labio”? Demuéstrenlo haciendo correctamente las cosas, y no saltándose las trancas.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 17 de mayo de 2,012.

Aislados

La legislación es tan absurda que podría aislarnos del comercio internacional...

Como si no fueran suficientes los problemas e incentivos perversos que establece la nueva legislación fiscal aprobada de urgencia nacional por los irresponsables diputados, también podría lograr lo que décadas de mercantilismo no lograron: aislarnos del comercio internacional.

La Ley Aduanera Nacional contenida dentro del paquetazo fiscal, amén de otras regulaciones establecidas en la Ley Anti Inversión II, han tenido como efecto práctico echar por la borda décadas de trabajo encaminado a lograr que el comercio tuviese la menor cantidad de obstáculos. Procesos que se habían logrado reducir a una hora, que eran el modelo a imitar en toda Latinoamérica, ahora se toman dos días. Por si no le salen los números, este es un incremento del 4,800%. Proeza lograda por la “negociación” de diputados ignorantes que aprobaron algo que no conocían —vaya novedad—, con la complicidad de voraces funcionarios encandilados por el brillo de los fondos de los tributarios y de “técnicos” que, por lo visto, no tienen la más mínima idea de lo que representa perder ventas por culpa de desgraciados trámites burocráticos.

Lo peor es que todos ellos, en su ignorancia, incompetencia e insensatez, realmente creían que con la aprobación de semejantes mamarrachos de legislación iban a incrementar considerablemente la recaudación tributaria. Claro, quienes nunca han tenido que sudar la gota amarga para pagar una planilla no comprenden las situaciones cambiantes del mercado y creen que todo funciona en la vida real como decían los problemas que alguna vez leyeron en los libros de texto. De seguro se les pasó por alto leer la nota aclaratoria que dice que esos problemas se hacen ceteris paribus —permaneciendo todas las demás cosas iguales—, lo que no existe en la realidad. Ignorantes de este factor, creen que no importa cuánto le incrementen a uno los costos —no solo en impuestos, sino en tiempo, trámites, seguros, etc.— seguirá vendiendo lo mismo o todavía más. ¡Insensatos!

La nueva legislación es absurda. Establece que las facturas de importación deben venir tan detalladas que los importadores guatemaltecos se han convertido en el ridículo internacional al solicitarlas así a sus proveedores.

La justificación para tantos ridículos es que algunas personas han “burlado” a las autoridades y que entonces, para cerrar las puertas a esas burlas, clavan a todos por igual. En lugar de ver cómo hacen para que el sistema funcione mejor y ser ellos más eficientes en encontrar a quienes los “burlan”, prefieren cerrarle la puerta a todos. Quién sabe, tal vez su lógica sea que si no hay ningún comercio, nadie tendrá oportunidad de verles la cara.

Las pérdidas ya ocasionadas por la nefasta legislación suman decenas y quizá centenas de millones de dólares. Ante el desprecio de los funcionarios, a los importadores y productores no les ha quedado otra que interponer un recurso de amparo en la CC para dejar en suspenso toda la Ley Aduanera Nacional. Ojalá que los magistrados entiendan la severidad del problema y los amparen provisionalmente. Si lo entendiera, el presidente se daría cuenta de que esta es la mejor solución para el problema en que lo metieron sus ineptos achichincles...

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 10 de mayo de 2,012.

La única forma

Sólo se puede salir de la pobreza creando riqueza; todo lo demás es un espejismo…

La semana pasada expliqué por qué creo que en programas como el de repartición de fertilizantes quienes se benefician son los que venden, los que compran y los que reparten los productos y no quienes los reciben, mucho menos quienes los pagan. Este esquema nunca va a sacar de la pobreza a los pobres. Sólo se sale de la pobreza creando riqueza. Y esa no es la forma de hacerlo.

Por eso es que no importa cuánto se despilfarre en estos programas, los pobres se mantendrán en la miseria, mientras que algunos cuantos “empresaurios” y funcionarios engordarán sus chequeras y se reirán de los incautos que sinceramente creen que esa es la forma de ayudar a los pobres, sin comprender que los están condenando a la miseria eterna.

A este respecto, me gusta mucho una aseveración que hizo Benjamín Franklin hace casi 250 años: "Yo estoy en favor de hacer el bien a los pobres, pero difiero en mi opinión de los medios a utilizar. Creo que la mejor forma de hacerle bien a los pobres es no hacerles fácil la pobreza sino guiarlos o empujarlos fuera de ella. En mi juventud viajé mucho y observé en diversos países que mientras más provisiones se hacían para los pobres, menos proveían ellos para sí mismos, y por supuesto se hacían más pobres. Por el contrario, mientras menos se hacía por ellos, más hacían ellos por sí mismos y se enriquecían".

Esta no es más que una forma elaborada del proverbio antiguo de que si le da a un pobre un pescado le quitará el hambre un día, pero si le enseña a pescar se la quitará para toda la vida. Hago énfasis en la parte que dice “guiarlos o empujarlos fuera de ella”, porque creo que ese es el camino a seguir, y ni siquiera me refiero a hacerlo con los fondos de los tributarios. No hay necesidad de buscar ejemplos en otros lugares o épocas, ya que en la actualidad abundan aquí en Guatemala.

Mientras que los gobiernos han despilfarrado infructuosamente miles de millones de quetzales sin resultados que mostrar para tan descomunal gasto, encontramos muchos ejemplos que, sin la “ayuda” de los gobernantes, han logrado dar un paso cualitativo considerable para salir de la pobreza. En muchos casos no se requiere de grandes inversiones ni mucha tecnología, simplemente alguien que les indique cómo cambiar de siembras y dónde venderlas. No se necesita mucho más.

En alguna de las crónicas de la experiencia del presidente en el área rural el fin de semana pasado se narraba la dependencia del cultivo de maíz. Pues muchas familias guatemaltecas han pasado de la más profunda pobreza a un mucho mejor nivel de vida con tan sólo un cambio de siembras en las mismas parcelas que antes utilizaban para el maíz, incrementando su nivel de vida en 10, 20 o más veces.

Por eso es que llora sangre que los políticos nos vengan con el cuento que se van a gastar Q460 millones para ayudar a los campesinos, con poco o nulo resultado, cuando con muchísimo menos dinero, se podría realmente crear mucha riqueza en el campo. ¿Será que quieren sacar a la gente de la pobreza, o mantenerla en la misma para tener excusa para seguir saqueando las arcas públicas? 

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 3 de mayo de 2,012.

Foto: Cooperativa Nueva Esperanza R.L.

Q5 mil millones perdidos

La accidentada compra de fertilizantes desnuda los problemas de la "inversión" gubernamental...

La accidentada compra de fertilizantes en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación desnuda los serios problemas que existen en toda la “inversión” gubernamental. Creo que es una excelente ocasión para replantearnos lo que debe y no debe ejecutar el gobierno. Deberíamos reflexionar, por ejemplo, cuál ha sido el resultado práctico de más de Q5 mil millones de los tributarios utilizados para comprar fertilizantes. ¿Le han servido de algo, realmente, a los “beneficiados”? ¿Quiénes han sido los verdaderos beneficiados?

En esta compra de más de Q450 millones se han saltado casi todas las trancas, lo que en algunos casos podría conllevar ilegalidades, pero aún así los funcionarios demandan que les creamos que “todo está bien” y que se ha hecho de manera transparente.

Podrán jurar y perjurar, pero lo cierto es que hay muchas irregularidades que deberían ser subsanadas completamente antes de que se pueda siquiera considerar que “todo está bien”. De entrada, el proceso se ha hecho y cambiado tres veces. Se pasó la compra a un fideicomiso, supuestamente para aligerar el proceso, pero eso también levanta suspicacias. Los lineamientos de la compra no están claros. Los parámetros para decidir a quién se le adjudicaba, menos.

A eso hay que añadir el tema de los precios. Entre el primer y el segundo proceso, el precio promedio ofertado subió un 7%. Dicen que es por el incremento del precio de los derivados del petróleo, pero hasta donde yo sé, este no ha tenido un incremento así en el último mes. ¿Por qué será que en corrillos lo que se escucha es que “alguien” pidió un 7% de comisión?

Más importante aún es el precio al que se adjudicó. Yo hice una pequeña investigación en tiendas de productos agrícolas y encontré que aquí en la capital uno puede comprar un quintal de urea por Q250. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el precio para comprar casi dos millones de quintales, sea apenas un 5% más bajo que el de un pinche quintal, que adicionalmente ya pagó toda la cadena de distribución? No me suena lo de las economías de escala. ¿Puede usted ver algún gato encerrado en estos precios?

Lo que me lleva a cuestionar todavía más el fondo del asunto. ¿Cómo se han despilfarrado los más de Q5 mil millones gastados en lo que lleva esta “genial” idea de Alfonso Portillo? Si ahora que hay más fiscalización nos encontramos con tantos absurdos, ¿qué no se habrá hecho durante las últimas tres administraciones? ¿Quiénes son los verdaderos “beneficiados” con estos programas, los campesinos que reciben quién sabe qué calidad de producto o quienes venden y compran los fertilizantes?

Para mí está muy claro. Los principales beneficiados son quienes venden los fertilizantes —¿por qué no me extraña que algunos estén siempre entre los principales financistas de los políticos?— y quienes los compran y los reparten. Los campesinos son solo la excusa para el negocio.

¿Se han beneficiado los campesinos? Pues a juzgar por los resultados después de más de una década, diría que no. Les garantizo que con esos mismos Q5 mil millones se podría haber generado mucha más riqueza en el área rural que con este absurdo y corrupto negocio.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 25 de abril de 2,012.

Foto: Prensa Libre.

125 años

Se dice fácil pero es realmente un logro tremendo...

Vivir una vida larga, provechosa y feliz es el sueño de la mayor parte de personas. No todos lo logran, pero de seguro la mayoría tratamos. En el caso de las empresas y los emprendedores que las impulsan el sueño no es muy diferente, aunque aquí las posibilidades de éxito son mucho menores. De ahí que encontrar una empresa que llega vivita, coleando y con muchas expectativas a sus primeros 125 años es un acontecimiento digno de celebrar.

Este año se conmemoran los 125 años de fundación de la Cervecería Centroamericana.Casi podría garantizar que cuando Mariano y Rafael Castillo Córdova se lanzaron a la aventura de crear esta empresa —que por cierto no fue su primer emprendimiento— no podrían haber imaginado en lo que —125 años y cinco generaciones de descendientes después— se llegaría a convertir.

Para quienes nunca se han lanzado a la aventura de crear una empresa —que son la mayoría— es muy difícil entender lo complicado que es el mundo de los emprendimientos. Como me decía Chris Gardner hace unos días, uno no puede llamarse a sí mismo emprendedor hasta que no ha pagado de su bolsillo una planilla. Pero pagar la planilla es solo una de las tantas actividades que uno debe cumplir meticulosa y regularmente para lograr sobrevivir en el mundo empresarial. Se debe además desarrollar un buen producto o servicio, mercadearlo y venderlo bien, atender a los clientes, conseguir financiamientos, velar por un sinnúmero de complicaciones administrativas y, por si no fuera suficiente, lidiar con todos los obstáculos que los gobernantes le ponen a uno a cada paso que da.

Sí, la vida de los emprendedores no es fácil. Las estadísticas lo comprueban. En Estados Unidos, donde tienen más datos, se dice que solo el 5% de las empresas logran sobrevivir los primeros cinco años. ¿Y el otro 95%? Cerraron. No pudieron resistir. No lograron vender sus productos. No lograron conseguir el financiamiento necesario para mantener la liquidez. Les pusieron multas por no cumplir con algún absurdo requisito burocrático. En fin, las razones son muchas, pero la constante es que la sobrevivencia es mucho más precaria para las empresas que para las personas.

Si llegar a los cinco años de vida es tan difícil, no le quiero contar lo que cuesta sobrevivir el paso a la segunda generación. Allí la estadística es todavía menor. De hecho, si una empresa logra realizar exitosamente esta transición, las posibilidades del largo plazo se incrementan.

Pero nada nunca está escrito. El éxito no está garantizado ni escrito en piedra, ni siquiera para las empresas más exitosas y grandes del mundo. Hasta los gigantes caen. Ejemplos abundan de empresas que llegaron a dominar una industria a nivel mundial a tal grado que se les acusaba de monopolistas, que en pocos años perdieron esa posición y se desvanecieron en el olvido.

Ante tantas vicisitudes posibles es impresionante encontrar empresas que han logrado sobrevivir más de un siglo. En Guatemala tenemos una y solo ese hecho, indistintamente de los aciertos y desatinos que se hayan tenido en el camino, es suficiente para reconocerla. Ojalá que Guatemala pueda ser el semillero de muchas otras empresas que dentro de 125 años puedan seguir siendo el motor de nuestra economía.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 21 de abril de 2,012.