CC limita expresión

Con salidas políticas, la CC está acabando con las pocas esperanzas que quedan en Guatemala.

La semana pasada la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó a la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán un amparo que interpuso en septiembre del 2009 contra el vicepresidente Rafael Espada. Esto establece un grave precedente en contra de la libertad de emisión del pensamiento. Así es como se pierden la libertad y derechos en una sociedad que, si no reacciona, cuando sienta ya no tendrá ningunos.

El caso inició con la publicación de un artículo denominado “El beso de Espada”, argumentando que Espada se reunió con Rodrigo Rosenberg, conocía las acusaciones que él hizo sobre el asesinato de los Musa y que no había hecho nada. Espada argumentó que eso no era cierto y entabló una demanda penal contra ella por calumnia, injuria y difamación.

Ante la amenaza de una persecución penal por ejercer el derecho a la libertad de expresión, protegido por la Constitución en el artículo 35, Marta Yolanda planteó un amparo en la CC. El punto medular aquí es el que reza: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación”.

Según la querella presentada por el vicepresidente, las acusaciones que hace Marta Yolanda lo afectan en su “dignidad de persona humana”, y por tanto procede perseguirla penalmente, indistintamente de lo que dice el Art. 35. Lo interesante del caso es que él mismo, en la querella, dice: “Actúo como funcionario público, en mi calidad de Vicepresidente de la República...”.

No puedo entrar aquí al origen del asunto, ya que los únicos que podrían validarlo son Rodrigo y Espada, pero llama la atención que en el juicio contra los sicarios que mataron a Rosenberg, Mario Fuentes Destarac declaró bajo juramento que él mismo se lo había dicho a Espada, y el hijo de Rosenberg dijo que sabía que su papá se había reunido con Espada. Pero ese no es el punto que debía decidir la CC. Debía decidir si un funcionario puede demandar penalmente a una periodista por imputaciones realizadas en su contra.

Y allí considero que los magistrados cometieron un grave error que sentará un pésimo precedente. Dicen que el vice no ejerció poder público alguno y que está en su derecho al considerar que no era en el “ejercicio de sus funciones”. Y yo me pregunto, ¿buscaría Rosenberg el apoyo de Espada por ser cardiólogo o por ser vicepresidente? ¿Por qué entonces se presenta en la acusación como vicepresidente? ¿Por qué la misma CC después dice que no carga las costas al amparante, ya que no ha “reconocido legitimación para su cobro a entidad estatal, descentralizada o autónoma alguna...”? Entonces, ¿en qué quedamos, era el “vicepresidente” o un ciudadano cualquiera?

Lo peor del caso es que los mismos magistrados dicen en la sentencia que ya un “órgano jurisdiccional competente” se negó a acceder a lo solicitado por el vicepresidente, porque debe sujetarse a lo establecido en la “Ley de Emisión del Pensamiento”, y utiliza esto para justificar que la demanda penal no era una amenaza (hago la salvedad que todavía hay dos demandas vigentes).

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 19 de agosto de 2,010.

Extinción de Propiedad

Le llamen como le llamen, es el principio del fin de la propiedad privada.

La escena fue patética, pero un gran presagio de lo que a todos nos puede suceder: Hugo Chávez caminando por una plaza rodeado de sus achichincles. Pregunta sobre un edificio, le dicen qué es, y él grita “exprópienlo”. Así de fácil, un dictador “democrático” mostrando su completo irrespeto por uno de los derechos fundamentales de las personas, el de la propiedad.

Para su referencia, justo ahora se discute en el Congreso una ley que abre las puertas para que en un futuro no lejano, esa misma escena se repita en la Plaza de la Constitución, en la colonia Utatlán, en el Mezquital, en la Zona Viva, en la Cañada o en la costa sur de Guatemala: la ley de “extinción de dominio”.

Esta aberración jurídica es un claro ejemplo del porqué Henry Hazlitt decía que antes de aprobar una política pública hay que analizar sus efectos no solo sobre un grupo determinado de personas, sino sobre todas las personas, y no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo.

Quienes la promueven argumentan que será una maravilla para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, razón por la cual la “Embajada” está tan interesada en que se apruebe lo más pronto posible y por la que hasta la bautizaron eufemísticamente “ley antinarco”. Dicen que no es confiscación y que solo se utilizará en contra de los narcos y los políticos corruptos.

Pero lo que digan sus impulsores son solo ingenuas (o quizá malévolas) declaraciones de buenas intenciones. Lo que vale y lo que podrá utilizar algún futuro Chávez guatemalteco es lo que queda escrito en la legislación. Y esta es muy clara en las violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho de propiedad.

Lo de que no es confiscación es una gran mentira. Según sus propias definiciones, la diferencia entre “confiscación” y la “extinción de dominio” es que la propiedad se haya obtenido lícita o ilícitamente. Sin embargo, después se establece que toda propiedad se presume obtenida ilícitamente y que el propietario inconstitucionalmente lleva la carga de la prueba, es decir, el “Estado” no tiene que probar que usted haya obtenido ilícitamente algo, sino que si usted no logra comprobar cómo obtuvo algo, se lo puede quitar sin mayores miramientos.

Si no me cree, le invito a revisar la propuesta de legislación. Le doy sólo un ejemplo: artículo 2, inciso a: “Actividades ilícitas o delictivas: Son todos aquellos hechos punibles contemplados en el Código Penal y leyes penales especiales, así como toda actividad que no siendo delito o falta, produzca un incremento patrimonial injustificado de cualquier persona individual o jurídica”.

Repito la gigantesca violación constitucional: “toda actividad que no siendo delito o falta, produzca un incremento patrimonial injustificado de cualquier persona individual o jurídica”. ¿Y quién define qué justifica o no un incremento patrimonial? ¿Y cómo es eso que aunque no sea delito o falta?

Y este es solo un ejemplo de las aberraciones y abusos contra los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos que contiene esta legislación. Y algunos, ingenuamente, todavía lo justifican diciendo que “quien nada debe, nada teme”. Como que Guatemala no fuera el lugar donde los ciudadanos le tenemos casi tanto o más temor a los policías que a los criminales. Y con definiciones como las que establece ese mamarracho jurídico, todos debemos y todos somos culpables (menos los pícaros políticos que por el momento detenten el poder).

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 12 de agosto de 2,010.

Muso

Fue la persona más influyente en Guatemala durante la segunda mitad del siglo veinte.

Lo conocí en 1993, durante un seminario sobre energía eléctrica. Yo ya tenía casi un año de escribir columnas en medios de comunicación y, aunque me identificaba por completo con las ideas de la libertad, nunca antes había tenido contacto directo con Manuel Ayau, con la Universidad Francisco Marroquín ni con el CEES. Ese día almorzamos juntos con su hijo Manuel. Fue el inicio de una amistad muy enriquecedora que duró 17 años.

Aunque nos separaban 40 años de edad y yo lo conocí ya avanzado en su vida, desde el principio nos identificamos mucho. A pesar de que todo el mundo lo llamaba Muso, yo en muy raras ocasiones pude llamarlo así. Para mí siempre fue el “doctor”. Aprendí mucho con él. Nos veíamos casi siempre, por lo menos una vez a la semana, en el almuerzo del CEES, los lunes. Si estaba en Guatemala, nunca faltaba. En esos inolvidables almuerzos en el CEES, primero en la casa de la zona 4 y luego en la UFM, fue donde yo me empapé de las ideas de la libertad. El doctor siempre tenía alguna anécdota que contar sobre sus experiencias, de la vida, de la empresarialidad, de sus conversaciones con Hayek, Mises, Friedman y otros grandes defensores de la libertad, así como de su participación en la vida política guatemalteca.

Fueron muchas las conversaciones que sostuvimos también en su oficina. Sus intereses eran tan variados que hasta tenía registradas patentes de inventos propios. Su mentalidad de ingeniero siempre lo llevaba a pensar nuevas y mejores formas en que se podían hacer las cosas.

Cuando lo conocí ya no daba clases en la universidad, por lo que realmente nunca tomé clases formales con él. Sin embargo, aprendí muchísimo tan solo escuchándolo en esas muchas ocasiones. Poseía muchos conocimientos y siempre estaba leyendo y tratando de aprender más. Pero no se quedaba sólo con el conocimiento, reflexionaba mucho sobre lo que leía, tratando de entender y comprender más. Lo que más llegué a apreciar de él era su capacidad para explicar, de manera tan fácil y didáctica, conceptos complejos y difíciles de entender.

También admiré mucho su humildad. A pesar de que considero que fue la persona más influyente en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX y que su influencia no se circunscribió a nuestro país, sino que llegó a muchísimos lugares, en donde, por cierto, fue más apreciado que localmente. Siempre fue un hombre sencillo y modesto, dispuesto a hablar con cualquier persona, incluso con quienes denostaban contra las ideas de la libertad.

Su sentido del humor y esa chispa con la que siempre tenía en la punta de la lengua la respuesta adecuada a cualquier pregunta o cuestionamiento eran siempre admirables. Que no quita que no fuera capaz de enojarse, aunque no era la norma. En el tiempo que compartí con él, sólo recuerdo haberlo visto enojado en dos ocasiones, y creo que eran justificadas.

Siempre su interés fue cómo lograr que los guatemaltecos tuviéramos un mejor nivel de vida. En esa búsqueda fue que llegó a las ideas de la libertad y a ese propósito le dedicó su vida. El CEES, la Universidad Francisco Marroquín y Proreforma forman parte de ese legado que deja como testimonio vivo de su deseo porque en Guatemala vivamos mejor.

Ahora que me toca despedirme de mi mentor y amigo, le puedo decir que se puede ir con toda tranquilidad. Hizo muchísimo más de lo que cualquiera podría pedirle y deja un mundo mucho mejor que el que encontró. Descanse en paz, doctor, su legado permanecerá...

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 5 de agosto de 2,010.

Foto: Convivio del CEES, diciembre 2,008.

Indocumentados

Lo ridículo es que ahora muchos guatemaltecos están indocumentados en la propia Guatemala.

Carlos, un guatemalteco muy emprendedor, vivía desde hace varios años de “mojado” en Estados Unidos. Específicamente en Phoenix, Arizona, donde había logrado sentar cabeza trabajando como jardinero, plomero y carpintero. Se casó con una salvadoreña y procrearon dos hijos “americanos”. Cuando empezó a ver las sombras de las consecuencias de la aplicación de la norma SB1070 en la que ya casi consideraba su ciudad, meditó mucho sobre lo que debería de hacer, y llegó a la conclusión de que lo mejor era regresarse a Guatemala. No sabía el calvario que le esperaba.

Durante el tiempo que trabajó en Arizona había logrado acumular buenos ahorros y estaba convencido de que con todo lo que había aprendido de empresarialidad se las podría arreglar en su terruño. La amenaza de que lo llegasen a separar de sus hijos fue, quizá, el factor que más pesó en la decisión. Antes de que entrara en vigencia la atemorizadora norma, partió con su familia para Guatemala.

Llegaron llenos de ilusiones. Visitaron a todos los familiares que tenía años de no ver, a quienes les presentó a su nueva familia. En las pláticas con sus familiares y amigos, ellos le comentaban lo difícil que estaba la situación debido a la violencia. Algunos de ellos habían tenido que abandonar sus casas, por las amenazas y extorsiones de los mareros. Pero todo ello no los desilusionó. Venían dispuestos a dar lo que fuera necesario.

Carlos quería hacerlo todo en regla. Poner un negocio formal. Pero pronto se encontró con muchas trabas. La primera fue que durante el viaje a Estados Unidos había perdido su cédula, así que tenía que obtener una nueva para iniciar los trámites. No podía ni abrir una cuenta en el banco, no digamos inscribir su empresa en la SAT, así que empezó a hacer los trámites. Fue allí donde se enteró del nuevo DPI. En la municipalidad no le pudieron emitir una reposición de la cédula, ya que ahora tenía que hacer el trámite en el Renap. Allí le dijeron que tampoco le podían emitir una cédula, sino que debía tramitar de una vez su DPI. Primero tenía que sacar su certificación de nacimiento. Luego de la espera para que se la emitieran, resultó que habían ingresado mal sus datos y sus apellidos no estaban correctos. Esa corrección le llevó varias colas y varias semanas.

Mientras tanto, empezó a ver qué hacía. Puso una distribuidora “informal” de productos que traía estilo “paca”, a través de contactos que había hecho durante su estadía en Estados Unidos. El negocio empezó a caminar, pero también los problemas. Mareros lo extorsionaron, le robaron un par de veces la mercadería. Y no podía presentar ninguna queja porque era “informal”.

Cuando finalmente le entregaron su certificación corregida, hizo el trámite para sacar el DPI. Le dijeron que en un mes estaría el ansiado documento. Pasó el mes. Se presentó nuevamente al Renap, donde le informaron que habían revisado la información y el sistema les decía que él había muerto en 1921, por lo que no podían emitirle el DPI. Le dijeron que debía iniciar nuevamente los trámites. No valieron ni sus ruegos ni sus quejas.

En eso se enteró de que una jueza había detenido temporalmente la SB1070. No le costó mucho tomar una decisión. Para estar indocumentado en su propio país, prefería estar indocumentado en Estados Unidos, donde por lo menos tendría el consuelo de que no lo extorsionarían por ser exitoso. Regresó a su casa, tomó a su familia y emprendió el viaje de regreso al norte.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 29 de julio de 2,010.

Foto: Prensa Libre.

Excepción de muerte

Para variar: hay que tratar bien a los criminales, y los ciudadanos que se jodan.







En nuestra Guatemala surrealista, a pesar de que la violencia está literalmente a la vuelta de la esquina para casi todos, los funcionarios públicos se empecinan en darle la espalda a la ciudadanía. Ahora resulta que la gran propuesta es establecer estados de Excepción, con los cuales quienes más pierden son los ciudadanos y no los criminales, pero se oponen a capa y espada, por ejemplo, a aplicar la pena de muerte. Para terminar de ajustar las cosas, reducen el presupuesto de seguridad y nos dicen a los ciudadanos que “hay que aguantar”. La conclusión: de palabra están “preocupados” por la inseguridad, pero sus acciones dicen todo lo contrario.

Para ponernos en contexto, creo muy importante recalcar las declaraciones del presidente Álvaro Colom hace menos de dos años, cuando se discutía la aprobación del presupuesto: “Si quieren seguridad, paguen más impuestos, porque los que ya pagan se utilizarán para mis programas sociales”. Y para complementar, algo así como un año después, indicó que los programas sociales de su gobierno, como Cohesión Social y Mi Familia Progresa, eran la plataforma sobre la cual se lograría la reelección del partido oficial. En pocas palabras, su objetivo principal es la permanencia en el poder a expensas de los recursos de los tributarios; la seguridad no es su problema.

Y por aquello de las dudas que ahora ya no se “recuerde” de estas declaraciones, su punto de vista no ha cambiado un ápice. Hace unos días volvió a declarar que no había recursos suficientes para la seguridad y que se necesitaba subir los impuestos para poder combatir la violencia. Lo que contrasta con que hace un tiempo el ministro de Gobernación Gándara “cedió” Q275 millones del presupuesto de seguridad para Cohesión Social, con la excusa de que no se necesitaban en ese ministerio. Y ahora, nuevamente, nos enteramos de que Q200 millones del presupuesto de seguridad se van a utilizar para otras cosas, y el actual ministro Menocal lo justifica diciendo que es dinero que de todas maneras no pueden gastar. Y entonces, ¿por qué dice Colom que necesitan más dinero? ¿Quién miente?

Ahora salen con que para combatir la violencia se necesita establecer un estado de Excepción. Esta aseveración lleva implícita la aceptación del fracaso en controlar la violencia y la inseguridad por parte de los funcionarios, pero además es una nueva amenaza contra la ciudadanía. A los criminales no les afecta mayor cosa que sus derechos sean reducidos con el estado de Excepción, pero a los ciudadanos honrados sí. ¿El que las autoridades no tengan que respetar nuestros derechos básicos —porque los criminales no nos los respetan— hará que éstas funcionen mejor? Lo dudo. Me da mucha más sospecha que esa limitación de nuestros derechos pueda ser utilizada por los funcionarios para abusar todavía más de nosotros y para tratar de acallar a la opinión pública, a la oposición, que para combatir la criminalidad.

Y para terminar de amolar las cosas, los funcionarios tienen el descaro de decir que lo que definitivamente no van a hacer es aplicar la pena de muerte. ¿Y por qué no? Si los criminales se la aplican diariamente al menos a 15 guatemaltecos, sin ningún juicio, evidencia, acusación, defensa ni nada que parezca un debido proceso, garantías y derechos, de los que sí han gozado los sentenciados a muerte. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir sufriendo por la cobardía de los políticos?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 22 de julio de 2,010.

Foto: La foto, que es una demostración del proceso de inyección penal, la encontré en el blog "Historias del Regatecha".

¿Evidencias contundentes?

Conforme me entero de más detalles, más dudas me entran...


La información de la que nos hemos enterado en las últimas semanas alrededor del caso Rosenberg levanta más sospechas que las que aclara con relación a las acusaciones de la Cicig. Creo que este proceso es muy importante porque deja muy claro que no se puede ser tan categórico para afirmar algo de lo cual no se tienen todos los pelos de la burra en la mano. Y si eso ha pasado en este caso, ¿qué podemos esperar en los demás?

Hace unas semanas comenté que una declaración de Castresana, en la cual se sustentaba buena parte de sus conclusiones, era falsa. La Cicig y Castresana simplemente se hicieron los desentendidos.

Ahora, conforme se publican las declaraciones en el juicio contra los sicarios que mataron a Rosenberg y los otros casos conexos, salen a la luz nuevos datos que aumentan las dudas razonables que tenía desde que se presentó la “verdad interina”. Y eso, solo con la información que se presenta en los medios como resumen de lo que sucede en los tribunales. No puedo imaginar la cantidad de inconsistencias adicionales que han de salir a lo largo de todas las declaraciones.

Una de las revelaciones principales es la declaración de Lucas Santiago, quien inicialmente confesó haber disparado el arma contra Rosenberg; sin embargo, ahora argumenta que él no disparó, sino que lo hizo Mario Paz, pero que este, junto con Carlos Aragón Cardona, le amenazaron de muerte a él y a su familia si no se inculpaba. Esto es muy importante porque Paz y Aragón son los dos beneficiados con la figura de “colaborador eficaz”, sobre cuyos testimonios se armó la hipótesis. Así que ahora queda al aire la pregunta: si ellos mintieron sobre esto para quedar libres, ¿sobre qué otras cosas de su testimonio mintieron? ¿Van a hacer algo el MP, la Cicig y el tribunal para aclarar esto o se harán de la vista gorda también aquí?

Luego está el tema de los Valdés Paiz, a quienes la Cicig tan categóricamente acusaba de “autores intelectuales” del asesinato, pero la jueza Galicia, que casi siempre ha apoyado todo lo propuesto por la Cicig, dice que a lo sumo se les puede acusar de cómplices de un homicidio. Aquí también habrá mucha tela que cortar, ya que para conformarse a la hipótesis, los Valdés Paiz deberán contradecir sus declaraciones previas en la entrevista que Haroldo Sánchez le hizo a uno de ellos mientras estaban fugados.

Y por último está el caso de Diego Moreno, quien fuera acusado por Castresana de armar una campaña de desprestigio en su contra, de ser obstructor de la justicia y de ser parte de la red del crimen organizado que puso a Conrado Reyes en el MP. Resulta que la misma jueza Galicia dice ahora que, con las evidencias que le presentaron, a lo sumo se le puede acusar de colusión.

Más importante aún es que en la declaración de Moreno salió a luz que una de las famosas llamadas que publicó Castresana en la conferencia y que utilizó para acusar públicamente al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roderico Pineda, no era con este que hablaba, sino con su hijo (Prensa Libre, 14/07/10, pág. 10). ¿Y entonces? Castresana acusó a un magistrado de la CC con pruebas falsas. No defiendo al magistrado, a quien ni conozco y parece ser bastante controversial, pero el hecho es que Castresana lo acusó muy categóricamente de algo que no había hecho.

¿Van a disculparse Castresana y la Cicig por los errores y acusaciones falsas que han hecho? Lo dudo. Al fin y al cabo, están por encima de la ley.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 15 de julio de 2,010.

Cortina de humo

Colom se subió al carro que le puso a su disposición Castresana: convertir a todos en potenciales conspiradores.

Los arrebatos de Colom contra la libertad de expresión son solo una forma de desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrentamos. Es la misma táctica que han utilizado muchos gobernantes, él incluido, cada vez que tienen crisis: echarle la culpa a alguien más de las consecuencias de sus propios errores. Y hay que recalcar que es la misma estrategia que utilizó Carlos Castresana hace apenas unas semanas, convirtiendo a todos en potenciales conspiradores.

La libertad de expresión, que no es un derecho de “los periodistas”, como algunos quisieran hacer creer, sino que es uno de los derechos básicos de todos los humanos, siempre es temida y menospreciada por quienes temporalmente detentan el poder. Les disgusta porque no quisieran escuchar críticas a su gestión; quisieran que, al igual que su rosca aduladora, todas las personas se dieran cuenta del “sacrificio” que hacen por los demás y que los alabaran y les agradecieran cada paso que dan. Le temen a la libertad de expresión porque no quisieran que la gente se enterara de todos los desmanes que hacen, ellos y sus allegados, abusando del poder y, especialmente, de los recursos de los tributarios para beneficio propio.

No es de extrañar que todos los gobiernos autoritarios una de las primeras cosas que hacen es acallar a cualquiera que se atreva a hablar contra ellos. Eso ha pasado a lo largo de la historia, pero no tenemos que remontarnos mucho, ya que muy cerca tenemos el ejemplo actual de Cuba, que ha tenido presos políticos durante todo el más de medio siglo de la “revolución” y ahora también el régimen cada vez más autoritario de Chávez que se ha dedicado sistemáticamente a tratar de anular cualquier oposición, especialmente en los medios de comunicación. En ese sentido, Colom no está haciendo más que seguir el “manual chavista” para la toma permanente del poder.

Así que no nos debe extrañar la actitud de Colom. Recordemos que desde su discurso del primer año, aun antes del caso Musa-Rosenberg, Colom ya se quejaba de que había un “complot en los medios de comunicación para desestabilizarlo”.

Algunos ven con buenos ojos las declaraciones de Espada, pero también en ese caso debemos recordar que el vice, desde el 2008, ha solicitado que se vuelva a establecer el delito de “desacato”, en abierta afrenta a la libertad de expresión, sin contar el juicio penal que le sigue a la columnista Marta Yolanda Díaz-Durán por un artículo. Además, recordemos que Colom dijo hace apenas unas semanas que Espada no decide nada si él no se lo dice.

Y yo recalco que Carlos Castresana utilizó la misma estrategia de la “conspiración en medios de comunicación” para acallar a cualquiera que no esté de acuerdo con la forma en que la Cicig ha actuado. Así como todos tenemos el derecho a expresar nuestra opinión sobre la actuación de los funcionarios públicos sin temor a ser perseguidos o tildados de conspiradores, también tenemos el mismo derecho a expresar nuestro desacuerdo con algunas de las actuaciones de la Cicig sin el temor a ser tildados de “conspiradores” o que formamos parte del “crimen organizado”. Lástima que muchos que ahora se rasgan las vestiduras no sean lo suficientemente consistentes para también ver esa otra amenaza.

Una última consideración. Mi hipótesis es que el berrinche de Colom no es para consumo interno, sino que lo hizo para advertir a Dall'Anese que no se junte con los “malos y conspiradores”, sino con ellos, que son los “buenos”.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 8 de Julio de 2,010.

Culebrón

Casi cada semana nos encontramos con nuevas sorpresas en este caso. ¿Algún día sabremos la verdad? Lo dudo...

Esta semana nos trajo nuevas sorpresas en el caso Rosenberg. Lamentablemente parece ser que a estas alturas la mayoría de personas lo que quiere es llegar ya al último capítulo y olvidarse del culebrón (en el sentido televisivo, pero también en el mitológico), darlo por muerto, enterrarlo y esperar a que nadie se atreva a desafiar a la serpiente peluda que protege el entierro.

¿Y por qué seguir hablando de este caso? Pues porque pudiendo haber sido paradigmático para desentrañar algo de los “grupos paralelos” del crimen organizado, cuyos tentáculos llegan bastante alto, lo que hemos visto es cómo la mayoría, incluida la Cicig, han preferido contentarse con la salida fácil que les permite, a unos voltear la cara y tratar de vivir el resto de su vida como si nada hubiese pasado, y a los otros, seguir su camino en la “escalera corporativa” de los organismos internacionales, sin importarles llevarse entre las piernas la poca institucionalidad que quedaba en Guatemala.

La primera sorpresa fue que los hermanos Valdés Paiz se entregaron el lunes. Yo creo que hicieron lo correcto. No porque la “justicia” guatemalteca sea alguna garantía, ya que ahora la nueva norma inconstitucional es que cualquiera es culpable hasta que logre probar su inocencia, sino porque creo que la opción de pasar toda la vida de “prófugo” puede ser mucho peor que pasarla de reo (con la salvedad que las cárceles de Guatemala son tan inseguras como sus calles).

Con su entrega se cierra un capítulo, pero inicia otro nuevo en esta serie. Aunque algunos crean que con esto se cierra el caso, esto es falso. Aún si se llegara a probar que la hipótesis de la Cicig con relación a la muerte de Rosenberg es verdadera, lo único que se probaría es que Rodrigo, en efecto, se mandó a matar. Pero eso no resuelve para nada el asesinato de los Musa ni las acusaciones que hizo Rodrigo sobre la muerte de ellos, que son el quid del asunto y en lo que no se ha querido profundizar. Al contrario, el hecho de que decidiera inmolarse con tal de que se supieran les da más fuerza.

La otra sorpresa es que en el juicio contra los sicarios que mataron a Rodrigo, el abogado Mario Fuentes Destarac confirmó que este le pidió que le comentara a Rafael Espada acerca de las investigaciones que hacía sobre el asesinato de los Musa, lo que Fuentes afirma que hizo en una reunión que tuvo con el vicepresidente, antes de la muerte de Rodrigo. Espada, para variar, negó haberse reunido con Fuentes (Siglo Veintiuno, 30/6/10, p. 4).

Este punto es muy importante, porque es lo que dijo Marta Yolanda Díaz-Durán en su ya célebre artículo “El beso de Espada” y por el cual el vicepresidente la demandó penalmente. Esa demanda no ha prosperado en varias instancias, pero Espada sigue empecinado en apelarla, por lo cual todavía no se ha resuelto. Lo interesante es que ahora es la palabra de un abogado y periodista, en declaración bajo juramento ante un tribunal, contra la de Espada. ¿A quién le creería usted?

Las preguntas importantes siguen en el tintero. Quizá ahora que viene un nuevo comisionado, Francisco DallAnese Ruiz, se atrevan a entrarle a lo verdaderamente importante. En este caso particular, creo que es: ¿Quién mandó a matar a Musa y por qué? (Y que no nos vengan con el cuento de que también Rosenberg lo hizo). Lamentablemente, en este juicio, el que ni se puede defender ni tiene abogado que lo haga es Rodrigo Rosenberg, así que no nos extrañe que lo más fácil sea echarle todos los muertos al muerto y que lo proteja el culebrón.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 1 de Julio de 2,010.

¿Evidencias?

Una vez más, nos quedamos con la sensación de que nos dijeron sólo lo que conviene a sus fines...

La reciente conferencia de prensa, como es usual en la Cicig, dejó más dudas que las que resolvió, siendo la principal: ¿por qué tanto énfasis en un caso que, en última instancia, no tiene que ver con el objetivo primordial por el cual fue creada y, por otro lado, qué pasó con todo lo que supuestamente sí debería estar haciendo?

Quienes vendieron la Cicig dijeron que era la única forma de combatir el crimen organizado enraizado en las “estructuras del poder público”. Si este es el propósito principal de la Cicig y es cierta la hipótesis que ellos mismos plantearon sobre el caso Rosenberg, no veo por qué han volcado tantos de sus recursos a seguir con este caso, a menos que la acusación de Rosenberg en su video sí sea cierta. Porque en la hipótesis de la Cicig, de lo que se acusa a los Valdés Paiz es de mandar a matar a un supuesto extorsionador —que resultó ser Rosenberg—, lo que es un crimen, pero difícilmente los eleva a la calidad de “crimen organizado”.

Entiendo que el propósito principal de la conferencia de prensa era exponer las “evidencias” en contra de Conrado Reyes que justificaban la solicitud de quitarlo del MP. Supuestamente la Cicig tenía pruebas de su vinculación con el crimen organizado y por eso pidió al presidente que no lo designara. Este martes, Colom mismo dijo que cuando escogió a Reyes la Cicig no tenía pruebas en su contra (elPeriódico, 22/06/10, p. 3).

Castresana dijo que a raíz de las investigaciones contra los Valdés habían descubierto una vinculación de Reyes. Y entonces se dedica a exponer conversaciones telefónicas entre allegados a los Valdés, que según él desenmascaran dicha vinculación.

Las conversaciones que presentó en la conferencia indican que probablemente sí existía la intención de realizar tráfico de influencias con Reyes para el caso Valdés. Pero sólo eso: la intención. No presenta, por ejemplo, una llamada en la que Reyes les haya dicho que iba a engavetar el caso, o algo por el estilo.

Luego hace una relación en la que indica que Diego Moreno es hermano de José Manuel Moreno, “quien fue gerente del aeropuerto” y quien supuestamente estaba relacionado con Carlos Quintanilla porque el encargado de seguridad aeroportuaria era Juan Roberto Garrido —que fue quien llegó al MP con Reyes—. Lo que Castresana no dijo fue que Garrido ya estaba en ese puesto cuando llegó Moreno, y que este, a los pocos días de tomar posesión, prescindió de sus servicios. ¿Por qué no lo dijo Castresana? Sólo se me ocurren dos posibilidades: a) no lo sabía, lo que es preocupante porque deja muy mal parada la supuesta “profesionalidad” de la Cicig y denotaría cómo Castresana hace acusaciones “contundentes” sin tener los pelos de la burra en la mano; y b) sí lo sabía, lo que es todavía más preocupante, ya que implicaría que mintió para amoldar las supuestas evidencias a favor de su hipótesis.

Luego hay otras inconsistencias —por no decir falsedades— en sus acusaciones, como por ejemplo que Reyes recontrató a una señora Barco, que supuestamente había sido despedida del MP por anomalías en un caso de narcotráfico. Esta señora declaró luego a Prensa Libre (16/6/10, p. 3) que nunca fue despedida y que además estuvo laborando en la unidad de escuchas telefónicas. Y eso durante la administración de Velásquez Zárate, el ungido de la Cicig. ¿Y entonces?

Nuevamente, me quedé sin espacio, pero siempre dejo la principal pregunta: ¿acaso nadie en la Cicig se ha percatado a dónde van a dar casi todos los cabos sueltos? ¿O en ese caso prefieren voltear a ver para otro lado?

Artículo publicado en Prensa Libre, el jueves 24 de junio de 2,010.

Libertad Coartada

El resultado, no sé si el objetivo, de las acciones de la Cicig es coartar la libertad de expresión.

Con las capturas de la semana pasada y la conferencia de prensa de este lunes, la Cicig inició una campaña para coartar la libertad de expresión de los guatemaltecos. A eso hay que añadirle el reconocimiento expreso de su fracaso en uno de sus supuestos principales objetivos, a saber, fortalecer la institucionalidad de la justicia en Guatemala, ya que lo que ha logrado es imponer la voluntad de sus funcionarios, a expensas de la poca institucionalidad que aún quedaba en nuestro país. Triste legado el que dejará el experimento de la burocracia internacional.

¿Por qué digo que es una campaña en contra de la libertad de expresión? Porque luego de las acusaciones sobre la “conspiración en la prensa contra la Cicig” que hizo el fiscal de esa entidad en la audiencia del miércoles y que los noticieros de los canales de televisión abierta se han encargado de repetir hasta la saciedad, incluso mostrando algunas columnas de opinión que se incluyeron en la acusación y que la jueza enseñó a los medios, ahora resulta que cualquiera que no está de acuerdo con la Cicig o no toma como palabra de Dios sus hipótesis, puede ser acusado de ser parte de esa “conspiración”.

Los de la Cicig tienen todo el derecho de creer que sus hipótesis son la única posibilidad de interpretación de los hechos que presentan, pero de eso a imponérnoslo y dejar la amenaza velada que quienes saquemos conclusiones distintas, de seguro es porque tenemos agenda escondida y estamos confabulados con el crimen “organizado”, hay una gran diferencia: atenta contra la libertad de expresión.

Y no solo la de los periodistas, sino la de todos los guatemaltecos. A partir del lunes me he encontrado con varias personas que me han externado su temor, incluso, a hablar por teléfono, no digamos a expresar su opinión, especialmente en lo que tenga que ver con la Cicig, porque los podrían involucrar en alguna “conspiración”. No puedo asegurar que esa haya sido su intención, pero sí puedo garantizar que ese es el resultado.

Es lo mismo que pasó con la absurda acusación que hicieron el año pasado contra el twittero Jeanfer. Como era de esperarse, la acusación fue desestimada en los tribunales por improcedente, pero el mensaje ya estaba dado: quien se atreva a hablar en contra de un banco será perseguido inmisericordemente. Y el resultado fue también el esperado: a partir de ese momento ya casi nadie se atrevió siquiera a mencionar nada en contra de Banrural —que era el banco en cuestión en ese momento—, no fuera a ser que lo metieran preso.

Es exactamente lo mismo ahora. Me he encontrado a personas muy respetables, honorables y valientes, que ahora por “precaución” prefieren no hacer comentarios ni expresar sus opiniones, especialmente en los temas de “alto impacto”, no vaya a ser que puedan ser perseguidos.

Pues digan lo que digan y lo planteen como lo planteen, yo considero que cualquier amenaza de persecución contra alguien por expresar su opinión sobre el tema que sea, debe ser considerada una amenaza contra la libertad de expresión. Y el día que los guatemaltecos nos callemos y no digamos lo que opinamos, por temor a ser llevados a prisión, creo que muy poco nos diferencia de una dictatura totalitaria.

Ya no tengo espacio para dar mi opinión sobre la conferencia de prensa del lunes, así que lo haré la semana entrante, solo destaco que el común denominador detrás de muchas de las acusaciones y logros a que hizo referencia Castresana es alguien que no mencionó: Álvaro Colom.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 17 de junio de 2,010.

Foto de Jesús Alfonso, elPeriódico.

La salida

¿Será que ahora sí le darán la oportunidad a ProReforma?

No hay duda de que la noticia de la semana es la renuncia de Castresana a la dirección de la Cicig. Sean las que sean las verdaderas razones de su renuncia, creo que es importante recalcar el “¿y ahora qué?”. Creo que la principal enseñanza de este experimento es que regresamos al punto de la importancia de cambiar el sistema actual. ¿Será que por lo menos eso aprendimos?

En la maniquea sociedad guatemalteca, a quienes nos opusimos desde un principio a la Ciciacs y luego a la Cicig, se nos metió a todos en el saco de “cómplices” del crimen organizado, bajo el supuesto de que esa era la única razón por la cual uno podría oponerse a tan glorioso experimento de la burocracia internacional. Pues bien, yo me opuse a estas instituciones no por defender al crimen organizado, sino por principios, porque creo que no es ese el camino a seguir para encaminarnos a un estado de Derecho. Hasta la fecha lo sigo creyendo, y por lo visto, ahora ni Castresana está tan convencido de lo contrario.

En su discurso, Castresana dijo que ya no creía que podía hacer nada por Guatemala y se quejó de que no tuvo apoyo de los gobernantes en su labor. Y yo me pregunto: ¿Y qué esperaba, si supuestamente la razón de ser de la Cicig era combatir al crimen “dentro” del Gobierno? ¿O no era esa la excusa para instaurar la Cicig? Creer ingenuamente que ese dichoso “crimen organizado” se manifiesta solo en niveles bajos de la administración pública y que por lo tanto “los de arriba” son incólumes y un dechado de virtudes es absurdo, pero consistente con la visión que podría tener cualquier burócrata.

Es el mismo problema que tiene mucha gente cuando visualiza a los políticos como unos personajes oscuros y poco dignos de confianza, pero a la vez considera que “el Gobierno” es un ente inmaculado, bondadoso, magnánimo y todopoderoso, sin nunca hacer la conexión que tal “piadoso” gobierno es dirigido por los mismos políticos de los cuales desconfía.

Pues bien, a pesar de la oposición que algunos pudimos haber expresado, se realizó el experimento, se instauró la Cicig, lleva ya varios años funcionando, ha actuado con todo el poder, inmunidad y libertad que podría haber actuado, y al final el mismo director tira la toalla. ¿Será que lo que necesitamos es que venga alguien que tenga todavía más poder, más carácter, más agallas, más compromiso que Castresana? ¿O será que esa no es la vía a seguir?

Y como siempre nos dicen que entonces qué soluciones proponemos. Pues lo que proponemos es que en lugar de estar perdiendo el tiempo en experimentos destinados al fracaso, tengamos la valentía de probar una ruta distinta. Estoy convencido de que es posible cambiar el derrotero de Guatemala, pero para ello lo que se necesita es cambiar las instituciones, cambiar el sistema, y no solamente cambiar a los personajes que por el momento detentan el poder.

¿Cómo hacer ese cambio? Ya presentamos en el Congreso la propuesta de ProReforma, la cual los diputados muy convenientemente tienen engavetada. Como muchos que la menosprecian no la han ni leído y solo se han opuesto por prurito ideológico, les cuento que la propuesta, trabajada y muy bien pensada durante casi 10 años, presenta cambios en la Constitución, que atacan directamente algunos de los problemas con los que Castresana se encontró.

Yo estoy convencido de que este es el camino a seguir. Y usted, ¿se dará a sí mismo por lo menos la oportunidad de leer la propuesta?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 10 de junio de 2,010.

Natura desnuda

Los fenómenos naturales sacan nuevamente a relucir nuestras necesidades.

La catástrofe de la erupción del Pacaya, unida a la tormenta tropical Ágatha, con los muertos, los desaparecidos, los damnificados y los evacuados no hacen más que resaltar las muchas carencias y necesidades que todavía tenemos muchos de los guatemaltecos. Ahora toca emprender la reconstrucción, pero lo más importante es que aprendamos las lecciones que nos dejan estas crisis. La más importante, desde mi punto de vista, es la necesidad de desarrollarnos lo más pronto posible.

Ya existe mucha evidencia empírica e incluso estudios más elaborados sobre la diferencia al enfrentar una catástrofe natural entre quienes tienen un mejor nivel de vida y quienes apenas tienen para subsistir al día. Es incluso de sentido común: quien tiene mejores ingresos muy probablemente va a vivir en lugares y con construcciones más seguras, va a estar más informado y, en general, va a poder reaccionar mejor antes las eventualidades. Así también, en el caso de perder sus pertenencias, probablemente va a tener muchas más posibilidades de rehacerlas y quizá esa misma confianza le ayude en algún momento a no correr más riesgos de los necesarios por “salvar” sus pertenencias.

Yendo un poco más lejos, y tratando de mostrar mi punto con la evidencia alrededor del mundo, y no solamente con lo visto en nuestro país, analicemos los casos más recientes de terremotos en Chile y Haití. En la isla caribeña, el terremoto tuvo una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter y causó la muerte de aproximadamente 200 mil personas. Mes y medio después de esta tragedia, Chile sufría también los estragos de un terremoto, pero este fue de 8.8 grados en la misma escala. La lógica en este caso debería ser la de un mayor número de muertos, tal vez de 300 mil; pero no es así, el número de víctimas no superó los 600, incluyendo a los desaparecidos. La razón, aparte de todos los tecnicismos geológicos, muy probablemente la encontramos en el índice de desarrollo económico: Chile, posición 40; Haití, 146.

Ahondar en el tema con el ejemplo de Japón, constantemente sacudido por sismos, solo ayudaría a reforzar mi teoría. Y escogí los terremotos, puesto que son eventos que se desarrollan en segundos y no dan margen a mucha reacción. Lo que se evidencia claramente es que el desarrollo económico es fundamental para afrontar con mejores y más recursos cualquier tipo de emergencia, ya sea esta un terremoto, inundación, deslave, etcétera.

En el caso de Guatemala queda nuevamente demostrada la alta vulnerabilidad de “los más pobres”, precisamente por eso, porque son pobres y con recursos literalmente nulos para poder afrontar una crisis como la que nos ha tocado vivir. Hoy, al igual que tras los pasos de Mitch y Stan, seguimos en la misma devastación y con poco avance de parte de las instituciones gubernamentales en la atención de los damnificados, especialmente porque, como quieren saludar con sombrero ajeno hasta en desgracias como las actuales, ni hacen ni dejan hacer.

A este paso, cuando realmente nos golpee un huracán (Dios no lo quiera) o nos azote un terremoto, los efectos serán tremendamente devastadores, y muchos de ellos estarán directamente relacionados con la pobreza y el subdesarrollo en que vivimos.

La mejor propuesta contra calamidades para Guatemala es el desarrollo económico. Necesitamos que los gobernantes entiendan que lo que hay que hacer es fomentar la inversión y no desincentivarla. No esperemos a que nos lleve el río.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 3 de junio de 2,010.

Foto: El lodo que cubrió Ciudad Vieja, cortesía de Estuardo Zapeta

Incompetencia asegurada

Si se impide la competencia, lo que se obtiene es incompetencia.


En el debate sobre la nueva Ley de Seguros, que supuestamente será aprobada la semana entrante, el nudo gordiano es la competencia. Algunos aseguradores y reguladores locales se empecinan en querer prohibir la competencia extranjera, casi llegándola a igualar con el narcotráfico. Utilizando los mejores argumentos mercantilistas, que algunos creíamos ya superados, quieren evitar la competencia y obligar a los consumidores locales a depender exclusivamente de ellos para sus necesidades de seguros.

El único resultado que estas limitaciones pueden tener, como ya se ha comprobado hasta la saciedad tanto aquí como en casi todas partes, es la incompetencia de los proveedores locales y la insatisfacción de los consumidores.

Algunos me dicen que por qué no nos fijamos en las muchas bondades que tiene la nueva ley, que actualiza legislación, que viene de hace casi medio siglo y que va a “modernizar” el sistema, y no solo en esa pequeña piedra en el zapato de la competencia extranjera. De entrada, no soy muy partidario de la sobrerregulación que ahora está de moda, particularmente en los temas financieros, por lo que no me emociona mucho la nueva regulación, pero sí creo que algunas cosas hay que actualizarlas y que algo se avanza en ese sentido.

Con lo que no estoy de acuerdo es con considerar que el tema de la competencia es apenas un concepto marginal en esta legislación. De hecho, estoy convencido de que es el tema toral de la misma. De nada sirve que se establezcan todos los controles y regulaciones habidas y por haber, con el supuesto propósito de reducir al máximo el riesgo que corren los consumidores, si a la hora de la hora se les veda el acceso a más y mejores servicios.

El argumento subyacente siempre es el mismo: los consumidores son unos pobres tontos e ignorantes que no pueden tener tanta información ni sabiduría como los reguladores, así que, para evitarles que se puedan hacer daño ellos mismos, tomando malas decisiones, los reguladores, en su magnanimidad y casi omnisciencia, decidirán qué es lo que más les conviene a ellos.

Pero aunque este es el argumento blandido por los reguladores y legisladores, ellos, a su vez, aunque las mieles del poder les hacen creer que son casi dioses, son apenas marionetas (o más bien tontos útiles) en las manos de quienes verdaderamente se benefician de la legislación proteccionista: los productores locales.

Porque, no nos engañemos, el proyecto de ley de seguros, actualmente en discusión en el Congrueso, es una ley proteccionista. Y en todas las industrias sujetas a un marco regulatorio proteccionista, quien termina pagando siempre el pato son los consumidores. Lo pagan con precios más caros, con productos y servicios no tan buenos como los que podrían obtener, con menos variedad de productos y servicios para satisfacer sus necesidades, con peor trato de parte de los proveedores del que podrían tener.

Lo peor de todo es que hasta quienes se creen beneficiados con la protección muy pocas veces se percatan de que ellos también sufren las consecuencias, ya que la protección los hace dependientes de los políticos y los vuelve flojos y poco competitivos. No han entendido que el mejor acicate para mejorar es la competencia. El tener constantemente que ganarse el favor de los consumidores es, a la larga, una mucho mejor política que esclavizarlos con la complicidad de los políticos. Pero eso solo lo puede uno comprender con visión de largo plazo, y los mercantilistas rara vez la tienen.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 27 de mayo de 2,010.

La Segunda Caída

Estamos presenciando la segunda caída del socialismo, ahora en su versión del Estado Benefactor.

La supuesta maldición china —aunque a mi me parece más una bendición— “ojalá vivas en tiempos interesantes” no podía ser más atingente con la época que nos ha tocado vivir: estamos presenciando el inicio de la segunda caída del socialismo, en un lapso apenas mayor de 20 años, ahora en su versión de “estado benefactor”, “estado de bienestar”, “welfare state”, “social democracia” o como mejor deseen llamarlo.

La actual crisis europea es apenas el primer paso en ese proceso de desmoronamiento del sistema. El problema es que el gasto de los gobiernos de muchos países europeos ha excedido a sus ingresos durante ya mucho tiempo, lo que los ha llevado a endeudarse a niveles astronómicos. Y la causa detrás de ese gasto es, precisamente, esa utopía de querer que el gobierno le “resuelva” la vida a las personas; que les de salud, educación, vivienda, transporte y servicios básicos gratuitos o subsidiados y que adicionalmente les pague por no trabajar.

Lo que nunca les gusta reconocer es que “alguien” tiene que trabajar, crear, producir la riqueza que luego ellos se encargan, muy ineficientemente por cierto, de “redistribuir”. Y ese “alguien” son los tributarios, que cada vez se ven más abrumados con la carga impositiva que deben sufragar para pagar todos esos servicios supuestamente gratuitos.

Pero ni la pesada carga fiscal que le imponen a la fuerza a los tributarios es suficiente para pagar la utopía. Ningún ingreso fiscal es suficiente para los políticos que siempre encontrarán una forma de despilfarrar el dinero de otros, en el mejor de los casos, y de robárselo, en el peor. La mayoría de gobiernos europeos ha vivido por lo menos la última década, y en algunos casos, varias, mucho más allá de sus ingresos, lo que los ha llevado en algunos casos a tener déficits fiscales de más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Por supuesto que los políticos y burócratas siempre lo van a negar y van a echarle la culpa de sus desmanes a alguien más. Por ejemplo, este mismo lunes, Prensa Libre publicó una nota en la que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, se lamentaba de que Europa está en su peor crisis desde 1914. Dice Trichet que la crisis empezó con la caída del banco estadounidense Lehman Brothers y hasta llegó al extremo de sostener que “los mercados ya no funcionan”. Puras mentiras.

La crisis viene de mucho atrás. Para no ir más lejos, el tratado constitutivo del euro establecía que los países no deberían tener déficits fiscales mayores al 3 por ciento de su PIB, y resulta que en la década que lleva el euro, el promedio del déficit fiscal de todos los países que forman la zona euro ha sido del 6 por ciento. Algunos gobernantes, como los griegos, han llegado incluso al grado de utilizar mecanismos financieros para ocultar esos déficits.

Para lo que ya no funcionan los mercados es precisamente para ocultar los desmanes de los gobernantes y los burócratas. Lo que sí probablemente es cierto es que de no haberse dado la crisis financiera, que tampoco empezó con la caída de Lehman Brothers, el sistema de welfare state podría haber continuado ocultando sus pecados por algunos años más. Esta crisis lo único que hizo es evidenciar que el rey se paseaba desnudo.

¿Y el “Socialismo del siglo XXI”? Ese también ya está echando agua, y muy pronto veremos la tercera caída del socialismo. ¿Serán suficientes? No lo creo, porque siempre habrá quienes quieren vivir a expensas de los demás, pero espero que algo aprendamos.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 20 de mayo de 2,010.

El fin de Petén

La mejor estrategia de conservación es la propiedad privada.



En estos días que se discute la renovación de un contrato de explotación petrolera en Petén, el tema de la conservación ecológica en ese departamento ha vuelto a estar en el centro del debate. Creo que el problema de la “conservación” en Petén va por el camino equivocado. El principal problema actual no es la explotación petrolera, es el hecho de que la mayor parte del departamento ha sido “invadida” para usos principalmente agrícolas, pero también para el narcotráfico. Y la razón es sencilla: no tiene “dueño”.

Hasta la fecha parece no entenderse muy bien que la mejor manera de “conservar” algo es a través de la propiedad privada, la que le da un valor económico a los bienes. Y eso que hasta forma parte de la sabiduría popular, como lo vemos en dichos tales como: “lo que es de todos, no es de nadie”. Ese es el principal problema con los bienes “gubernamentales”: supuestamente son de todos, pero a la hora de la hora, no son de nadie. No debemos ir muy lejos, ni en tiempo ni en espacio, para encontrar ejemplos. De hecho, el mejor que tenemos es precisamente Petén. Aunque también tenemos otros ejemplos claros locales como el caso del pinabete.

¿Por qué no hay peligro de que se extingan los pollos y las vacas? Simplemente porque se puede ejercer propiedad sobre ellos y tienen un valor económico. Exactamente lo mismo ha pasado con los pinabetes. Mientras sólo crecían silvestres en tierras “comunales” y gubernamentales se estaban extinguiendo, a pesar de que su “explotación” era prohibida. Cuando se permitió que personas pudieran sembrarlos con fines “comerciales”, varias personas se dedicaron a sembrar plantaciones completas de pinabetes y ahora está muy lejos de la “extinción”. La familia de un amigo mío tiene una de estas plantaciones, y el lugar no sólo es precioso, sino que es uno de los que garantiza la preservación de esa especie para muchas generaciones.

En Petén ha sucedido todo lo contrario. La mayoría del territorio es supuestamente “estatal”, lo que en teoría quiere decir que nos pertenece a todos, pero la realidad es que lo utilizan y aprovechan quienes lo han invadido para la agricultura desde hace años. Como realmente no es de ellos y son muy conscientes de la inexistencia de su “propiedad”, pues le extraen lo más que pueden en el menor tiempo posible, y cuando ya no queda más que sacarle, se pasan al siguiente potrero. Lo contrario sucede cuando alguien es dueño de su propiedad, en la que tiene el mayor interés de preservarla y mejorarla. Esa es la triste realidad de Petén, la cual ha sido aprovechada también por algunos narcotraficantes para su beneficio.

Eso de que se le llame un “área protegida” y “parque nacional” es casi una broma de mal gusto, ya que, como la mayoría de cosas que hacen las instituciones gubernamentales en nuestro país, su “protección” ha sido un completo fracaso. Y ahora viene el tema del petróleo.

Me llamó la atención una entrevista que publicaron en un matutino la semana pasada, en la cual un personero de la petrolera que está trabajando en esa área expresó: “Es evidente que nosotros somos la única actividad legal en este lugar. Es irónico que se quiera sacar del parque la única actividad legal que hay allí”.

Sí, es irónico. Son los únicos que están haciendo algo legal y que tienen el mayor interés de que el área donde están operando se mantenga bien. ¿Tan difícil es entender eso? ¿O será que lo que les interesa a quienes no quieren que continúe es precisamente eso: que se termine de convertir en un territorio de nadie?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 13 de mayo de 2,010.

Electrocutados

Aquí mismo podemos ver el resultado, una década después, de dos caminos distintos...


Muchas personas están cuestionando el aumento en los precios de la energía eléctrica. Como suele suceder, las quejas se enfocan en los efectos y no en las causas. Y ese suele también ser el problema siempre con las políticas públicas. El problema en las tarifas de energía eléctrica no es que las suban cada trimestre; el problema viene desde el hecho de que no están sujetas a la competencia, sino a la decisión de un pequeño grupo de personas. Si queremos realmente progresar, algo para lo cual la energía eléctrica es vital, lo que debemos hacer es abrir la distribución de la electricidad a la competencia.

Como un caso muy especial y quizáúnico en el mundo, Guatemala se convirtió en la última docena de años en un experimento interesantísimo entre dos caminos distintos tomados en políticas públicas: las telecomunicaciones y la electricidad. A finales de la década de 1990, se aprobó el marco regulatorio que rige actualmente cada una de esas actividades. Ambos fueron propuestos por la misma administración (la de Álvaro Arzú) y ambos fueron aprobados por el mismo Congreso; sin embargo, las dos difieren casi diametralmente en su visión de cómo se deben resolver los problemas.

La de telecomunicaciones establece un marco abierto completamente a la competencia, en la que los precios, los productos y los servicios los determina, en última instancia, la competencia entre los distintos proveedores, quienes se ven obligados a competir para ganarse el favor de los consumidores y no andar buscando prebendas a través del tráfico de influencia con los “reguladores”. El resultado está a la vista de cualquiera. De ser un país en el que por esas épocas llegábamos a los cinco teléfonos por cada cien habitantes, hoy en día existen muchos más teléfonos que personas en Guatemala. En telefonía móvil tenemos tarifas de las más bajas del mundo y, lo más importante, el celular se ha convertido en una herramienta importantísima de trabajo hasta para los más pobres.

¿Y la electricidad? Allí se tomó un camino distinto. Se abrió la posibilidad para que cualquiera pudiera entrar a producir energía eléctrica, lo cual es bueno. Se permitió que los “grandes consumidores” pudieran negociar libremente con los generadores las condiciones en las que les comprarían la energía, lo cual también es bueno. Pero a los consumidores finales se les confinó en tarifas fijas, algunas de las cuales son subsidiadas por otros de los usuarios. Se argumentó que la distribución de la electricidad es “muy especial”, y que no se podía tener varios proveedores y que, por tanto, no se podía abrir a la competencia. En su defecto, se instauró un “ente regulador” (la CNEE) responsable de establecer los precios, y supuestamente de velar porque no se abuse de los consumidores.

El resultado también está a la vista. Se han establecido varias plantas de generación de energía en el país. Existirían varias más, de no ser por la absurda oposición de los “ambientalistas” a las hidroeléctricas. Pero el usuario final sigue estando amarrado a un solo proveedor (aunque distinto, dependiendo de la región) y a tarifas decididas por el “ente regulador”.

La solución pasa por abrir también la distribución de la energía eléctrica a la competencia, y no por la “estatización” de la electricidad, como lo pedían algunos manifestantes ayer. Si la historia reciente de Guatemala en esos dos campos no es suficiente evidencia para convencer a alguien, simplemente no lo quiere ver.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 6 de mayo de 2,010.

Civilmente aprovechados

Esa ficción por medio de la cual todos buscan vivir a expensas de todos los demás...

Mientras más se entera uno de todo lo que ocurre en Guatemala, más le doy la razón a Frederic Bastiat, cuando dijo que “el Estado es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de todos los demás”. Los más de 150 años que han pasado desde que acuñó la frase no han hecho más que confirmarla cientos de miles de veces. Guatemala no es la excepción y por todos lados nos encontramos a personas y grupos de personas siempre a la búsqueda de cómo echar mano ilegítimamente de los recursos de los demás para vivir a expensas del trabajo de otros.

No hay que ir muy lejos para encontrarlos, pero cito varios ejemplos planteados por colegas columnistas recientemente. Estuardo Zapeta publicó hace dos días un artículo sobre la “sociedad civil”, ese grupo etéreo de personas que dicen representar a la “sociedad”, pero que en realidad, a lo sumo, se representan a sí mismos y que andan viendo en todas partes cómo “moldear” el estado para que sea más afín a su forma de ver el mundo y que, de paso, les sea más fácil apropiarse de los recursos de los tributarios, tanto de los chapines como de los de otros países, quienes ni se llegan a enterar que sus tributos son utilizados para mantener muy bien a “activistas” en estas latitudes.

Otro ejemplo es el planteado esta semana por Marta Yolanda Díaz-Durán en un artículo llamado AEI, en el cual se refiere a un grupo de artistas que se han aprovechado de la legislación vigente para extorsionar a otros artistas, productores y establecimientos. Nuevamente, aprovechándose del sistema para vivir a expensas del trabajo de otros.

Y un último ejemplo reciente lo encontramos en un artículo de Dina Fernández sobre su experiencia en una competencia estudiantil de taekuondo. En él, Dina cuenta sobre el protagonismo de los “dirigentes” deportivos versus el de los deportistas, en ese caso particular, el de Heidy Juárez, pero Dina también ha escrito sobre Teodoro Palacios. El “deporte federado” en Guatemala es otro ejemplo muy claro de un grupo de personas que han hecho su modus vivendi alrededor del “aporte constitucional” que obligadamente sale de los tributos que pagamos los guatemaltecos. El resultado es notorio: muchos millones de quetzales en las manos de los “dirigentes deportivos” que nunca llegan a los verdaderos deportistas.

Y así como esos abundan tantos ejemplos. Los primeros son los políticos, que siempre andan en búsqueda de “llegar al poder”. Pero esa aparente “sed de poder” y en muchos casos hasta una supuesta “entrega hacia los demás” no son más que su herramienta de ventas, como bien lo explicó el Pollo Ronco, para lograr llegar a donde van a poder disfrutar del dinero de los demás. Y esto es igual a todo nivel dentro de la administración pública. Desde los que quieren ser presidentes, hasta los que se conforman con un puesto de concejal en alguna municipalidad, pasando por diputados, alcaldes, ministros, secretarios y una larga serie de etcéteras.

Pero también están los que no se manchan las manos en la política, pero merodean alrededor de los políticos para hacer sus “negocios” con el Gobierno. Estos también caen en la definición de Bastiat, ya que no se les puede llamar empresarios sino que viven a expensas de los demás, no compitiendo sino dependiendo de los “favores” de los políticos.

Es importante que empecemos a reconocer los verdaderos motivos de muchas personas que dicen preocuparse de los demás, pero a la hora de la hora, lo que les interesa es vivir a expensas de ellos.

Artículo publicado en Prensa Libre del jueves 29 de abril de 2,010.

Fiscalizados

Los cambios al sistema son urgentes...



El proceso de elección del fiscal general en el que hemos estado inmersos las semanas recientes y que ahora está a la espera de que el presidente decida quién de los seis candidatos seleccionados por la comisión de postulación será el ungido, nos deja muchas lecciones, siendo la principal, desde mi punto de vista, la importancia y urgencia de cambiar el sistema. Si no se hacen cambios, seguiremos siempre viendo con impotencia cómo nuestro país se va al despeñadero.

Creo que algo se ha avanzado con la ley de comisiones postuladoras, especialmente en que los procesos de selección sean más conocidos y más escrutados por un grupo cada vez más grande de la población; y esa mayor exposición y participación resultaron, por ejemplo, en que no se nominó a alguien que ya demostró su falta de independencia, como el actual fiscal general. Sin embargo, como lo demuestran los resultados, estos cambios no son suficientes para salir del atolladero en que está la seguridad y la justicia en Guatemala. Se necesitan todavía más cambios, y para ello es imprescindible cambiar el sistema.

El puesto de fiscal general es de importancia capital para lograr que se imparta justicia y, como consecuencia, que gocemos de más seguridad, ya que según nuestra legislación, el Ministerio Público (MP) es que tiene bajo su cargo la acusación en los casos penales. Es cierto que las víctimas o sus cercanos pueden constituirse en querellantes adhesivos; sin embargo, el peso principal de la acusación recae sobre los hombros de los fiscales del MP. Si ellos realizan deficientemente su trabajo, lo más probable es que los criminales se queden sin castigo y puedan continuar tranquilamente sus labores delictivas. Como hemos visto en muchos casos, hasta los jueces se han quejado de que no pueden condenar a alguien a todas luces culpable, porque el MP no ha presentado pruebas para demostrar esa culpabilidad.

El MP adicionalmente tiene la responsabilidad de la acusación en los casos de corrupción; sin embargo, en esta función tiene conflictos de interés, ya que quien lo designa y adicionalmente lo puede destituir sin mayores problemas es el presidente del Organismo Ejecutivo —como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, incluida la administración actual—. Los incentivos están puestos para sino garantizar, por lo menos promover la impunidad.

Si queremos que esto cambie, no es solo cuestión de cambiar a las personas, como el actual proceso lo demuestra, sino que hay que cambiar también las instituciones y los incentivos bajo los cuales operan. En este sentido, la única propuesta de cambio del sistema que se ha presentado es la de ProReforma.

En el caso particular del fiscal general, ProReforma propone que la elección sea realizada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mediante un sorteo entre los candidatos seleccionados por la Comisión de Postulación. Adicionalmente, propone que el fiscal general electo de esta manera tenga un cargo vitalicio. ¿Por qué esos cambios?

El propósito principal es darle independencia: que no le “deba” su elección a nadie en particular, que la continuidad en el puesto no dependa de que quede bien con el presidente del Ejecutivo ni con nadie más, y que no tenga que preocuparse de su futuro después de dos o tres años frente al MP.

¿Es esto perfecto? Probablemente no. Pero lo que sí puedo prever es que será mejor que lo que tenemos actualmente. ¿Tiene alguien una idea mejor? Pues que la presente, como nosotros lo hemos hecho con ProReforma.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 22 de abril de 2,010.

Segunda oportunidad

La noche del jueves pasado nos trajo la noticia del balazo que le acertaron a Felipe Valenzuela. A estas alturas todavía no está claro el incidente y tendremos que esperar la versión de Felipe, para saber realmente qué pasó; sin embargo, indistintamente de las razones, creo que Felipe tuvo una gran suerte, y Dios le concedió una segunda oportunidad ante la vida.

Hace apenas dos semanas escribía sobre las vidas que quedan inconclusas, al relatar sobre el asesinato de un vecino de oficinas. No sabía qué tan pronto iba a tener otro acercamiento con la muerte. En este caso, todavía más cercano, porque a Felipe lo conozco y aprecio desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, en este caso, el desenlace fue diferente. Según las declaraciones que uno de los médicos a cargo del caso dio en el programa que habitualmente conduce Felipe, milagrosamente la bala pasó a milímetros de donde podría haberle ocasionado graves daños, incluida la muerte. ¿Azar, milagro, buen trabajo de su ángel de la guarda? Quién sabe. Lo importante es que a pesar de estar a milímetros de la muerte, una semana después todo apunta a que se recuperará satisfactoriamente y podrá continuar con su vida.

Esto me lleva a reflexionar nuevamente sobre nuestra actitud ante la vida. Felipe tiene ahora algo que no muchas personas tienen: una segunda oportunidad ante la vida. Podría no estarlo contando, pero tendrá esa opción. La diferencia entre la vida y la muerte, en este caso, fue de milímetros o, puesto en otros términos, de milisegundos.

Pero la verdad es que, nos guste o no, en todo momento nosotros estamos ante la misma alternativa. En Guatemala esto es todavía más palpable, siendo uno de los lugares más violentos del mundo y donde no tenemos ninguna certeza de regresar a nuestro hogar por la noche. Todos corremos el riesgo, cada día que salimos, de no volver, de que este pueda ser el último.

Y yo creo que eso debe ser algo de lo que debemos ser conscientes, no para paralizarnos y tratar de vivir en una burbuja de cristal, sino para vivir al máximo nuestra vida. No para amedrentarnos ni dejar que nuestra vida sea manipulada ni dirigida por los antisociales, sino para darnos cuenta de que aún en las circunstancias más extremas todo depende de nosotros y de la actitud con que vamos a enfrentar las cartas que el destino nos dé para jugar.

Quienes pasan por experiencias como la de Felipe pueden llegar a tener una reflexión más profunda sobre el derrotero de sus vidas, pero todos realmente tenemos también esa oportunidad. Pruebe usted hacerlo.

En otro plano, el balazo contra Felipe es uno más de los muchos que los antisociales, sean criminales de poca monta, robacarros, criminales “organizados” o sicarios disparan diariamente contra guatemaltecos honrados, trabajadores, que se dedican día a día a llevar el pan diario a sus hogares. No es posible que siga esta situación; sin embargo, las autoridades han mostrado hasta la saciedad que la seguridad del resto de los ciudadanos (porque la de ellos es muy diferente) les tiene sin el más mínimo cuidado y no es una de sus prioridades. El vicepresidente salió nuevamente con la cantaleta de que la violencia es por culpa de la pobreza, calificando a los pobres de criminales potenciales, en lugar de reconocer que han sido completamente incapaces de ocuparse de esa obligación primigenia de los gobernantes: velar por la seguridad y por que se imparta justicia.

Felipe: ¡Ánimo, y que pronto te recuperes para disfrutar de esa segunda oportunidad!

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 15 de abril de 2,010.

Amnesia selectiva

El tema candente de estos días es el paquetazo fiscal y la aprobación de los bonos. Creo que hay que recordar muy bien los sucesos de hace apenas unos meses para poner en contexto los alegatos de los funcionarios. Porque hay que recordarles sus acciones y declaraciones previas para poner en evidencia su doble discurso.

El año pasado, el presidente y el ministro de Finanzas presentaron para este año un presupuesto menor que el del año anterior. Si mal no recuerdo, el presupuesto propuesto era menor a los 48 mil millones de quetzales. Se rasgaron las vestiduras diciendo que lo hacían para estar en sintonía con los problemas económicos mundiales a raíz de la crisis financiera y que eran conscientes de los efectos de esta sobre los guatemaltecos. Incluso recordamos las promesas vacías del ministro de Finanzas, que amenazó con que si no se aprobaba ese presupuesto más pequeño, él renunciaría porque sería irresponsable trabajar con un presupuesto mayor. Por supuesto que al final ese presupuesto no se aprobó y los funcionarios entonces dijeron que se verían “obligados” a trabajar con el presupuesto mayor. La promesa del ministro tampoco se concretó.

Recuerdo también declaraciones de los funcionarios en el sentido de que debían trabajar con austeridad y restringirse a los ingresos fiscales que esperaban para este año, así que estaban viendo cómo implementar un plan de austeridad para funcionar este año con un presupuesto de alrededor de 43 mil millones de quetzales.

Pasaron unos meses, y ahora los mismos funcionarios se rasgan las vestiduras diciendo que si no se consiguen 50 mil millones de quetzales, el país colapsará. Argumentan que si no se aprueban los cuatro mil 500 millones de quetzales de bonos y el paquetazo fiscal, Guatemala se hundirá, por falta de recursos.

Y yo me pregunto: ¿en dónde quedan entonces todas las declaraciones de austeridad y crisis que dieron el año pasado? ¿Eran, como en efecto creíamos, nada más hacer el amague, para quedar como funcionarios “responsables”, a sabiendas de que lo que querían es lo que realmente sucedió: que no se aprobara el presupuesto menor y que pudieran gastar los recursos de los tributarios a sus anchas?

Esa es la única explicación viable. Porque la otra sería que los funcionarios sufren de una extraña enfermedad de Alzhaimer selectiva, por cuya culpa no recuerdan algunas de sus declaraciones pasadas. Casualmente, a todos se les olvidaron las mismas declaraciones. No sé usted, pero a mí me resulta en extremo improbable esa posibilidad.

Pues por aquello de las dudas, es bueno recordarles a los funcionarios sus actuaciones y declaraciones pasadas, por lo menos para que no finjan demencia y todavía se las quieran dar de muy correctos y consecuentes. Pero lo más importante, creo yo, es recordarles que la situación no ha cambiado para nada. De la crisis todavía no hemos salido. Ya hay algunos indicadores que empiezan a mostrar la luz al final del túnel en algunos de los países desarrollados, pero todavía no hemos dejado atrás la crisis. Ahora es cuando más necesitamos estar en modo de austeridad, y no en el de despilfarradores.

Y si los funcionarios del Ejecutivo no lo quieren entender y les importa un comino lo que hayan dicho antes, ojalá que por lo menos en algunos diputados entre la cordura y entiendan que la situación económica a nivel mundial todavía está, a lo sumo, en plano de recuperación, y que no nos podemos dar el lujo de derrochar los pocos recursos que tenemos. ¿Lo entenderán?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 8 de abril de 2,010.

Inconcluso

¿Estamos preparados para no dejar demasiadas cosas inconclusas?

El martes, mientras comentábamos con Marta Yolanda Díaz-Durán alguna noticia en el programa radial Todo a Pulmón, se escucharon varios balazos cerca de los estudios. Durante el programa nos enteramos que habían matado a una persona en la calle. Varias ambulancias llegaron casi simultáneamente llenando de sirenas la cuadra. Pronto volvieron por donde vinieron. No había nada que hacer. Otra persona que se suma a la interminable fila de asesinados en nuestra triste Guatemala.

Luego del programa tuvimos oportunidad de bajar a la “escena del crimen”. Los investigadores del MP recopilando evidencia. El Juez de Paz levantando el acta. Los policías cargando el cadáver en la palangana de una patrulla. Los deudos llorando desconsolados. Los curiosos (como si nosotros no) contando cada quien su versión de los hechos. Unos dijeron que los asesinos iban en moto. Otros que iban caminando, le dispararon a la víctima por la espalda y solo corrieron hasta la esquina, después siguieron caminando tranquilamente.

La escena del crimen es un lugar por el que hemos pasado cientos de veces durante años, caminando al igual que lo hacía la víctima. Algunos dicen que iba a comer, otros que ya regresaba. Por las mismas razones hemos deambulado por esa acera tantas veces. Creyendo quizá que un ángel de la guardia nos protege, porque todos nos dicen que no hay que caminar ya por la ciudad. Que es muy peligroso.

No conocíamos a la víctima, a pesar de que probablemente vivimos muchos años a pocos metros de distancia. Su oficina estaba en un edificio a la par del nuestro. Aún así, o quizá por eso mismo, esas muertes las siente uno más cercanas que las otras 16 que pudieron haber sucedido ese mismo día. No es lo mismo conocer las estadísticas y sentirlas como eso, una estadística más que nos convierte en uno de los países más violentos del planeta, que ver al muerto tendido en la acera por la que uno acaba de pasar. Pensando que quizá nos vimos muchas veces sin vernos en alguno de los lugares de comida alrededor de la zona, o quizá en un ascensor cruzamos un buenos días o buenas tardes, sin siquiera percatarnos que quizá sería el último.

Pero ahora está muerto, y uno no puede dejar de pensar en todas las cosas que quizá dejó inconclusas. Cuando uno no sabe qué tan cerca está la muerte, no se prepara. ¿O deberíamos hacerlo? Creería, porque no lo sé a ciencia cierta —y espero no saberlo durante muchísimo tiempo— que si a uno le diagnostican alguna enfermedad y le dicen que tiene un año de vida, pues uno trataría no solo de alargarlo al máximo, sino aprovecharlo y tratar de no dejar cabos sueltos.

Pero y si, en efecto, ya solo tenemos ese año —por otras razones que desconocemos—, pero no lo sabemos, ¿viviríamos despreocupados, creyendo que siempre habrá un año entrante en el que podremos arreglar las cosas, en el que podremos amar, reír gozar, llorar? No lo sé. Los seres humanos somos tan extraños. A pesar de que sabemos que algunas cosas nos hacen daño, las seguimos haciendo o degustando. La mayoría nos vamos por la solución fácil, la gratificación de corto plazo, aunque algo allá en el fondo nos diga que, en el largo plazo, pagaremos caro las consecuencias.

Más que a usted, me lo digo a mí mismo: no dejemos nuestra vida inconclusa. Aprovéchela al máximo. Ría, goce, sufra, ame. Puede ser hoy, el año entrante o dentro de 40 años, pero tarde o temprano llegará el momento que dejemos este mundo. ¿Estaremos preparados?

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 1 de abril de 2,010.

Empresaurios vividores

El "negocio" del transporte urbano es perfecto: sin costos ni riesgos, cortesía de los tributarios.

Los bloqueos de este lunes y los subsiguientes reclamos, denuncias y contradenuncias en el Congreso alrededor del transporte público no hacen más que desenmascarar un poco uno de los negocios más corrompidos por la intervención gubernamental. La solución al problema no es más intervención y subsidios que siempre terminan pagando los tributarios, sino más libertad para todos, tanto para los usuarios como para los empresarios.

El punto culminante en esta lucha por conseguir privilegios es la petición de los transportistas de las rutas “cortas”, cuyo argumento es que si se les da subsidios y exoneraciones fiscales a los transportistas de las rutas urbanas, ¿por qué a ellos no? Si bien es cierto lo que están pidiendo es trato similar para ellos, lo que realmente deberían pedir es que ninguno tenga privilegios ni prebendas. Es decir, la petición debería ser que a los otros se les quiten los privilegios y las exenciones y no que a ellos también les den. Pero por supuesto, lo más fácil es lograr que, a través de presiones y extorsiones, los gobernantes aprueben el que uno pueda tener su negocio subvencionado con los impuestos de los tributarios.

La guinda del pastel la puso la diputada Rosa María de Frade al informarnos que los empresaurios del Transurbano no solo quieren que se les exonere del pago de impuestos, sino que adicionalmente ¡los tributarios les regalamos los buses! Así quien no quiere ser empresaurio del transporte urbano, si es el negocio perfecto: los tributarios les regalamos los buses, las computadoras y todo el equipo que necesitan para trabajar, luego los mismos tributarios les damos un subsidio para que su negocio funcione bien y adicionalmente, no tienen que preocuparse porque alguien les ponga competencia, porque tienen el monopolio de su servicio asegurado por las autoridades, tanto las nacionales como las municipales.

Ante un sistema de incentivos como estos, no nos debe extrañar que tengamos el servicio de transporte urbano que tenemos. ¿Tan difícil será entender esto? ¿O es simplemente que a los gobernantes no les interesa entenderlo porque así como está“todos” ganan? Que conste que ese “todos” se refiere a todos los involucrados en el negocio, es decir, a los del Ejecutivo, a los de la municipalidad, a los diputados y a los empresaurios del transporte, porque los que no ganan por ningún lado son los tributarios que tienen que correr con los costos de este sistema emblemáticamente mercantilista ni tampoco los usuarios del transporte urbano, que se tienen que conformar con un pésimo e inseguro servicio, sin muchas esperanzas de que mejore ya que los incentivos son otros.

No nos engañemos, los del transporte urbano no son empresarios, son empresaurios mercantilistas que viven y florecen a expensas de los tributarios. Lo que están discutiendo ahorita en el Congreso es ampliar los privilegios para estos empresaurios, no mejorar sus servicios. La forma de mejorar los servicios pasa porque exista competencia y para ello hay que eliminar las trabas monopolistas que impone la Municipalidad al asignar rutas y darlas en "concesión".

Mientras no se cambie este sistema, seguiremos encontrándonos con sorpresas como la de que a los del Transurbano los tributarios les regalamos US$35 millones de dólares para que compren sus buses y equipos. Lo que se necesita es menos intervención gubernamental y más libertad, no más subsidios y exoneraciones.

Artículo publicado en Prensa Libre el jueves 25 de marzo de 2,010.